La monarquía española se ha otorgado, por sí misma, la potestad de ser una especie de Tribunal de Inquisición para juzgar a todos los pobladores del mundo, menos a los estadounidenses. Célebre es el juez Garzón y célebre también su participación directa en los interrogatorios con torturas a los prisioneros vascos. Célebre han sido los dictámenes de Garzón decretando apresamiento de personas no españolas para ser juzgadas en España. Un Tribunal español tiene más autoridad jurídica que el Tribunal Internacional de La Haya, la ciudad predilecta de los grandes magnates del capitalismo para realizar sus negocios y acuerdos de expoliación económica en el mundo entero.
Oficiales y Soldados españoles, en obediencia al gobierno español, han ido a otras regiones a cometer genocidios y ningún tribunal español o de otro país los ha juzgado por crímenes de guerra. El Estado español ha sido coautor de invasiones a países donde no tiene vela en los entierros, pero ningún tribunal español o de otra nación ha juzgado a los responsables de esas acciones bajo cargos de criminales de lesa humanidad.
Luego de más de siglo y medio de haber sido derrotado y expulsado el colonialismo español en América Latina, la monarquía española se cree con el derecho, dado por el concepto jurídico de su visión de mundo, de seguir siendo una metrópolis colonialista con autoridad para juzgar a los gobiernos, a los partidos políticos y a las personas latinoamericanas que no entren por el ojal de la aguja de los intereses económicos de los grandes supermonopolios que son amos de la economía española. Aun haciéndose llamar un gobierno socialista español, éste no vacila en condenar y juzgar a cualquier movimiento político, a cualquier otro gobierno o cualquier otra persona (españoles o no españoles) de terrorista si alza su voz bien alto contra el imperialismo y contra todo Estado que comulgue fielmente con los principios del capitalismo salvaje. La monarquía española y el Estado español, gobiernen socialistas o antisocialistas, no respetan el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco y hasta intervienen directamente para derrocar gobiernos que no son de su agrado. ¿Acaso no lo hizo Aznar en abril de 2002 en Venezuela?
Si en algún país del mundo existe una rica experiencia, además de conocimientos que están publicados, del significado de la lucha de clases y de la dualidad de poderes es, precisamente, España. La Guerra Civil Española que culminó en 1939 con el triunfo del falangismo (forma de gobierno semejante al fascismo italiano de Mussolini y al nazismo alemán de Hitler), encabezado por el generalísimo Francisco Franco, lo testimonió con muchísima sangre, sudor y lágrimas. El gobierno español, sea del PSOE o del PP, sabe a ciencia cierta que en España existe en la región vasca una dualidad de poderes, por lo menos, en los sentimientos de su población que ansía se haga valer el respeto a su derecho de autodeterminación. Igualmente lo sabe en relación con Colombia y que en diversas oportunidades lo han reconocido de manera tácita.
Gobernando Aznar, reconocido político de extrema derecha y partidario de guerra imperialista, se produjo en España reuniones entre el gobierno colombiano y el ELN, lo cual fue conocido como el Preacuerdo del Palacio de Viana, donde se destacó la necesidad de un diálogo para la búsqueda de una solución concertada al conflicto armado y político colombiano. Incluso, en la propuesta de Convención Nacional del ELN en Colombia se acordó la invitación de presencia en la misma de un delegado del gobierno español, lo cual éste aceptó. El Preacuerdo del Palacio de Viana, ciudad de Madrid, fue firmado el 9 de febrero de 1998 por las siguientes personas: por el Gobierno de Colombia: José Noé Ríos, Daniel García; por el Comando Central y la Dirección del ELN: Milton Hernández, responsable Frente Internacional, Juan Vásquez, miembro Frente Internacional; por la CCN Augusto Ramírez Ocampo y Ana Mercedes Gómez. Testigos, por el Gobierno de España: Fernando M. Villalonga, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, Director General de Política Exterior para Iberoamérica. ¿Es eso, sí o no, un reconocimiento a un estado de beligerancia de un conflicto político armado de parte del Estado español?
Igualmente en Mainz (Alemania) se hicieron importantes reuniones que llegaron a un acuerdo firmado: por el Ejército de Liberación Nacional (ELN): Pablo Beltrán, miembro del Comando Central. Milton Hernández, miembro de la Dirección Nacional. Por el Comité Nacional de Paz: Jaime Bernal Cuellar, Procurador General de la Nación. Sabas Pretel de la Vega, Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO). Facilitadores: P. Hans Langued S. J. Conferencia Episcopal de Alemania. P. Jorge Martínez Restrepo, Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor Emilio Stehle”. ¿El hecho que esas reuniones y acuerdo se hayan establecido en territorio alemán eso no es en sí mismo un reconocimiento del gobierno de Alemania a un estado de beligerancia en el conflicto político armado colombiano? Y reconocer ese estado de beligerancia con el ELN es, en términos más amplios, hacerlo con las FARC que es la fuerza guerrillera más importante e influyente del conflicto político armado en Colombia.
