El informe elaborado por la comisión de expertos de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sobre la masacre de Porvenir (del departamento de Pando) y que fue entregado este miércoles al presidente de Bolivia Evo Morales, distingue dos niveles de responsabilidad criminal: la de los que actuaron y la de los que dejaron hacer.

El documento deja constancia de que se trató de una masacre en la que resultaron asesinados al menos 20 campesinos y decenas de heridos, constituyendo una grave violación de los derechos humanos esenciales que el Estado debe resguardar.

En acto público realizado en el Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado boliviano recibió de manos del responsable de la comisión investigadora, Rodolfo Mattarollo, el informe final de los sangrientos acontecimientos del 11 de septiembre pasado.

En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de victimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.

El pasado 20 de noviembre en Argentina, Mattarollo presentó un breve informe sobre la masacre en Pando del 11 de septiembre donde ratificó que la muerte de 18 campesinos y la desaparición de al menos otros 70 se trató de una "masacre", sobre la que la comisión pudo establecer que algunas "autoridades locales son judicialmente responsables y logró identificarlas". La presidenta chilena Michelle Bachelet recibió posteriormente (25 de noviembre) el mismo informe sobre los trágicos hechos acaecidos en Pando, en un acto al que asistieron representantes de los gobiernos de Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina, como una contribución de la Unión de Naciones Suramericanas al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región.

La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria, subraya el informe. "A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", agrega. El informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.

La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz. Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales.

La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según testimonios, "a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal".

Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.

"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos", señala el documento.

Las conclusiones también identifican a la Policía y los políticos en su rol pasivo que permitió estos hechos violentos con saldos lamentables.

El documento señala que los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales.

"Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía", señala.

Se muestra en un video el accionar militante y político del senador opositor José Villavicencio, quien advierte sobre sangre y violencia.

También se observó en los testimonios el trabajo de una policía (presumiblemente Mirtha Sosa), quien, aparentemente trabajó en complicidad con los agresores de campesinos.

La Comisión mostró la tortura de los campesinos una vez detenidos cuando pretendieron obligarlos a incriminar a algún responsable y hasta cuando los trasladaban a los heridos a un centro hospitalario.


"Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos y como tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por (funcionarios) estatales y para estatales", señala otra conclusión.

La Comisión califica como tortura el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas, cuando eran conducidos a los hospitales.

Se evidenció que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.

También el informe recomienda investigar la muerte de los funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes (caídos entre la mañana del día 11 de septiembre y el 12 de septiembre).

"Ambos presentaban heridas de armas de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente", señala el informe.

Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional.

"Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio", afirmó.

El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derechos internacional.

De todas formas, el coordinador de la comisión se mostró "consternado" por el estado de la Justicia boliviana "por su incapacidad para investigar, su dependencia de los poderes locales y la actitud de la Corte Suprema, que no es equilibrada".

"Vimos que la Corte tiene una actitud totalmente politizada, militante y beligerante", además de estar "enfrentada al presidente Morales", apuntó Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

Los elementos hallados fueron volcados en el informe de la comisión, que establece "hechos, responsables y recomendaciones" sobre la "masacre" suscitada en Pando, donde -dijo- se encontró "un régimen caudillesco y opresor".

Las recomendaciones "son aplicables en la medida de que exista voluntad política para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades", señaló.

La comisión, integrada por nueve miembros pertenecientes a los países que conforman la Unasur, interrogó a 47 testigos de "todos los sectores", ya sean campesinos, facciones de la oposición, de los tres poderes del Estado y al ex prefecto Fernández, entre otros, detalló el coordinador. También se entrevistaron con los opositores que huyeron a Brasil, muchos de los cuales solicitaron refugio político, y con los confinados en un cuartel en las afueras de la ciudad de El Alto, detenidos debido a la vigencia del estado de sitio en Pando.


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