“Que el fraude electoral jamás se olvide”
Uno de los instrumentos neoliberales de mayor eficacia para promover los intereses del gran capital internacional es, sin lugar a dudas, el que imposibilita a los estados para ejercer el gasto público como palanca para el desarrollo. Las normas establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los acuerdos suscritos en los TLC, hacen énfasis en establecer condiciones para sujetar las adquisiciones del gobierno y la obra pública a licitaciones internacionales. Si en algo se expresa con claridad la pérdida de la soberanía es, precisamente, en esta ominosa intervención. Al amparo de estas medidas, los grandes consorcios internacionales operan con ventaja –la de sus capacidades financiera y tecnológica- para dominar en el mercado de la ingeniería y la construcción y, además, sirven de punta de lanza para la incorporación de equipos y maquinaria fabricados por sus empresas asociadas o subsidiarias, con lo que el efecto del gasto público no sólo no se refleja en beneficio del desarrollo del país contratante, sino que impacta adicionalmente sobre su déficit comercial; en ocasiones hasta la mano de obra la traen de sus países de origen, tal como ha sucedido con la empresas coreanas que han hecho trabajos para PEMEX.
El asunto es grave, pero cobra especial importancia cuando los gobiernos, en aras de paliar la crisis económica, han dispuesto la intensificación de inversiones en obras de infraestructura, lo cual tendría los efectos buscados sólo si detonan y dinamizan la actividad productiva local, para lo cual se requiere la contratación de empresas locales y la exigencia de porcentajes importantes de insumos de origen doméstico. Los candados establecidos pudieran hacer que tal condicionante no se pueda cumplir. Los gobiernos mínimamente progresistas, incluido el de Obama, están aplicando salvaguardas, y hasta subterfugios, para salvar sus proyectos y garantizar su efecto multiplicador de la economía doméstica.
Aquí es donde uno se pregunta en qué luna reside el gobierno espurio de México. Resulta que –aunque usted no lo crea- el tal Calderón envía al legislativo una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, mediante la cual se coloca a la empresa mexicana en total indefensión respecto de la competencia de los concursantes internacionales, en contradicción con lo que se está procurando en otros países menos doblegados. Con la iniciativa se elimina cualquier consideración de calidad o de contenido nacional, para privilegiar a la propuesta de menor costo, incluyendo la capacidad de financiamiento, lo cual sólo beneficia a los grandes consorcios transnacionales.
La iniciativa incluye también un mayor énfasis en los controles para evitar la corrupción y mayores penalidades para quienes infrinjan o alteren los mecanismos contemplados por la referida ley. Con esto, independientemente de que no sirve para eliminar la corrupción, solamente se agrega un factor adicional de inacción pública. Para el burócrata vale más la seguridad de la omisión que el riesgo de caer en errores punibles. Vale recordar que la principal forma de combatir la corrupción es la ejemplar honestidad en el mando; sin ella las leyes sirven para lo que se le unta al queso. Calderón está especialmente descalificado para brindar ejemplo de tal honestidad, comenzando por el fraude electoral. Este es uno de esos casos en que sale más caro el caldo que las albóndigas; las medidas contra la corrupción que tratan al servidor público como delincuente natural, además de atentar contra los funcionarios honestos (que los hay) se revierte en la parálisis en la ejecución de la obra pública; así, evitar la corrupción resulta más caro que si se le dejase libre.
Por lo que se ve, la iniciativa de Calderón no es más que otro mecanismo para seguir desmantelando al estado y entregando el país a los intereses extranjeros. La bancada perredista en el senado ya manifestó su oposición a la aprobación de la iniciativa y prepara una contrapropuesta diametralmente opuesta; la senadora Yeidckol Polensky, anteriormente dirigente del empresariado nacionalista, ha puesto el dedo en la llaga exhibiendo con precisión los defectos de las medidas propuestas.
No obstante su gravedad, el tema no ha merecido mayor atención en los medios, ocupados en dar testimonio del lodazal en que los panistas han convertido la contienda electoral, ahora volcados hacia el PRI. Están muy seriamente preocupados por la baja en sus expectativas. Respecto de la izquierda, se muestran satisfechos del trabajo realizado por sus quintacolumnistas y no lo consideran digno de mayor preocupación. Es momento para recordar que, a falta de un instrumento legal de revocación de mandato, la elección intermedia hace las veces para reprobar la actuación de un gobierno. Los que guardamos un mínimo de nacionalismo y progresismo tendremos que tenerlo claro; no se vale caer en el garlito del abstencionismo o del voto nulo. Es la oportunidad para redoblar el esfuerzo de la movilización popular y convertirla en una votación masiva que rechace al actual modelo político podrido, incluido el del PRI. Andrés Manuel y el Movimiento en Defensa del Petróleo y la Economía Popular, están convocando a dar esta lucha. No la dejemos pasar.
