Los países de América Latina y El Caribe se muestran muy preocupados por la situación interna de la hermana República de Colombia. Probable que no haya manifestaciones públicas por la vía diplomática pero, quizás, por otros medios se vayan expresando ideas hacia la búsqueda de soluciones para la esperanzada libertad de esos seres humanos que desean y esperan la tan ansiada libertad personal donde quiera se encuentren, la montaña y las cárceles. La justa preocupación regional solidaria se sustenta en la situación de guerra interna y las permanentes consecuencias que ella tiene tanto a lo interno de Colombia como las incidencias en las vecindades. Una corta investigación de los procesos migratorios de ciudadanos colombianos a, por ejemplo, Miami y, quizás, ello nos sorprenda.
La situación en cuestión, grave, por demás, afecta, directamente, al status quo colombiano. Nadie podría negar que existan, objetivamente, tres Colombia. La Colombia urbana-uribista; la rural controlada por los “señores de la guerra”; y, la Colombia de las zonas militarizadas, sean éstas de las FARC, “elenos”, “paracos”, ejército colombiano y/o “asesores gringos” (sic). La Colombia urbana-uribista contiene, en el conjunto, un sistema de partidos políticos tradicionales-históricos y de la izquierda democrática. En las zonas militarizadas, con sus desarrollos de combate, se podría aplicar aquello de “suma-cero”. La rural controlada por los “señores de la guerra” son aquellas donde, según las analistas, los campesinos colombianos han sido desplazados y sus tierras han sido ¿adquiridas legalmente? por los terratenientes y jefes paramilitares para provecho y enriquecimiento personales. Cualquiera diría que es un caso inédito; pero, ello mismo, se desarrolló durante la etapa histórica, inmediatamente, después de la fundación de la Primera República de China (1911). El sector militar fue desplazando, por cualquier medio ilícito, a la población campesina para ir, paulatinamente, ocupando y expandiendo espacios rurales hasta convertirlos en “pequeños feudos” con la anuencia del Poder Central de Beijing. Claro! Se desarrollaron las contradicciones entre los “señores de la guerra” y el Poder Central que conllevó, a su vez, a un desarrollo de las contradicciones a lo interno del Poder Central.
El “caso colombiano” tiene cierta similitud. Según las lecturas realizadas, si es que las tomamos como ciertas, se están desarrollando diferencias entre don Álvaro Uribe Vélez, Presidente elegido, democráticamente, por un sector de la sociedad, principalmente, urbana con apoyo de un “proyecto de partido” uribista, de Colombia, y su Ministro de Defensa, señor Santos apoyado, muy probablemente, por su familia. Debemos precisar que en lo fundamental, no hay contradicciones entre ellos; es decir, ambos consideran que hay que derrotar a las FARC por la vía militar.
El “paramilitarismo” ha sido un desarrollo militar para realizar actos de guerra contra la “insurgencia colombiana”. Este paramilitarismo ha necesitado mantener sus necesidades de alto costo. Dudamos que el Estado colombiano haya colaborado, económicamente, con la sustentación de este factor militar irregular e ilegal. Por tanto, los paramilitares han tenido que buscar diferentes modalidades que les permitiera obtener el presupuesto para mantener una situación de guerra irregular contra la insurgencia. Ello los ha obligado a relacionarse con la “industria de la droga”. Esta relación los ha llevado al control de espacios agrícolas para el cultivo de la materia prima de dicha industria con las consecuencias arriba mencionadas.
Las relaciones indirectas entre el “status quo” colombiano y los paramilitares, involucrados en la industria de la droga, desarrollaron un esquema de intereses de mutuo beneficio que fue evolucionando hacia una relación directa buscando alcanzar espacios dentro del Poder establecido colombiano hasta transformarse en lo que se ha llamado la “parapolìtica”. Es decir, la ecuación matemática ha dado como resultado un “conjunto” donde están las variables que representan los “paramilitares” más los miembros del “status quo” y la lógica de la industria de la droga.
En ese orden, el Poder constituido colombiano, por denuncias, se ha visto, profundamente, afectado por las propias contradicciones de las realidades políticas ligadas a los paramilitares y a la industria de la droga. El desarrollo de las acciones de investigación han alcanzado a los miembros del naciente proyectado partido político uribista. ¿Qué significa esa realidad para el Presidente Uribe Vélez? Quizás el “status quo” colombiano había diseñado un proyecto político frente a la realidad revolucionaria venezolana. Quizás había decidido que los partidos políticos tradicionales colombianos no estaban en sintonía con las realidades político-ideológicas de la “nueva derecha conservadora” mundial. Era, probablemente, necesario un partido político de “derechas” que promoviera la “libre empresa”, “inversiones externas”, “puertas abiertas” al comercio internacional, adhesión al TLC, y, religiosamente, anticomunista. Se necesitaba un político con “garra política” fácilmente controlable (leer, Newsweek) afectado por las decisiones militares de la insurgencia y con carisma hacia ese sector urbano descuidado por la insurgencia. Pero el “status quo” necesitaba “colocarle” un “hombre de confianza” y perteneciente al status para poder contrarrestar cualquier “desviación y debilidad” que pudiera mostrar el político elegido.
