En
este sentido, los hondureños nos dieron a los costarricenses una lección
cívica y sobre esta misma premisa quisiéramos establecer algunas analogías
que son mucho más que simples parangones o comparaciones. Primero debemos
constatar que, en el caso de Honduras, estamos en presencia de un golpe
de Estado “sui generis”, de una modalidad golpista que resulta,
en muchos aspectos, novedosa aunque no única, como veremos posteriormente.
Es cierto que en Honduras los militares cumplieron con la regla de oro
de ser la fuerza bruta ejecutora, detrás de la cual se escuda el sector
más retrógrado de la oligarquía criolla, de las corporaciones y las
maquiladoras. Eso no es lo novedoso.
Sin embargo,
aunque estamos en presencia de un ejército golpista, apoyado por el
sector de la clase dominante, a estos grupos se agrega prácticamente
todo el aparato estatal, por lo que podemos hablar, a justo título,
de una institucionalidad integralmente golpista. En efecto, desde
el momento de la detención y expulsión del país del Presidente, tanto
la Asamblea Legislativa como el Tribunal Electoral, la Corte Suprema
de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría del Estado y otros órganos
adheridos al aparato estatal, formaron un solo coro en el que manifestaban
su respaldo a la defenestración del Presidente.
Aunque pareciera
un hecho enteramente nuevo, los golpistas hondureños, se apoyaron en
un ejemplo o más bien, en un modelo recientemente practicado en otro
país centroamericano: Costa Rica. Fue aquí, en este país, donde tuvo
su inicio esta nueva "técnica del golpe de Estado"
como escribió Curzio Malaparte hace cerca de 80 años. Esto lo veremos
detalladamente.
Alguien debió
explicarles a estos golpistas hondureños, con lujo de detalles, la
importancia de contar con el control absoluto de la institucionalidad.
La existencia de esa que hemos llamado "institucionalidad golpista"
y que parece un hecho contradictorio, es la mejor prueba de que, durante
una buena parte de su historia y en particular durante los últimos
decenios, las clases dominantes y sus aliados externos si habían enseñoreado
del control absoluto del aparato del Estado. En buena teoría, esta
situación ocurre invariablemente en casi todos los países del mundo.
Una clase o una coalición de clases sociales económicamente poderosas,
asume invariablemente el mando y control del Estado y no permite que
las iniciativas, exigencias, controles o representantes de los grupos
o clases económicamente desfavorecidas, se filtren, o se infiltren,
en ese aparato.
De modo que,
en apariencia, no estaríamos diciendo absolutamente nada nuevo. Sin
embargo, en Honduras se produjo esa "filtración". Un equipo
de hombres y mujeres, dispuestos a representar no los intereses consagrados
e históricos de la oligarquía y el imperio, sino los del pueblo raso,
adquirieron influencia y poder de decisión en el Poder Ejecutivo. Su
presencia en el aparato del Estado, en este caso en el Poder Ejecutivo,
resultó absolutamente legítima puesto que adquirieron ese mandato
de representación y decisión, en unas elecciones presidenciales que
expresaron la voluntad de la mayoría.
Es muy probable
que algunos de estos actores, ni siquiera hubieran pensado hace algún
tiempo, en asumir ese papel. Pero la vida cambia a las personas honradas
y progresistas; enfrentadas a situaciones de crisis, las acerca con
sensibilidad y claridad al fondo de los acontecimientos, la radicaliza
y pueden terminar optando por los intereses del pueblo, aunque ese no
fuera su propósito inicial. Lo mismo ocurrió en Costa Rica durante
el Referéndum de 2007.
Al producirse
esa ruptura determinante en el equilibrio del poder oligárquico, la
reacción no se hizo esperar. Primero lanzaron contra Zelaya toda la
artillería de los grandes medios de comunicación, secuestraron los
papeles de una consulta popular sin carácter vinculante, luego vino
un amago de acusación por violación constitucional que no pasó del
intento hasta que, poniendo en duda la eficacia de esos métodos, recurrieron
al único que les quedaba: el golpe. Pero como hemos dicho, no fue un
simple cuartelazos sino una acción pacientemente planeada.
