En el lenguaje de las relaciones internacionales, existe una vieja institución política, denominada “contramedidas”, que define la respuesta de un Estado frente a los actos inamistosos de otro, que afectan su interés, sea en el plano interno como en el plano internacional.
Una de las contramedidas clásicas esta referida a la afectación del estado jurídico y político de las relaciones diplomáticas, expresada en el “Llamado a consulta” del Jefe de una Misión, la presentación de una “Nota de Protesta”, el retiro de la mayoría del personal diplomático, la declaratoria de persona “Non Grata” de diplomáticos, con la orden de retiro inmediato del país y, por supuesto, la más grave de todas, el “Rompimiento de Relaciones Diplomáticas”, con el consiguiente retiro de todo el personal y, la asignación de los asuntos imprescindibles de las relaciones entre dos Estados, a un tercer país dispuesto a aceptar tal encargo, con base a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Pero, las llamadas “contramedidas” no están limitadas a los asuntos meramente diplomáticos, sino que, en algunos casos, se expresan en otras áreas de sus relaciones, tales como el comercio, la cooperación científica, ambiental, sanitaria y de seguridad, el intercambio cultural y deportivo; excluyendo solo los asuntos humanitarios que, por su propia naturaleza, exceden las situaciones coyunturales de los conflictos.
Entre los elementos mas resaltantes de este tipo de decisiones políticas de los gobiernos destacan los Principios de la Oportunidad y la Proporcionalidad, los cuales afirman que la contramedida dictada debe responder, con inmediatez, al hecho lesivo al interés del Estado ofendido, y, que tal acción, sea de una gravedad igual o parecida a los hechos que la provocaron, de tal suerte que pueda ser comprendida por los nacionales del Estado que la dicta y la comunidad internacional que pueda reaccionar frente a la controversia de las partes.
Todas las consideraciones anteriores tienen el propósito de fundamentar la legítima y adecuada reacción del gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez ante las graves y continuas agresiones del Estado colombiano, dirigidas a desestabilizar políticamente nuestro país, promover una campaña internacional de injurias en contra de nuestro gobierno revolucionario y su líder fundamental y, favorecer, la aproximación amenazante a nuestras fronteras de las fuerzas Armadas de Los Estados Unidos que, como se ha demostrado, tiene como propósito, crear las condiciones para una agresión militar directa contra nuestro territorio nacional, la dirección logística y de inteligencia de una aventura de la narco-oligarquía colombiana o, el apoyo a una acción subversiva desesperada de la contrarrevolución interna.
Hoy, con claros mensajes de solidaridad con el hermano pueblo colombiano, tomando en cuenta las opiniones de líderes amigos y los intereses legítimos de los Estados de los espacios MERCOSUR, UNASUR, ALBA y del CARICOM; la diplomacia venezolana viene desenmascarando en los foros internacionales la política provocadora del imperialismo y sus secuaces de la región, derrotando las maniobras de cerco y criminalización de nuestra conducta internacional, mientras moviliza la conciencia solidaria y combativa de los pueblos de Nuestra América y otras partes del mundo.
La reciente presentación de denuncias contra Venezuela en el Consejo de Seguridad de ONU y la decisión de un tribunal penal colombiano de enjuiciar al diputado venezolano del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa, son nuevos episodios de esta conjura que, con serenidad pero con firmeza, podrán ser respondidas con CONTRAMEDIDAS adecuadas, oportunas y proporcionales, que confirmen la decisión del pueblo y el gobierno bolivarianos del comandante Hugo Chávez Frías, de defender su revolución en todos los terrenos; incluso, en el terreno diplomático.
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