El "tercer ciclo" de la violencia contemporánea colombiana y las actuales guerras regionales, como la del departamento del Cauca, encuentran al Estado en condiciones bastante adversas dada su incapacidad para tramitar pacíficamente los conflictos, teniendo que recurrir de manera permanente a la violencia policial y a la represión de las protestas relacionadas con la concentración latifundista de la tierra y los conflictos territoriales, como está ocurriendo en estos momentos en Puerto Gaitán (Meta) donde la demanda de los indígenas Zikuanis confronta la rapacidad de los grupos narco menonitas que ya se han apropiado de más de 60 mil hectáreas ancestrales y baldíos utilizadas en los cultivos de soya y maíz; igualmente, por el manejo limitado y contradictorio de la problemática de los cultivos de uso ilícito que aún no logra desprenderse de la estrategia de la guerra contra la drogas impulsada por los Estados Unidos; y por el creciente protagonismo de las redes privadas de seguridad que suplen los vacíos en el monopolio legítimo de la violencia, que incluye un preocupante rebrote del paramilitarismo cuyo eje es el Clan del Golfo, con manifestaciones muy fuertes en el Meta (Puntilleros), Antioquia, Guaviare, Casanare, Choco, sur de Bolívar, Sucre, Valle del Cauca, Caqueta, Putumayo, Arauca y Nariño.

Esta debilidad del Estado es lo que nos permite explicar la explosión de los actuales conflictos armados regionales, que en opinión de la Cruz Roja son cerca de 8 guerras que involucran al gobierno y a los actores violentos que chocan entre los mismos, con graves consecuencias entre la población civil.

En el caso de la guerra en el Cauca, esta no da muestras de ceder, agravándose con nuevos episodios sangrientos como el asesinato de líderes comunales en Jamundí (Corregimiento de San Antonio); ataques recurrentes a los esquemas de protección de la Vicepresidente de la Republica, Francia Marqués; reclutamiento de menores indígenas; uso creciente de drones artillados; y frecuentes hostigamientos a centros poblados y en las vías principales del territorio.

No obstante que el gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos y negociaciones con el grupo del EMC Farc ep, encabezado por Ivan Lozada, con la consiguiente cancelación del Cese Bilateral del Fuego en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, como consecuencia de la violación sistemática de tal mecanismo por los grupos insurgentes, su reciente gestión del conflicto en la región se ha orientado a organizar una estrategia de acción pública que se ha denominada "Misión territorial para el Cauca", de la cual se encargó al Departamento Nacional de Planeación, en la cual se articulan varias áreas del Plan de Desarrollo y se le asigna una responsabilidad social corporativa a las Fuerzas Militares para que ejecuten obras de infraestructura, sociales, ambientales y de seguridad. Acá conviene recordar que en el anterior gobierno del señor Ivan Duque (20218-2022), también se ejecutó un "Plan de Intervención Social del Cauca" (ver https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/Plan-Social-del-Cauca-Formulacion-e-Implementacion-completo.pdf ) bajo la coordinación del ex Comisionado de Paz Miguel Ceballos, con un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos, sin mayores impactos en los distintos problemas sociales y con escandalosas tramas de corrupción que estimularon y justificaron la actual violencia.

La Misión Cauca es una política pública que se plantea la transformación integral del Cauca con el fin de garantizar mejores condiciones de vida a sus comunidades y el desarrollo del territorio mediante la sustitución de economías ilícitas por proyectos productivos, así como el esfuerzo mancomunado de distintos ministerios para la reactivación económica y desarrollo de proyectos que potencien la región, mediante la formulación y puesta en marcha de una Agenda de desarrollo, en la cual convergen el Gobierno nacional, el Gobierno departamental, los Gobiernos locales y las organizaciones étnicas, comunitarias, gremiales, empresariales y la ciudadanía en general.

Son 118 iniciativas que favorecen las 7 subregiones del Cauca con una inversión cercana a los $211.173.500.365, que se suman a los 2,6 billones del Plan Plurianual de Inversiones anexo al Plan Nacional de Desarrollo.

La mayor incidencia de las iniciativas está relacionada con acceso a agua potable, alcantarillado y saneamiento básico, así como proyectos productivos, garantía del derecho a la salud, vías terciarías y educación

La Misión para la transformación territorial del Cauca tiene, obviamente, un propósito central que es terminar con la guerra e instalar la Paz total.

Esta Misión se ha estructurado a partir de las tendencias que presenta el actual conflicto social y humanitario en el departamento y considerando las posibilidades y potenciales de sus habitantes y del territorio.

