Si desnudamos de adjetivos y accidentes el conflicto que, en torno al petróleo, enfrenta hoy a la sociedad mexicana, vamos a encontrar que se trata de una confrontación de modelos económicos, que en buena medida incluyen visiones diferentes de país. Este tema debió haber sido ampliamente discutido desde 1988 cuando, por la vía del fraude electoral, Carlos Salinas de Gortari optó, de manera autoritaria y sin consulta, por insertar al país en el proceso de globalización impuesto por el Consenso de Washington. En efecto, puede decirse que a los mexicanos nos pasó de noche el cambio más profundo que se ha registrado en la historia del país. Con bombo y platillo y en cadena nacional, Salinas anunció la reestructuración de la deuda externa, dando a entender que era el producto de una negociación inteligente y patriótica, cuyo resultado sería la inserción de México en el primer mundo. Y la mayoría se tragó el anzuelo; la entonces reciente desaparición de la Unión Soviética y el fracaso del llamado socialismo real, colocaron a la izquierda mexicana en condición de adolescencia. Sólo el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994 manifestó el rechazo al neoliberalismo y la globalización, los que quedaron inmersos en el conjunto de reivindicaciones indígenas.

     Nunca fuimos informados respecto de los compromisos que se signaron con el FMI y el BM. No hubo tal negociación, ni mucho menos inteligente y patriótica. Se trató simplemente de un convenio entre dos partes ligadas por  la misma convicción ideológica y en la misma conveniencia de negocios personales. No fue de balde la imposición fraudulenta de Salinas, un anglopensante nacido en México. Así procedió la privatización de la banca, la de las telecomunicaciones, la de la televisión pública, la agraria, entre otras, para culminar con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Se fraguó el contubernio entre el PRI y el PAN, con el beneplácito del segundo que manifestó que el partido del gobierno había adoptado los principios panistas. Zedillo continuó con el desmantelamiento del estado y la entrega del país a los intereses del gran capital internacional: el rescate bancario del FOBAPROA, el más grande atraco a la Nación, seguido por la entrega de los ferrocarriles, el cierre de la CONASUPO y la entrega del mercado de alimentos a las transnacionales, los PIDIREGAS como fórmula encubierta para extranjerizar la ingeniería y la construcción de instalaciones para PEMEX y CFE. Para rematar con Fox y sus contratos de servicios múltiples para enajenar la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos o los permisos de generación de electricidad a los consorcios internacionales.

     No obstante, esta caterva de vendepatrias fracasó en diversos intentos de llevar al nivel de ley la privatización de la actividad petrolera; no se atrevió a tocar la fibra nacionalista y prefirió manejarse con bajo perfil en la materia y, tramposamente, aplicar subterfugios para ir minando la operación estatal, entre otras formas por el criminal drenaje de los recursos financieros de la empresa y la dilapidación de los excedentes petroleros; por la liquidación o jubilación anticipada del personal técnico; por el abandono del esfuerzo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo y, en general, por la definición de la empresa como proveedor de crudo al mercado gringo.

     Hoy, una vez que lograron colocar a la empresa en condición de quiebra técnica, formulan su iniciativa privatizadora envuelta en la engañosa presentación como para salvar a PEMEX, haciendo énfasis mendaz en el fortalecimiento de la empresa de todos los mexicanos, con la pretensión de engañar a la opinión pública a base de propaganda televisiva y mediante la compra de talentos y plumas a su servicio. No es remoto suponer que, dada la magnitud del negocio en ciernes, pueda haber un grupo de legisladores propensos a vender su voto; mil millones de pesos alcanzan para cien diputados o senadores de a diez millones por cabeza, más barato que la campaña de medios y suficiente para asegurar la aprobación de las iniciativas.

     Sin embargo, la derecha vuelve a equivocar su diagnóstico. Aún con todos los embates con que se ha pretendido cancelar la vena nacionalista del pueblo de México, esta subsiste y se fortalece en la medida en que mayor es el peligro para los intereses de la Nación. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, convocado por Andrés Manuel López Obrador, crece y ofrece una resistencia eficaz contra los intentos de entregar la riqueza nacional a la iniciativa privada nacional y extranjera; cada vez son más las voces independientes que se manifiestan contra la privatización y de ello da cuenta el debate que se inició en la Cámara de Senadores, así como los que se registran a lo largo y lo ancho del país en universidades y centros de opinión, hasta en las familias.

     Va quedando claro al régimen que, aún con el ejército en las calles, la movilización popular no va a parar hasta conjurar el peligro de la pérdida de la Nación en manos de unos cuantos privilegiados. No pasarán.

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