1. Transformar por Revolución

Transformar una sociedad significa enfrentar los intereses y estructuras de poder del antiguo régimen, que existen a nivel local, regional y nacional -- y vencerlas. En las transiciones revolucionarias el medio principal del cambio son las armas. La caballería (ironsides) de Oliver Cromwell decidió la Revolución Inglesa; el terror de los jacobinos la Revolución Francesa y el Ejército Rojo la Revolución Rusa. México mismo es la mejor ilustración de esta verdad histórica. Las tres grandes transformaciones del país –Independencia, Reforma y Revolución-- se realizaron por prolongadas guerras civiles con millones de muertos.

2. Transformar por Reforma

En transformaciones institucionales los cambios se realizan mediante acuerdos negociados (reformas) entre el nuevo poder central y las estructuras de poder establecidas del antiguo régimen. El objetivo de las negociaciones es una nueva distribución del poder, entre la flamante clase política y la clase política desplazada. La negociación se realiza ante el juez supremo del sistema, el gran capital. Éste decide, si el nuevo modus vivendi, que emana del mandato electoral de los ciudadanos, es aceptable o no. Frecuentemente, en este proceso de redistribución relativa del poder político y económico, se dividen las elites de la clase dominante temporalmente. Algunas fracciones se alían tácticamente con el nuevo régimen; otras lo hostilizan. Esas divisiones tácticas suelen ser temporales y resultan de tres factores básicos: 1. Los intereses de acumulación de capital de las diversas fracciones de la gran burguesía (financiera, productiva, mercantil, etc.); 2. Su "anclaje" ideológico (liberal, conservador, reaccionario) y, 3. la habilidad del nuevo gobierno central de generar situaciones de ganar-ganar (win-win). O, como decían los contratos romanos innominados, del do ut des – doy para que des.

3. Algoritmo del Triunfo reformista

Mientras la transición violenta es la hora de las armas, la transición reformista encarna el arte de la negociación. Por supuesto, la relación entre ambos es dialéctica, como sabemos desde Sun Tzu. No hay guerra sin negociación y no hay negociación sin amenaza de guerra, es decir, guerra implícita. Conflicto armado y conflicto negociado son sólo extremos de un continuo que rige, de manera socialdarwinista, las relaciones humanas. Son antípodas abstractas, que en forma pura no existen en la vida real.

En transiciones institucionales negociadas, como la 4ta Transformación en México, el algoritmo del éxito del nuevo poder yace en la cuidadosa calibración de presión, concesión y consenso, frente a las antiguas estructuras de poder. Esto vale para los tres niveles del conflicto por la hegemonía nacional: las alcaldías y municipios, las gobernaturas y los congresos. Demasiado centralismo insensible lleva a la unificación de las fuerzas dispersas del ancien régime y genera un peligroso Bloque de Poder antigubernamental. Demasiado laissez faire (liberalismo) no permite la restructuración operativa del sistema, que el mandato electoral de los ciudadanos exige y que es la precondición para ganar la reelección.

4. Vectores del Triunfo

Toda escena nacional en transición se convierte en un delicado paralelogramo de fuerzas, en el cual pueden identificar y cuantificarse dos vectores, que determinan el resultado. Alrededor del 35% de la eventual victoria del nuevo poder central se deriva del mejoramiento real de la economía y de la situación social del ciudadano. El 65% restante depende de la percepción, que el votante tenga de las modificaciones efectuadas por el nuevo gobierno. Es en este segundo vector, en la "ingeniería del consenso", donde se observa el talón de Aquiles del gobierno de la 4ta Transformación para la relección del 2021: su artesanal (e ineficiente) propaganda, particularmente en la estrategia de concientización digital, con noticieros y paneles de discusión insípidos en los canales públicos, cuyos directivos no parecen tener idea de lo que Edward Bernays ya explicó científicamente hace casi cien años.

5. Contraataque pos-traumático azteca

Después de un año de relativa armonía entre el poder ejecutivo y el legislativo, la relación entre ambas funciones del Estado se está conflictuando. Esta tendencia, que se va a intensificar durante el año electoral 2020-21, señaliza, que las fuerzas del antiguo régimen neoliberal, desplazadas por la 4ta Transformación (AMLO), están recuperando su conciencia del poder. Se vuelven clase para sí y recobran un mayor animo ofensivo. Que las fuerzas del status quo ante (desplazadas) aprovechen la división de poderes del Estado burgués –la séparation des pouvoirs de Montesquieu-- para retomar el control neoliberal-monroeista, es un ardid lógico en la lucha política. Tanto Bolsonaro como Trump lo ilustran. Sin embargo, en la situación azteca, la estratagema de aprovechar la institucionalidad fundacional del Estado (legislativo, ejecutivo, judicial), al igual que la de "la cristalización de la mente pública" (Bernays) --ver "Televisión decide elección mexicana 2021", Aristegui Noticias, 10. de diciembre-- se vuelve peligrosa, porque las fuerzas gubernamentales carecen de un sistema de información, concientización y propaganda adecuado para defender a "la mente pública" de los fake news desestabilizadores. En este contexto se sitúan las recientes derrotas de dos importantes iniciativas de ley del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, por parlamentarios opositores y de la propia alianza gubernamental.