La conclusión
no puede ser más clara. En la Centroamérica de nuestros días, ni
las oligarquías ni el imperio, pueden permitir que se desprendan más
eslabones en su cadena de control sobre una de las zonas estratégicas
más importantes del mundo. Dijimos en otra oportunidad, que el istmo
centroamericano es un paso fundamental entre el océano histórico del
desarrollo capitalista y la expansión colonial, el Atlántico y el
mar del siglo XXI, de cara al impetuoso desarrollo económico y militar
del Asia, el Pacífico. Centroamérica continúa como el paso más directo
y expedito entre el este y el oeste de los Estados Unidos.
Con todo
y eso, las distintas repúblicas centroamericanas, tienen también diferentes
grados de importancia relativa en relación con la economía y la geopolítica
mundial. En esta franja territorial, el primer lugar lo ocupa, sin lugar
a dudas, la República de Panamá. Ese hermano país es el epicentro
de la "zona canalera", la llave de entrada y salida del Caribe,
que según estudios recientes -y quizás no tan recientes- es un lago
petrolero de proporciones gigantescas.
Costa Rica
por su parte, se ha convertido en la capital de la oligarquía centroamericana.
Enormes inversiones en actividades industriales, agrícolas, inmobiliarias
y bancarias, han tenido lugar en virtud del ingreso de capitales principalmente
guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y panameños. En ningún
otro país de Centroamérica, existe una mayor concentración de capitales
centroamericanos como en Costa Rica.
En esta perspectiva,
la oligarquía centroamericana decidió respaldar la destrucción
sistemática del Partido Liberación Nacional, fuerza decisiva de la
consolidación de la reforma social costarricense impulsada por Calderón,
Sanabria y Mora y en la construcción de un notable sector capitalista
Estado e importantes servicios públicos, con la obra de José Figueres.
Ésa destrucción no fue explosiva y escandalosa, como ha sido el caso
del otro gran partido local, el PUSC, dinamitado con los juicios penales
y las acusaciones de corrupción de dos expresidentes: Calderón y Rodríguez.
El PLN fue destruido desde adentro, de manera paciente y sistemática.
Fue copado integralmente en todas sus estructuras por una camarilla
de extrema derecha dotada de enormes recursos financieros y mediáticos,
encabezada por los hermanos Arias.
Es en este
sentido que la figura de Óscar Arias y su galardón del "Premio
Nobel", juegan un papel trascendental en Centroamérica e incluso
más allá. Era absolutamente imperativo que Óscar Arias asumiera de
nuevo la presidencia de Costa Rica, aprobara el TLC con los Estados
Unidos, consolidara la alianza estratégica del capital centroamericano
con Costa Rica, alianza de la que el mismo Arias forma parte, y fortaleciera
el polo de la derecha regional con otros países del área. Existían,
sin embargo, escollos insalvables de orden constitucional. Sin embargo,
resultaba imperativo fraguar un golpe de Estado que catapultara a Óscar
Arias a la presidencia del país ¿Pero cómo? Estaba claro que Arias
sólo podía ascender a la presidencia si se rompía el orden constitucional
o lo que es igual, por medio de un golpe de Estado. Además, aún siendo
indispensable la ruptura del orden constitucional en Costa Rica, ese
golpe sólo podía ser dado si se guardaban todas las apariencias de
una institucionalidad intacta, de modo que no se pusiera en entredicho
ni la Carta Interamericana ni se afectara la imagen de esta impoluta
y virginal democracia latinoamericana.
Para cumplir
ese objetivo, era absolutamente indispensable fraguar el golpe con la
plena complacencia de los principales órganos del Estado: Corte Suprema
de Justicia, Tribunal Supremo de Elecciones, Procuraduría, Contraloría
y, si fuera del caso, Asamblea Legislativa.
