El debate político y comunicacional abierto en Colombia, América Latina y el planeta a propósito del proceso de Acuerdo Humanitario iniciado por el presidente Alvaro Uribe Velez, con la designación de la senadora Piedad Córdoba como facilitadora y, la mediación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con el fin de alcanzar la liberación de todas las personas privadas de su libertad como consecuencia de la violencia armada que enfrenta al Estado Colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, ha introducido una decálogo de expresiones políticas en el escenario mediático del país que confunde a la opinión pública y no favorece el proceso de solución política esta vieja confrontación militar.
Así, el gobierno uribista y los medios de la oligarquía colombiana y las cadenas del imperio como CNN, BBC, UNIVISION etc, con el apoyo de sus medios aliados venezolanos, persisten en la calificación de las FARC-EP como organización terrorista, cuando esta suficientemente reconocido por el Estado Colombiano e internacionalmente, que se trata de una organización político militar, con un proyecto político alternativo al que sostiene la oligarquía colombiana y cuyo reconocimiento nacional e internacional y su legitimidad como fuerza política con apoyo social, se han demostrado suficientemente en los frustrados procesos de negociación realizados con los gobiernos de Belisario Betancourt y Andrés Pastrana, las cuales contaron con la presencia de delegados de la ONU, la OEA, la Unión Europea, la Cruz Roja y, hoy se confirma en la Operación “Emmanuel” con la presencia de Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Francia, Venezuela y la Cruz Roja Internacional y la veeduría del laureado cineasta norteamericano Oliver Stone.
Es contrario a la verdad política y a la razón jurídica calificar a los combatientes guerrilleros y militantes políticos de las FARC-EP como “NARCOTERRORISTA”, por cuanto, aún cuando los narcóticos forman parte de la realidad del Estado y la sociedad colombiana, es público y notorio en Colombia y en el planeta que quienes integran esa organización son parte de una organización insurgente que desde hace 50 años libran una guerra en contra del Estado, cuyo comportamiento, en general, se ciñe a los principios y normas fundamentales del Derecho Humanitario de los Convenios de Ginebra de 1949, (aún cuando algunas de sus prácticas de guerra – como suele suceder en todo conflicto armado - no se correspondan con el contenido de tales tratados) y con el cual, el Estado Colombiano, ha sostenido negociaciones con vista a una solución negociada del conflicto armado interno
Es contrario a la Ley Internacional calificar a los oficiales, suboficiales, clases y soldados del Estado Colombiano con el término penal de “SECUESTRADOS”, por cuanto son PRISIONEROS DE GUERRA, que fueron capturados en operaciones militares de las FARC-EP, informado a sus mandos y familiares de su detención, reconocidos sus grados y jerarquías y dado un trato sanitario y de seguridad acorde con las condiciones en que se libra esta guerra fraticida. Igualmente son PRISIONEROS DE GUERRA los combatientes de las FARC-EP que han sido capturados por el Estado Colombiano y las FARC-EP no pueden desconocer la condición de “combatiente enemigo” ( expresión aplicada a los talibanes afganos por el gobierno de George W. Bush ) a los “contratistas” (mercenarios) norteamericanos capturados en operaciones de inteligencia.
Sin embargo, la captura de personas civiles no combatientes como funcionarios del gobierno, parlamentarios, sindicalistas, dirigentes sociales, etc, por parte del gobierno y la insurgencia son manifiestamente violatorios del contenido, propósito y razón de los Convenios de Ginebra; por lo que el gobierno colombiano no debería darle trato de criminales a los civiles no combatientes vinculados con las FARC-EP y, la insurgencia no debería establecer el cautiverio de personas civiles que incumplan su llamado “impuesto revolucionario” ni capturar ni tomar como rehenes a los dirigentes de los partidos uribistas, liberales, conservadores y de otras formaciones, no vinculados con el aparato armado del Estado.
La información y la contra-información forman parte de todo escenario de guerra y los medios de comunicación de las partes y los sectores sociales que se le identifican, se convierten en pieza del conflicto con el manejo parcializado que hacen de los eventos del conflicto, por lo que, tomando en cuenta la relación de Venezuela y los venezolanos con Colombia, pareciera conveniente que el MINCI y CONATEL tomen la iniciativa de conversar con los directores de los medios públicos y privados, con el fin de promover una información mas veraz y oportuna sobre el conflicto interno colombiano y las iniciativas de Acuerdo Humanitario y de Paz que permitan a los venezolan@ comprender esta compleja guerra y apoyar los esfuerzos que realiza el gobierno del comandante Hugo Chávez Frías, con el apoyo de otros países amigos, para poner fin a este drama de dolor y destrucción que enluta a Colombia y a sus hermanos de toda América Latina.