Por cierto, ojo con esto, mientras se hacían serios esfuerzos en procura de un diálogo entre la insurgencia elena y el gobierno colombiano a final de la década de los noventa del pasado siglo XX, el actual presidente de Colombia, doctor Alvaro Uribe hizo todo género de maniobras políticas para que todos esos intentos de paz rodaran por un abismo y se incrementara la guerra. ¡Santo Dios! Todo el mundo sabe ahora cuánto énfasis ha hecho el gobierno del presidente Uribe por el incremento, la agudización y prolongación de la guerra en Colombia.
El oportunismo político es un principio de los gobiernos capitalistas, sean de naciones altamente desarrolladas o subdesarrolladas, que ponen en ejecución cuando les favorece alguna política de carácter internacional o nacional. No importa si con ello afectan a la mayoría de la sociedad. El gobierno español se hace eco del poder jurídico para buscar culpabilidad del gobierno venezolano en los actos políticos de la ETA o de las FARC. En este momento, para el gobierno de España, las FARC son una organización terrorista como la ETA y como el ELN. Pero hace pocos años se dialogó con la ETA en busca de un acuerdo de paz para España y se apoyó al ELN en solicitud de diálogo por la paz concertada con el gobierno colombiano. De igual manera, el gobierno de España estuvo presente, como veedor internacional, en diversos diálogos realizados entre las FARC y el gobierno colombiano en procura de una salida concertada al conflicto político armado que desde hace décadas padece Colombia. En ese momento, el gobierno español nunca acusó a las FARC de terrorista sino que reconoció, tácitamente, el estado de beligerancia en el conflicto armado o guerra.
Siempre o en última instancia prima, en los gobiernos capitalistas y en cualquier expresión de lucha de clases, los conceptos que sean el reflejo fiel de la defensa de los intereses del gran capital monopolista. Toda forma de lucha ejecutada por las fuerzas opositoras al imperialismo o contra los Estados capitalistas resulta, en este tiempo, terrorismo. Sin embargo, toda forma de lucha ejecutada por los Estados capitalistas contra las fuerzas que los combaten resulta, en este tiempo, defensa de la democracia, de la libertad, de la paz y combate contra el terrorismo, no importa que los muertos los pongan los pueblos, y que la miseria y el dolor sean incrementados a nivel insoportable para los pueblos.
Las interrogantes hechas por el poder judicial español para que sean aclaradas por el gobierno venezolano, son infantiles, carecen de sentido común y no buscan otra cosa que crear un nivel de desinformación y atracción de opinión pública que justifique una intervención armada del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Venezuela. Como si fuésemos niños de una guardería, se pregunta: 1.- ¿Cuál es la vinculación de un vasco nacionalizado venezolano con ETA y con las FARC? Eso debe preguntárselo el poder judicial español al vasco nacionalizado venezolano, si lo encuentra y él desee responderle o a ETA y a las FARC, si esas organizaciones revolucionarias desean responderle; y 2.- ¿Qué sabe el gobierno venezolano de la vinculación entre ETA y las FARC? Eso debe preguntárselo el poder judicial español a los gobiernos de España y de Colombia o a las direcciones políticas de ETA y las FARC.
La potestad jurídica que se abroga el Estado español de pretender juzgar al resto del mundo, menos a Estados Unidos, es una grotesca manifestación de colonialismo jurídico capitalista. ¿Por qué no se ha juzgado al expresidentes Aznar, culpable de genocidios en otras regiones del mundo ordenando a sus militares plegarse a los invasores estadounidenses en procura de dominio económico sobre el resto del mundo? ¿Por qué no se ha juzgado a Garzón por torturas a los detenidos vascos o por qué no existen policías presos por graves violaciones a los derechos humanos de los vascos? ¿Por qué no se ha juzgado a todos o a pocos altísimos funcionarios del extinto gobierno franquista que cometieron crímenes de lesa humanidad, si es que éstos nunca proscriben? ¿Por qué el gobierno español no invierte su tiempo en crear, de verdad verdad, un régimen económico-social donde queden resueltas satisfactoriamente las, por lo menos, esenciales necesidades materiales y espirituales del pueblo español? ¿Por qué el gobierno español, si en verdad respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos, no deja que los vascos decidan por sí mismos su propio destino?
Nosotros creemos en el socialismo; creemos que el proletariado no tiene fronteras y debe ser el principal protagonista en la lucha de clases para derrotar el capitalismo; creemos que el socialismo altamente desarrollado termina para siempre con todas las contradicciones sociales antagónicas y, por consiguiente, con todas las expresiones de la violencia social y soberanías nacionales, para que el mundo vuelva a ser humanidad en permanente desarrollo conquistando la felicidad de toda existencia humana. Sin embargo, mientras eso no sea posible, nos solidarizamos con todos los pueblos que luchan por hacer valer su derecho a la autodeterminación y, entre ellos, destacamos al pueblo vasco y el de las Islas Canarias en lucha contra el colonialismo español.
Por eso decimos al Estado español –en general- y a su poder jurídico –en lo particular-, no sigan invirtiendo su tiempo en ocupaciones intervencionistas que no cuajarán en la conciencia de otros pueblos.