6. Disidencia en la Cámara

El primer revés parlamentario del gobierno se produjo el 7 de noviembre, cuando alrededor de unos 60 (¡!) miembros de la alianza tripartita Morena votaron con la oposición contra una ley que hubiera autorizado el congelamiento y la extinción de recursos presuntamente ilícitos, por parte del Ejecutivo (UIF), sin mediación de un juez. Esa reserva de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito fue presentada por la morenista Lidia García Anaya, sin que el coordinador morenista lograra impedirlo.

En la tarde del mismo día, convocados los diputados y senadores de Morena al Palacio Nacional, se produjo una ríspida discusión entre los disidentes y AMLO en un ambiente crispado, que no permitió superar el diferendo. El jueves 12 de diciembre, el Ejecutivo presentó de nuevo la controvertida ley. Pero, sólo consiguió los votos para darle la facultad de congelar cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no para la extinción de recursos. Aunque hubiera sido deseable el apoyo del poder legislativo a la ley, en aras de la operatividad ejecutiva contra la corrupción, pareciera que esta parte de la ley fue inviable desde su concepción, porque violaba abiertamente la separación de poderes del Estado. Parece, que hubo una sobreestimación de la incondicionalidad de las propias fuerzas parlamentarias.

7. Financiamiento de Partidos

El mismo día 12 fracasó el gobierno central en su iniciativa de ley para reducir el financiamiento a los partidos en un 50%. Es sabido, que el prestigio de los partidos políticos es sumamente bajo y que una gran parte de la población mexicana está de acuerdo en recortarles los enormes recursos públicos que reciben. Máxime, cuando esos recursos frecuentemente no se usan para la formación de los ciudadanos, sino para mantener discrecionalmente a nomenclaturas. Sin embargo, la iniciativa de ley fue presentada sin un Plan B y sin disposición para considerar propuestas modificadoras, inclusive de los propios aliados, como el PT. El resultado del procedimiento vertical --nuevamente parece, por sobreestimación de la incondicionalidad de las fuerzas parlamentarias aliadas-- fue el rechazo de la mayoría legislativa. Se consiguieron sólo 274 votos a favor, cuando se necesitaban 320. Incluso partidos habitualmente aliados con Morena, como el PT y el PVEM, votaron en contra de la propuesta (sic).

8. Partido en Peligro

Las derrotas parlamentarias gubernamentales mencionadas refuerzan la convicción de la oposición, de que el Congreso es un campo de batalla provechoso para frenar la consolidación del gobierno de AMLO, frente al 2021; e inclusive, para aprovechar grietas entre los diputados de la alianza electoral Morena. Sobre los motivos de la presentación de la ley de financiamiento sin la preparación política necesaria, y la decisión de la secretaria general del partido, Yeidckol Polensky, de renunciar al 75% de los dineros públicos atribuibles a Morena, hay diferentes hipótesis.

El diputado panista Iván Rodríguez Rivera alega, que Morena no necesita ningún recurso, pues la estructura electoral ya está en marcha y pagada por el gobierno. "Ha creado una estructura electoral paralela en cada estado, con cargo al presupuesto, a través de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que depende directamente de la Presidencia, conformada con un súper delegado, con otros 300, uno en cada distrito electoral y conformada por 18 mil servidores de la nación".

Si esta hipótesis tiene algo de verdad, no sabemos. Sin embargo, es obvio, que el estado de Morena es delicado, dado que, según advierten 140 diputados de Morena en una carta al presidente, corre "el grave riesgo de inhabilitación jurídica y política" dentro de un "complejo proceso de renovación". Es una manifestación congresal inquietante, máxime, cuando la formación de cuadros está paralizada, el partido no tiene dirección nacional operativa ni cuerpo, y la estrategia comunicacional del gobierno es deficiente.

9. El Futuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador cierra el año con grandes triunfos políticos frente a las fuerzas centrífugas del país, desde el Tren Maya hasta el T-MEC y la colaboración del gran capital centrípeta mexicano. Esa alianza táctica de clases y actores potencialmente divergentes, en un proyecto políticamente centrista y económicamente desarrollista, tiene una alta probabilidad de consolidarse, pese a su delicada situación geopolítica en la esfera de control monroeista.

La conditio sine qua non de un exitoso futuro es, sin embargo, que AMLO siga dirigiendo el barco, manteniendo el rumbo centrista; desarrollando un partido de masas sin aristocracia, ni corrupción; conduciendo de manera hegemónica al Congreso; modificando cualitativamente la Ley del Amparo, que es el principal baluarte de la corrupción judicial; reformar al INE y, sobre todo, creando eficientes equipos y medios de "manufactura del consenso".

Porque este es, y no hay que olvidarlo, el vector decisivo de toda transformación reformista.