Dichas tendencias han conformado un cuadro de crisis que afecta fundamentalmente a la población más vulnerable, pues la pobreza monetaria fue de 41,7 para 2022. Es decir que, de cada 100 personas, casi la mitad no cuenta con los ingresos suficientes para asegurar una canasta familiar digna. Con graves problemas en la prestación de servicios públicos, y una cobertura del 63,7% mientras que el promedio nacional está por encima del 74% y de alcantarillado del 45,9% cuando el promedio nacional es 65,33%. En salud, el porcentaje de afiliación es del 88,9% mientras que el promedio nacional fue de 95,9% en 2023. Aunque la cifra no es baja, aún hace falta un esfuerzo mayor para lograr reducir la brecha en aseguramiento en salud. En educación, persiste un alto índice de deserción escolar; y en educación superior sólo el 26.25% de los jóvenes que egresan de la secundaria logran matricularse en la Universidad. En vivienda el déficit habitacional fue del 50% para 2021 mientras que el promedio nacional fue 31%. Situaciones que golpean enormemente a las poblaciones y se agravan aún más en las zonas rurales y rurales dispersas, donde también existe una mayor afectación por cuenta de la crisis de seguridad y violencia. Tan sólo en la zona norte del Cauca compuesta por 13 de los 42 municipios del departamento, se concentró el 75% de los homicidios cometidos contra líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos durante 2023. Así como, es el segundo departamento, en registrar el mayor número de masacres, con 32 casos en 2023.

En el Cauca, durante el 2023, se registraron un total de 68 asesinatos de mujeres, 59 de estos delitos fueron contra mujeres mayores de 18 años y 7 contra menores de edad. Esto ubicó al Cauca como el séptimo departamento con mayores cifras de feminicidio. Sin que se olvide que el Cauca se ubica en el cuarto lugar entre los departamentos con más área sembrada de cultivos de coca con 28 mil hectáreas sembradas; con 26 de 42 municipios que tienen presencia de cultivos de uso ilícito.

Frente a las víctimas, en el Cauca (con corte a 30 de abril de 2024) se registra un total de 366.390 víctimas sujetos de atención (de las cuales 280.219 son desplazadas). Para el año 2023, se registraron 7.170 hechos victimizantes en el Departamento.

El Cauca, tiene también grandes potencialidades, en materia de exportación de productos agropecuarios y una actividad económica que muestra señales de crecimiento positivas en los sectores como el comercio y turismo y una red empresarial en constante crecimiento. El Departamento tiene una amplia capacidad productiva anual con: 486.074,59 toneladas de caña de azúcar; 199.862,20 toneladas de Yuca; 157.637,86 toneladas de papa; 103.418,44 toneladas de plátano y; 102.271,61 toneladas de café. Las exportaciones del Cauca representaron en promedio 0,6 % de las exportaciones nacionales entre 2013 y 2022. A noviembre de 2023, el departamento registró una participación de 0,36% en exportación de productos minero-energéticos, no minero energéticos, agroindustrial, entre otros, con un ingreso de USD 160 millones, lo cual refleja el enorme potencial que tiene esta zona del país para conectar con los mercados internacionales. En el sector turismo, se registró un acumulado de 2.800 visitantes a parques nacionales naturales y 5.831 turistas extranjeros no residentes y 89.570 pasajeros aéreos nacionales.

Con la implementación de la Misión Cauca se espera que se den cambios trascendentales en el corto y mediano plazo para que la Paz total encuentre el cauce necesario en la superación de la atroz guerra que golpea al conjunto de la población caucana.

Por lo pronto, hay un apresto militar regional en el Cauca, anunciado por el Almirante Francisco Cubides, nuevo Comandante de las Fuerzas Militares y el Comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo. Este programa militar tiene los siguientes ejes:

1. El fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia: Aumentar la cantidad de efectivos, capacitación y tecnología para anticiparse a las amenazas y dinamizar las operaciones de las tropas.

2. El incremento del entrenamiento y reentrenamiento de las tropas: Un proceso a nivel nacional que comenzará con los estados mayores y se extenderá hasta los comandantes de pelotón, con el objetivo de mejorar la efectividad táctica en el terreno.

3. El fortalecimiento del equipamiento: Despliegue de recursos adicionales en áreas críticas como Cauca, sur de Bolívar, Arauca, Bajo Cauca y Nariño, incluyendo artillería pesada para facilitar las ofensivas operacionales de las tropas.

4. La movilidad aérea y terrestre: Mejora de las capacidades de helicópteros y unidades blindadas para garantizar la movilidad, profundidad y rapidez en la reacción ante amenazas.

5. El desarrollo de tecnologías: Adquisición de tecnologías para la protección de la población y las tropas, con especial atención a los ataques con drones armados y armas no convencionales.

6. La contribución a la construcción del país: Utilización de las capacidades de ingenieros del Ejército para proyectos como la instalación de puentes, construcción de aeropistas, atención de desastres y desminado, entre otros.

7. El combate a las Economías Ilícitas: Enfoque en la lucha contra el narcotráfico, minería ilegal y extorsión, que son las principales fuentes de financiación de los conflictos en el país.

La clave frente al anterior dispositivo bélico es impedir la vulneración de los derechos humanos, del derecho a la vida y la integridad personal y la afectación de las libertades democráticas de las comunidades y sus organizaciones.