La, prácticamente, desaparición del novel partido político “uribista” por los escándalos por su ligazón con la “parapolìtica” ha traído como consecuencia una debilidad al mencionado proyecto del “status quo”. La figura del político elegido se está viendo afectada, indirectamente, por las investigaciones al sector uribista del legislativo y, directamente, porque ahora dependerá de la “buena pro” de los partidos tradicionales colombianos para una nueva reelección. La situación para el “status quo” colombiano se agrava y profundiza cuando Chávez Frías ha logrado fundar, desarrollar y consolidar un partido político que es la base fundamental para el proyecto revolucionario titulado “socialismo siglo XXI” y la permanencia del proyecto y, posiblemente, del líder del partido y del proyecto en el Poder venezolano.
Frente a esta real situación, el “status quo” colombiano ha venido acercándose al proyecto de Washington que, a su vez se ha agravado con la decisión, probablemente, constitucional, de Ecuador de no permitir tropas extranjeras en su territorio nacional que se traduce en la necesaria salida de la base militar norteamericana en el puerto de Manta; además, de la crisis, entre otras, de “energía segura” del suplidor seguro que era Venezuela cuando la dependencia estaba sentada en Miraflores. Dos hechos ocurridos en Colombia nos permiten acercarnos a las anteriores tesis mencionadas. La primera de ellas, es la declaración del actual representante diplomático de la Casa Blanca ante el Gobierno colombiano cuando anuncia antes que el Palacio de Nariño que la base de Manta será instalada en la Goajira colombiana y que las conversaciones para la aprobación de tal decisión están por resolverse. La segunda, que el “nuevo elegido”, miembro directo del “status quo” colombiano, salió a declarar sobre el deceso del máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, sin consultarlo, previamente, con el propio Presidente de Colombia, don Álvaro Uribe Vélez, quien manifestó, públicamente, su desagrado. La lectura, suave, que se dio de este último incidente fue la de la “lucha política” por la candidatura a la Presidencia de Colombia para las próximas elecciones.
El conjunto de contradicciones que vienen evolucionando en las “altas esferas” del Poder colombiano nos van señalando un posible camino donde la figura de Uribe Vélez va en decadencia mientras que la figura de Santos va en ascenso. Es lógico que el Poder (Mûller Rojas dixit) en los Estados Unidos de América se inclinen por Santos. El actual Presidente colombiano, Uribe Vélez, ha venido desarrollando una relación personal con el Presidente venezolano, Hugo Rafael Chávez, que podría ser obstáculo en una posible decisión militar, directa y/o indirecta, a Venezuela buscando el control del petróleo venezolano.
Frente a este posible y probable escenario, la dirigencia del partido socialista venezolano, PSUV, tiene dos frentes a los cuales atender. El primero se corresponde con el desarrollo continuado del proyecto socialista siglo XXI que, en las actuales circunstancias, significa trabajar, políticamente, para movilizar los cuadros, miembros y aspirantes a miembros, del PSUV, a las votaciones para la elección directa, secreta y democrática de candidatos a gobernadores y alcaldes para las elecciones del mes de noviembre del año en curso. En segundo lugar, hacerle frente al “frente anti-nacionalista” que, cotidianamente, se manifiesta en contra del proyecto socialista, la permanencia de Hugo Rafael Chávez como Presidente de la República, lo cual contentaría tanto al “status quo” colombiano como a Washington y a las derechas europeas y, la destrucción del propio partido socialista, PSUV.
Caben varias preguntas. ¿Podrá el “status quo” colombiano promover un “vacío de poder” en Colombia que lleve a un “golpe de Palacio” en el Legislativo colombiano para sacar a Uribe Vélez de la Presidencia de Colombia y promover la figura del “salvador Santos” con la finalidad de continuar la “política de Estado” frente al desarrollo del proyecto socialista venezolano? ¿Cómo será la actitud y decisión políticas de los partidos tradicionales colombianos frente a una posible presidencia de Santos que significaría la profundización de las acciones militares con el riesgo seguro de un desarrollo de un Vietnam en Colombia? ¿Permitirían los partidos tradicionales de Colombia una “agresión a Venezuela” desde suelo colombiano buscando aplicar las tesis de la “seguridad interna” de Washington? ¿Ha calculado el “status quo” colombiano las graves y profundas consecuencias que tendría el desarrollo y profundización de la guerra interna en Colombia hacia el resto de Suramérica, Centroamérica y El Caribe?
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