Los asiduos lectores de las declaraciones oficiales al más alto nivel del Gobierno de la República de Colombia, hemos entrado en profunda crisis de comprensión, por tres razones: que no sabemos leer, con propiedad y, además, que no lo entendemos, lo que nos va a obligar a regresar a la Misión Robinson; que lo que hemos leído, si comprendemos su contenido, nos obliga a pensar que los líderes de Suramérica, Centroamérica y El Caribe, exceptuando Colombia, están más cerca de Santo Tomás de Aquino, a punto de levitar, que de políticos como Metternich y Churchill e intelectuales como Lampedusa y Machiavello y pare usted de contar; por último, pareciera que las “altas instancias” de Bogotá se ubican más cerca del conocimiento de la Universidad de Córdoba (en tiempos de judíos y musulmanes), de Lovaina o Harvard que de éste, nuestro querido continente, “apabullado” por “peninsulares y canarios”, green-go y esclavistas.
Resulta que la violación de la soberanía del suelo patrio del Ecuador, no es, para comenzar, una violación del Derecho Internacional; y no lo es porque el Gobierno de Bogotá decidió que la política “bushiana” de la “seguridad interna” permite un acto militar con la aprobación de la Casa Nariño a cualquier territorio no colombiano sin la previa consulta a los Gobiernos vecinos y sin requerir la aprobación del más alto (sic) organismo regional (por aquello de la famosa Carta) que es la tan defendida OEA por parte de don Álvaro Uribe Vélez.
Resulta, así mismo, que el señor Canciller Araùjo ha requerido que se respeten “…los principios de no intervención…” en los asuntos internos de su país, es decir, Colombia, con lo cual estamos totalmente de acuerdo; pero, respetado Canciller Araùjo, ·…lo que es bueno para la pavo,…” En fin, tal exigencia elevada por el Canciller de Colombia estaba dirigida a un Presidente electo, democráticamente, por un pueblo que le exige responsabilidad en la defensa de los derechos humanos de sus conciudadanos, nos referimos al Señor Presidente del Ecuador, Rafael Correa.
Resulta, de nuevo, que el Gobierno del Presidente Correa, ha decidido considerar al señor Moncayo, hijo, como “prisionero de guerra”. En este orden, el Presidente Correa le ha comunicado a la nación ecuatoriana, en programa radial, que no va a “…pedir permiso a nadie para una acción humanitaria que está incompleta…”, cuando se refería a llevar a cabo los trámites necesario de “ayuda humanitaria” para la liberación del ciudadano ecuatoriano, Pablo Emilio Moncayo.
El Presidente Correa al declarar, públicamente, que Pablo Emilio es un “prisionero de guerra” en poder de las FARC, el “temita” se pone al “rojo vivo” por aquello de los “derechos humanitarios” que tienen todos los “prisioneros de guerra” cuando esta “en pleno desarrollo” una guerra civil como la de Colombia. Decimos que es una “guerra civil” porque si uno de los bandos en conflicto le “zumba” (deja caer) más de 250 bombas en un área específica para matar a Marulanda y el propio Presidente Uribe, motto propio, así lo manifestó, públicamente, al declarar que no reconocía que Marulanda había muerto de un infarto sino de ese “bojote” de bombas, en la mencionada acción militar de guerra donde participaron, seguramente, aviones bombarderos, tecnologías de ubicación, y todas esas cosas que uno lee en “Defense News”, habían sido las causantes de la muerte en combate de Marulanda; es decir, que hubo bajas de combatientes en el otro bando, lo que nos lleva a asegurar que hay dos bandos enfrentados, que están en diferentes zonas geográficas de la geografía de Colombia (porque sino ya las FARC no existirían) y que las acciones de “guerra total”, así declarada por los más altos personeros del Gobierno de Colombia, va a continuar hasta la derrota total de las FARC (si se busca la derrota total de las FARC pensamos que no son simples guerrillas como se han manifestado en diferentes países de la Región, y que la tesis del “cerco” no ha funcionado ya que el ejército colombiano se ve en la necesidad elevar la calidad de las acciones militares a niveles de guerra de posición).
Si lo anterior es verdad, si existe una “guerra civil” en Colombia y el ciudadano ecuatoriano, Pedro Emilio Moncayo, es un “prisionero de guerra”, ello significaría que las declaraciones del Presidente Correa son las correctas y, además, estaría en la obligación, por mandato de sus electores, de realizar las gestiones necesarias para la liberación de Pablo Emilio. En este orden de ideas, según Ginebra, el Presidente Correa se verá en la necesidad de buscar los medios legales y legítimos para alcanzar el objetivo que se ha propuesto: la liberación de Pablo Emilio. Es decir, que tendrá que buscar las fórmulas correspondientes para buscar la cooperación del Gobierno de Colombia en la búsqueda de la liberación de Pablo Emilio; también la de solicitar a la OEA, como organismo regional, si es que los Estados Unidos de América no obstaculizan tales solicitudes de un Estado miembro como lo es la República de Ecuador, realizar las gestiones correspondientes para buscar fórmulas aceptables para la negociación con las FARC.
En el marco de tal escenario, el señor Canciller de Colombia, Araùjo, simplemente, trato de “picar delante” sustentando su argumentación en una regla jurídica internacional que el Gobierno de Colombia “NO PRACTICA”.
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