Los días 11, 12 y 13 de Abril de 2002 en Venezuela ocurrió un fenómeno social que demolió, si se quiere a nivel global, todo el tinglado sobre el papel de los medios de comunicación, en particular los privados, en las sociedades modernas; tema sobre el cual el debate de ideas adquiere una importancia de primer orden toda vez que en la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de nuestra Asamblea Nacional, fue presentado recientemente un papel de trabajo que aspira, luego de activarse el pueblo legislador a nivel nacional, convertirse en una Ley de la Comunicación popular este año.
Ello sucede justo cuando comienzan a hacerse publicas las demoledoras criticas surgidas en el recién finalizado Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre las desviaciones de su revolución, no pocas consecuencia del manejo antidemocrático cuando no burocrático de los medios de comunicación del Estado socialista cubano.
En este contexto, la mirada de dirigirse hacia una sola dirección y hacia una inaplazable meta, la cual, mas allá de la importancia que le atribuye el liderazgo bolivariano y por encima de los obstáculos que le pone la burocracia roja-rojita, deberá hacerse realidad: La reapropiación del poder político por los de abajo, por los "otros" (los de la otra comunicación), en fin, por el pueblo.
Pero he aquí que surge la pregunta: ¿Podrá el pueblo reapropiarse del poder político sin reapropiarse de su histórico -la comunicación como parte esencial de la naturaleza humana y de su condición de sujeto de cambios- poder comunicacional? La respuesta evidentemente es no.
Por ello, no puede dejar de producir suspicacias y cierta predisposición a estar alertas, la irrupción de cierta burocracia comunicacional del Estado Venezolano, más identificada con grupos de poder y de control de lo comunicacional, buscando mediatizar desde ya el debate público a generarse en torno a la anhelada ley de Comunicación Popular. Más aun cuando ésta se ha mostrado indiferente en los últimos tiempos con el estado en que se encuentra este sector comunicacional.
Es de importancia capital dejar sentado públicamente y de una vez, que seria un craso error -recordemos lo expuesto en los dos primeros párrafos- pretender que una supuesta y dudosa estrategia de "hegemonía comunicacional" -la cual requiere otro debate- debe abarcar, o mejor dicho subsumir, la comunicación popular.
Lo que surja de este debate, deberá surgir, o mejor dicho aun, deberá ser construido desde abajo, desde el debate amplio, democrático y no excluyente de los actores propiamente dichos de la comunicación popular.
Y algo que es mas importante aun: deberá surgir desde el ejercicio pleno de la autonomía de lo que sin duda alguna ha sido y es, en el marco del proceso histórico democratizador mundial, el movimiento social de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Cuya razón de ser es desde su insurgencia, décadas ha, la defensa del derecho a la comunicación y la información, que no solo a recibirla oportunamente, sino además: buscarla, procesarla y difundirla también oportuna y verazmente.
En todo caso, si es un acompañamiento sinérgico a la comunicación popular el que debe venir desde el Estado, sus efectos serán plausibles, y ello pasa por entender que la deuda social de éste con el pueblo venezolano también se expresa en lo comunicacional y esta también hay que honrarla y qué mejor que una ley para este sector.
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