Sobre los muertos de la violencia postelectoral se intenta echar un manto de silencio y olvido. No es la primera ni será la última vez que se busca sepultar la verdad bajo una lápida mediática. La revolución bolivariana tiene una dilatada experiencia sobre la materia desde el golpe de Estado de 2002, cuando al presidente Hugo Chávez le partieron la pantalla y luego, lo sacaron definitivamente del aire. El silencio impuesto a los venezolanos el 13 de abril de ese año retumbó en todo el mundo. Todavía se escucha.
Ahora, en 2013, luego de la mingona derrota de Capriles y la derecha, se pasa del ocultamiento de las víctimas a su negación: nadie murió, ningún CDI fue quemado, ni ninguna casa del PSUV incendiada. El siguiente pasó sería victimizar a los agresores. El ladrón en la calle volvió a gritar: ¡Al ladrón, al ladrón! El ex candidato biperdedor hablaba de paz cuando todavía las llamas de su instigación a “drenar la arrechera” no terminaban de apagarse. Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 es así: te prendo la casa y luego te acuso de violento.
En esta línea, algunos opositores han empezado a armar un expediente para llevar a Nicolás Maduro a instancias internacionales. Hasta en esto es el sucesor del Comandante Chávez, a quien amenazaron con la Corte de La Haya durante 14 años. Diego Arria todavía anda buscando pruebas por los rincones. A quienes piensan sentar al gobierno bolivariano en el banquillo, les recomiendo hacer bien las cosas y ponerle seriedad al asunto. Como venezolano, así sean adversarios políticos, me apenaría que mis paisanos escuálidos pasen de lo sublime a lo ridículo allende las fronteras. No es justo.
Veamos: la prensa habla alegremente de unos 150 detenidos y torturados. De ser cierto y tener prueba del 1% de esa cantidad, sería suficiente para condenar a un gobierno. Hasta este cronista, por razones humanas, se sumaría a la denuncia. Pero no pasan de allí. Si usted les pide pruebas lo acusan de atentar contra la libertad de expresión. Otra mentira para ocultar la violencia postelectoral y los muertos es la de los “despidos masivos”. El diario El Nacional tituló en primera: “Destituyeron a 400 docentes señalados como opositores” en el Zulia. En el cuerpo de la noticia se “aclara” que 1.800 educadores fueron “amenazados”, según un eterno sindicalista. De casos concretos, sólo indican los de directores sustituidos o regresados al trabajo de aula. Al parecer, regresar a dar clase es una afrenta para esos señores directores.
Miren, cuando llega un nuevo gobernador, sea bolivariano o de oposición, procede a nombrar su tren directivo, su equipo. En las universidades autónomas -todas de oposición- , los nuevos decanos cambian todos los directores de escuelas e institutos. Pregúntenle a la rectora García Arocha si al tomar posesión sustituyó o no a los directores del rectorado y dependencias centrales de la UCV. De verdad me preocupa el expediente que están armando los opositores con esos recortes periodísticos. Informaciones chimbas conducen a expedientes burdos. Inquieta que esas “denuncias” mediáticas lo que buscan es ocultar los muertos y víctimas de la violencia postelectoral, la verdadera violación de los derechos humanos del pueblo humilde, sobre el que cae una vez más la ignominiosa lápida mediática.
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