La crisis económica y financiera internacional cuyo epicentro se halla en Estados Unidos tendría que ser aprovechada por los países latinoamericanos para construir una integración favorable a los pueblos y al mismo tiempo iniciar una desvinculación parcial. Se debe aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en este comienzo de siglo. Durante la década de los 1930 que siguió la crisis que estalló en Wall Street en 1929, hubo 12 países de Latinoamérica que fueron directamente afectados y que, en consecuencia, suspendieron de manera prolongada el reembolso de sus deudas externas contraídas, principalmente, con banqueros de América del Norte y de Europa occidental. Algunos de ellos, como Brasil y México, impusieron a sus acreedores, diez años más tarde, una reducción de entre el 50 y el 90% de su deuda. México fue el que llevó más lejos las reformas económicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la industria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que por ello los monopolios norteamericanos fueran indemnizados. Además, 16 millones de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su mayor parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales. En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, varios gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy activas con el fin de conseguir un desarrollo parcialmente autocentrado, conocidas más tarde con el nombre de modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI). Por otra parte, a partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. Este contenido socialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. Fue necesaria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases dominantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascendente de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde 1962, junta militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense en Santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de las dictaduras en Uruguay y en Argentina. El modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en Chile, con Pinochet y la ayuda intelectual de los Chicago boys de Milton Friedman, y luego se impuso en todo el continente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló en 1982. A la caída de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal continuó vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste estructural y del Consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamérica fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto acabó produciendo un gran descontento popular y una recomposición de las fuerzas populares que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, comenzando por Chávez en 1998, que se comprometió a instaurar un modelo diferente basado en la justicia social. En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración favorable a su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agrobusiness, industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivos en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error recurrir a una política por etapas: apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo, dominada por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en el juego de los capitalistas, intentando ser el más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas. El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios, etc. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo xxi pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común. Se debe aprovechar la actual coyuntura internacional, favorable a los países en desarrollo exportadores de productos primarios antes de que la situación cambie. Los países de Latinoamérica han acumulado cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una suma no despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales latinoamericanos, y que debe ser utilizada en el momento oportuno para favorecer la integración regional y blindar al continente frente a los efectos de la crisis económica y financiera que se desarrolla en América del Norte y Europa, y que amenaza a todo el planeta. Lamentablemente, no hay que hacerse ilusiones: Latinoamérica está en vías de perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá de la retórica, una política tradicional: firma de acuerdos bilaterales sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, prestarle capital a la potencia dominante) o credit default swaps cuyo mercado se ha hundido con Lehman Brothers, AIG, etc., pago anticipado al FMI, al Banco Mundial y al Club de París, aceptación del tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los diferendos con las transnacionales, continuación de las negociaciones comerciales en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen haberse frenado en el 2008. En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho retraso. Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura, pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los medios de transporte colectivo ferroviario; utilizar energías alternativas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; proteger el ambiente; desarrollar la integración de los sistemas de enseñanza... Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda pública no se ha resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que, en ciertos países, ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas (Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que desvía hacia el capital financiero parasitario una parte considerable del presupuesto del Estado. Es muy conveniente seguir el ejemplo de Ecuador, que estableció una comisión de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fin de determinar la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma. En un momento en el que, tras una serie de operaciones aventuradas, los grandes bancos y otras instituciones financieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de Latinoamérica con ellos, hay que constituir un frente de países endeudados para obtener la anulación de la deuda. Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados, porque corren el peligro de ser arrastrados por la crisis financiera internacional. Hay que evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los bancos, como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.). Si hay que nacionalizar unos bancos al borde de la bancarrota, esto debe hacerse sin indemnizaciones y ejerciendo el derecho de reparación (repetición) sobre el patrimonio de sus propietarios. Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos años entre los Estados de la región y multinacionales, tanto del Norte como del Sur. En lugar de remitirse al Centro Internacional de Resolución de Diferendos en materia de Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia, que se ha retirado del mismo. Deberían crear un organismo regional para la resolución de litigios en cuestiones de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Drago y negarse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir firmando contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino Unido o de otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisible del ejercicio de la soberanía. Es conveniente restablecer un control estricto de los movimientos de capitales y del cambio, a fin de evitar la fuga de capitales y los ataques especulativos contra las monedas de la región. Es necesario que los Estados que quieren materializar el proyecto bolivariano de integración latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia una moneda común. Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política: un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el marco de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal ejemplo europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay que caminar hacia un proceso constituyente democrático a fin de adoptar una Constitución política común. En este caso también, se debe evitar reproducir el procedimiento antidemocrático seguido por la Comisión Europea para tratar de imponer un tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía y sin someterlo a un referéndum en capa país miembro. Por el contrario, hay que seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados en un proceso constituyente bolivariano. Así mismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte Latinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del respeto de los derechos humanos que son indivisibles. Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba... Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición político-social basada en la justicia social. Este proceso bolivariano debería reunir a todos los países de Latinoamérica (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhieran a esta orientación. Es preferible comenzar la construcción común con un núcleo reducido y coherente, que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos siguen orientaciones políticas sociales contradictorias, cuando no antagónicas. La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial. Se trata de ir suprimiendo progresivamente las fronteras que separan los Estados que participan en el proyecto, reduciendo las asimetrías en los países miembros especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza desde los Estados más «ricos» a los más «pobres». Esto permitirá ampliar considerablemente el mercado interior y favorecerá el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Permitirá poner en vigencia el proceso de desarrollo (no sólo la industrialización) por sustitución de importaciones. Por descontado, ello implica el desarrollo, por ejemplo, de una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el conjunto bolivariano constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente del mercado capitalista mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del grupo bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles. Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo. Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el máximo número de terceros Estados por una reforma democrática radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer cumplir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los numerosos instrumentos internacionales favorables a los derechos humanos, tales como el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos a fin de actuar para que se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un terrible peligro para la humanidad. eric.toussaint4@gmail.com