La producción de la cocaína en Colombia sigue en crecimiento, según lo reveló ayer la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito y el Crimen (UNODC), pese al enorme gasto en que incurre el gobierno para erradicar dicho cultivo y peor aún, no obstante el llamado Plan Colombia o Plan Patriota, a través del cual ha fluido a ese país una inmensa ayuda militar y económica de los Estados Unidos desde el año 2000 para combatirla, que ronda en efectivos militares y asesores algo más de dos mil quinientos hombres y la cifra astronómica de 6 mil millones de dólares.
Según las dados estadísticos que maneja el organismo internacional, el cultivo de la coca en la región andina se incremento el año 2007 en 16% con respecto al 2006, habiendo sido Colombia el país en donde ese incremento fue mayor (27%), Bolivia con 5% y Perú con 4%.
Señaló el director de la UNODC durante la presentación del informe, Antonio María Costa, que: "El aumento de los cultivos de coca en Colombia es una sorpresa y un shock porque ocurre en un momento en el cual el gobierno colombiano destina muchos medios a erradicarlos, y por la amplitud del fenómeno". De otra parte, decimos nosotros, porque adicionalmente mantiene una campaña publicitaria muy costosa a nivel mundial, diciendo falsamente que ha venido teniendo resonantes éxitos en esos procesos de erradicación.
Agrega el estudio que Colombia continúa ocupando el primer puesto como productor mundial de cocaína con 600 toneladas año y precisa que los cultivos de la droga en el país “pasaron de 78 mil hectáreas a 99 mil, los de Bolivia de 27.500 hectáreas a 28.900, y los de Perú, de 51.400 a 53.700 hectáreas.”
Como vemos, las alianzas antidrogas del país hermano con el norte han sido un total fracaso, los cual nos ayuda a comprender perfectamente las razones que llevaron al nuestro a romperlas a mediados del 2005. No debemos olvidar que cuando esa decisión se adoptó, el gobierno le explicó al país que la fulana DEA, más allá de ocuparse de la lucha contra el tráfico de drogas, lo que estaba era adelantando tareas de espionaje contra nuestro país, al punto que se le detectaron equipos bien sofisticados de comunicaciones que había instalado clandestinamente en los espacios que ocupaba en la sede de la ONA en el Rosal, con los cuales interceptaba llamadas telefónicas, violentado de ese modo el derecho a la privacidad garantizado de forma amplia y muy clara en nuestra constitución y leyes de la República.
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