"Cuando la ley entra en conflicto con el Derecho, inclínate por el Derecho, pero cuando el Derecho entra en conflicto con la Justicia, inclínate por la Justicia".

Eduardo Couture, abogado uruguayo (1904-1956)

Inicio está edición de esta columna, en primer lugar, felicitando a mis colegas abogados y abogadas. Y decidí colocar la frase del famoso jurista uruguayo y referencia para los que somos estudiosos del Derecho, como guía de lo que debe ser un abogado revolucionario y abogada revolucionaria de estos tiempos.

De igual manera, estamos a la víspera de la conmemoración de la batalla que significó el punto culminante de toda una campaña militar que selló la independencia política en los campos de batalla de nuestra patria del imperio más poderoso de la época, como lo fue el Reino de España. Y hoy, es batalla, aunque de momento no se ha dado (y espero que nunca se dé) desde el campo militar, continua para lograr nuestra segunda y definitiva independencia de coloniajes de nuevos imperios que pretenden someternos.

Por ello, nuevamente y en la línea de la edición anterior de esta columna, es que quiero insistir en mi solidaridad con el hermano pueblo peruano.

Aún no se ha dirimido la diatriba con respecto a los resultados del balotaje presidencial en ese país, en la que la lógica indica que Pedro Castillo debió haber sido proclamado desde hace rato como presidente electo del país andino, y que las comisiones de enlace deberían estar trabajando para una transición menos traumática y pacífica de cara al 28 de julio, fecha de inicio del nuevo período constitucional del Presidente de la República de ese país. Pero la derecha demuestra que no respeta las reglas de juego que se da dentro de su propio sistema.

En estos momentos puedo señalar sin ambages, que la por tercera vez derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori se encuentra en una encrucijada dentro de un Estado frágil como lo es el Estado peruano. Por ello es que no podemos dejar solos ni solas a nuestros hermanos y hermanas de ese país.

Importante es de destacar que los 35 jurados electorales de Perú declararon infundados los 43 recursos presentados por el partido Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori para anular unos 200 mil votos en zonas rurales y andinas, donde su rival del partido Perú Libre, Pedro Castillo, le venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.

La estocada final a las pretensiones de Fujimori le fue propinada por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de la ciudad de Huancavelica, que ha sido el último en declarar infundados los 21 recursos de nulidad pendientes el viernes pasado en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Su presidente, Waldo Gonzales, sentenció que "los indicios o medios probatorios hacen saber que las personas han asistido a los colegios y han firmado, y eso se ha acreditado. ¿Cuál sería el fraude o alternación? No hay". Descartando así elementos probatorios de un intento de fraude o alteración de los resultados.

Entretanto, el Consejo de Estado, conformado por los altos cargos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se reunió ayer y declaró que respetará las competencias de los órganos electorales que trabajan para proclamar un nuevo presidente, al tiempo que apuntó a la necesidad de esperar "con prudencia" los resultados finales del balotaje.

No obstante, mientras continúa el juicio en su contra y desacata al tribunal al reunirse con testigos y coimputados, Keiko Fujimori ha dado inicio al trámite de recursos de apelación para que los casos de supuesto fraude electoral sean revisados en pleno por la Junta Nacional Electoral (JNE), última instancia de la Justicia Electoral en Perú. Recordemos que Fujimori ha acusado a Castillo de orquestar un "fraude sistemático en mesa" sin pruebas fehacientes.

Por lo que la interposición de estos recursos obedecería más a una táctica dilatoria que emplea Keiko para, esperar que algún militar de alta graduación le dé una "patada a la mesa" y escamotee el triunfo de Castillo en las urnas. Es decir, una manera de ganar tiempo a ver qué puede pasar en el país incaico.

Personeros fujimoristas firmaron actas de instalación y conteo de votos, y no encontraron ninguna irregularidad en más de 50 mesas de sufragio donde ahora Keiko Fujimori dice que hubo suplantación.

Diversas instancias rechazan sus denuncias, pero se niega a aceptar la derrota e impulsa acciones judiciales como un habeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para acceder a los padrones electorales y, eventualmente, anular el proceso electoral entero, como lo ha pedido un exjuez cercano al fujimorismo mediante una acción de amparo.

Pero es evidente que a medida que transcurre el tiempo, el odio de la derecha avanza en contra de Castillo. Medios como el diario inglés The Guardian, señalan que las denuncias de Fujimori han arreciado los discursos de odio y "ha sacudido el arraigado sistema de clases de Perú y su frágil democracia".

Una de las expresiones más palpables fueron los comentarios racistas de blancos limeños de clase alta que discutían en un chat de WhatsApp cómo la gente de la serranía de los Andes debería "morir de hambre" y volver a ser víctimas de esterilizaciones forzadas por haber votado por Castillo.

El congresista electo por el partido Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, señaló que el "sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y por fuera" y que debían realizarse un nuevo sufragio con (¿otros?) auditores internacionales.

Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de RP exigió la renuncia del presidente del JNE, Jorge Salas, por "irregularidades" (o fake news) que ya fueron desmentidas por las autoridades electorales.

La congresista electa por Avanza País, Yessica Amuruz, también pidió la anulación de las elecciones durante una entrevista, a la moción se han sumado el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, y 6 exmilitares con dudosos prontuarios.

Cualquier parecido a lo acontecido hace dos años en el Estado Plurinacional de Bolivia no es mera coincidencia. De ahí la advertencia que lanzó a través de su cuenta twitter el ex presidente de ese país y líder histórico del MAS-IPSP y de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia, Evo Morales.

Ahora, muchos se preguntarán el por qué me he permitido en mis dos entregas más recientes de esta columna referirme al tema de Perú. La razón es sencilla. Primero por un principio de solidaridad y en perfecta aplicación del principio del internacionalismo revolucionario. En segundo lugar, porque la presión que pretende ponerle Fujimori al proceso electoral peruano pretende enfilar ese país a una mayor inestabilidad que avanzará como mancha de aceite al resto del Estado y la sociedad peruana. Pudiéramos estar frente a una nueva variante del lawfare que no ataca a individuos ni partidos, sino que desvirtúa el sistema electoral como un todo forzando a acuerdos que impidan la debacle de un Estado en zozobra.

No solo se trata de una individualidad tratando de salvarse de la cárcel, sino de una clase que se fagocita al diluirse sus privilegios.

Por ello, es que debemos mantenernos pendientes y solidarizarnos con el pueblo del amauta José Carlos Mariátegui.

La solidaridad es la ternura de los pueblos.

¡Bolívar y Chávez Viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!