En efecto,
el artículo 132 de la Constitución Política de Costa Rica permitó
la reelección, hasta el mes de julio de 1969, cuando sobrevino una
reforma trascendental que la prohibió. La vieja Constitución decía:
"No podrá ser elegido presidente y vicepresidente:
- el que hubiera servido a la presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección".
Pero aquel
día, la Constitución se reformó con la ley número 4349, que
prohibió de manera definitiva la reelección de cualquiera que hubiera
ejercido la Presidencia y punto. Sin embargo, mediante el voto número
2771-2003 de las 11:40 horas del 4 abril 2003, es decir, 34 años después
de establecida la prohibición constitucional a la reelección, la Sala
Constitucional declaró inconstitucional aquella prohibición introducida
en 1969, abriéndole paso a la reelección de Óscar Arias.
La interpretación
de la Sala no podía ser más grosera y abusiva. En primer lugar no
existía ni|existe ahora, en toda la estructura jurídica del estado
costarricense, una norma que suplante la letra expresa del artículo
195 de la Constitución que le otorga a la Asamblea Legislativa y a
ningún otro órgano, la potestad exclusiva de
"reformar
parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes
disposiciones:"... etcétera.
Nótese que
la constitución dice " CON ABSOLUTO ACUERDO"…
etc.
Declarar
la Sala Constitucional, como inconstitucional una reforma introducida
hacía 34 años, declarando inaplicable el artículo que prohibía la
reelección presidencial, sólo era concebible como un acto vergonzoso
de sumisión y ultraje a la Constitución, realizado con el exclusivo
propósito de que Oscar Arias pudiera reelegirse. La venalidad de los
principales medios de comunicación se hizo patente, la oposición parlamentaria
con escasas excepciones, guardó silencio y las fuerzas democráticas
del país no reaccionamos a tiempo frente a semejante ultraje al estado
de derecho y al órden constitucional.
Antes de
ir más lejos, debemos recordar que la Sala IV fue constituida, casi
en su totalidad, por elementos subordinados a Oscar Arias. La mayor
parte de sus integrantes, le deben al nombramiento al pequeño grupo
de la cofradía gobernante.
Pero honor
a quien honor merece. Toda esta reiterada truculencia, llevó al ex
presidente Luis Alberto Monge a indicar que "Oscar Arias
le ha metido un bazucaso a la Constitución".
Luego se
produjeron, una tras otra, la absoluta subordinación del llamado Tribunal
Supremo de elecciones, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa a
las decisiones de un Poder Ejecutivo espurio, originado en la violación
del orden constitucional vigente. Fin del golpe.
El resto
es historia conocida. La cofradía de los Arias, en estrecho asocio
con la oligarquía centroamericana, con este golpe de estado magistral,
logró todos sus propósitos en una sola jugada, desplegada principalmente
en estos últimos cuatro últimos años:
1 - Terminó
de copar al Partido Liberación Nacional y lo subordinó por entero
a los intereses oligárquico-imperialistas.
2 - Se
garantizó la tutela de los intereses económicos y políticos
concentrados en Costa Rica, la aprobación del TLC con los Estados Unidos
y el bloqueo del proceso ascensional del movimiento patriótico.
3 - Inició la conversión de Costa Rica en un enclave seguro, situado como dijimos, en la zona canalera, en la puerta del Pacífico y en la cuenca petrolera más importante del mundo, si incluimos al Caribe y a las inmensas reservas de Venezuela.
Sólo hay
algo que superan la perspicacia y la inteligencia de los enemigos de
nuestros pueblos: la estupidez de algunos representantes del movimiento
patriótico costarricense, que le pusieron una barrera infranqueable
a la unidad política y electoral del movimiento cívico, progresista
y latinoamericanista, que ascendía con ímpetu en este pequeño país
de Centroamérica.
Curridabat,
12 de octubre 2009
(*)Doctor en Economía, Abogado, Profesor Universitario, Ex diputado, Ex candidato presidencial, Premio Nacional “Joaquín García Monge”.