Por qué una ley de la Comunicación Popular. Por qué no una Ley del Poder Popular
Es que acaso estamos en una sociedad socialista? Evidentemente no.
Más bien estamos en un largo tránsito hacia el socialismo, el socialismo bolivariano, que no está totalmente delineado sino que se va delineando en ese transitar. Naturalmente con el trazado de líneas enmarcadoras que van señalando el cauce por cierto trecho y que necesariamente habrá que ir adecuando en la medida que el avance interno del accionar colectivo y las circunstancias geopolíticas y la correlación de fuerzas así lo vaya determinando.
En este marco habría que seguir hablando de Medios Alternativos y Comunitarios (MAC), en sus diversas vertientes (impresa, radioeléctrica, digital, muralística, etc.), cuya actuación debe estar en función de los objetivos estratégicos que tiene planteado el proceso de cambio bolivariano para la transformación del país, es decir, la Revolución Bolivariana, que, asumimos, tiene la orientación o está enfocada hacia la construcción de la sociedad socialista.
Enfoque u orientación que no puede perder de vista la realidad existente, diversa, contradictoria, en la que se debate o se expresan distintas y contrapuestas concepciones de las relaciones sociales. La Ley, que apunta a reglamentar la realidad comunicacional en el campo popular, no debe pretender suplantar esa realidad sino, más bien, reflejarla y con ello señalar los lineamientos estratégicos que orientan el accionar en el trecho que estamos transitando, en otras palabras, debe ser pensada o concebida para la transición, como una Ley para la transición, o mejor, para un trecho de la transición; recoger la realidad para irla transformando progresivamente.
Y qué es lo que tenemos presente en la realidad actual, a qué se enfrenta el pueblo venezolano en esta coyuntura, pues se enfrenta a una guerra no oficializada por parte del imperialismo y de la burguesía parasitaria que está siendo desplazada del poder, hecho frente al cual, estos enemigos, están haciendo o están dispuestos a hacer hasta lo indecible por evitar se consolide ese desplazamiento, o lo que es lo mismo, se materialice o se afirme la Revolución.
Como sabemos dentro de esa guerra imperialista y burguesa la guerra mediática y psicológica juega un rol fundamental, buena parte de los "cañones" de esa guerra están concentrados en el frente mediático dirigidos a afectar la psiquis del pueblo venezolano y a obstruir la concreción de la Revolución.
En este período los MACs han tenido un papel destacado contrarrestando el mensaje hegemónico y capitalista de la mediática imperial y privada local y versionando un mensaje alternativo, contrahegemónico, antisistémico, bolivariano y socialista, orientado siempre a la defensa de los intereses populares y de los objetivos estratégicos del gobierno chavista y bolivariano. Y es allí donde la Ley de la Comunicación Popular debe poner su acento, en el cómo se contrarresta o se combate la guerra mediática desde el ámbito popular.
A nuestro juicio, en consecuencia, debe ser una Ley enfocada al fortalecimiento de los MAC, en todas sus vertientes, para que cumplan el papel que les corresponde en esta difícil coyuntura por la que atraviesa la Patria y la Revolución Bolivariana.
La idea no puede ser ir hacia la eliminación de los MAC o hacia su debilitamiento que es como sugieren, implícitamente, algunos de los enfoques que hasta ahora se han presentado.
En estos 16 años de proceso bolivariano han sido los MAC con sus deficiencias o virtudes los que han estado, en el campo popular, al lado de los medios oficiales, dándole la batalla a los enemigos de la Revolución Bolivariana; sería por demás mezquino y hasta contrarrevolucionario desconocer este aporte cuando lo correcto es valorarlo, claro está en su justa dimensión, sin pretensiones de protagonismo desmedido, pero al mismo tiempo sin menoscabar su contribución.
Entonces la idea no puede ser una Ley para sumergir a los MAC en las instancias del Poder Popular, supeditándolos o mediatizándolos. No, la realidad es que ese Poder Popular, no está construido, se está construyendo, en el marco de complejas contradicciones que son expresión de la lucha de clases presente en la sociedad venezolana.
Por ello, entendemos que los MAC existentes, que son los promotores iniciales de la Ley, que vienen de un complejo proceso de constitución y desarrollo, que, además, tienen distintos orígenes, respondiendo, siempre, a las exigencias del combate en contra de los enemigos de la Revolución, deben ser concebidos, principalmente, como factores coadyuvantes de ese proceso constructivo del Poder Popular .
Pero no sujetos a él, en primer lugar porque lo preexisten y, en segundo lugar, porque es necesario preservarlos de las contingencias que pudiesen sobrevenir, pongamos por caso, por ejemplo, un Consejo Comunal, cuya mayoría pasa a ser conformada por sectores opuestos a la Revolución, se le brindará, a esa mayoría, en bandeja de plata el control de un medio, ya hecho, ya consolidado, que pasará a estar al servicio de un proyecto político contrapuesto al que encarna el Proyecto Bolivariano; negándose, de esta manera, la trayectoria y la función de lucha del MAC en cuestión.
Caso distinto, por supuesto, es el de aquellos medios surgidos y fomentados por instancias del Poder Popular, que, naturalmente, responderán a las contingencias de la propia dinámica de lucha generada en la instancia respectiva.
Es decir, en materia de comunicación popular, estamos hablando, por un lado, de los MACs, algunos de los cuales tienen su origen anterior a la Revolución, que han sido potenciados por la misma y curtidos al calor de la lucha por su defensa y consolidación, que están extendidos por centenares, en sus diversas vertientes, a lo largo y ancho del territorio nacional y que constituyen por experiencia y firmeza probada, tradición y definición, su brazo comunicacional popular.
Y, por otro lado, la expresión de la comunicación popular incipiente, que está naciendo o está por nacer de las instancias del Poder Popular, que está llamada a cumplir un papel, también, bien importante en la lucha planteada por la construcción de la sociedad alternativa en ciernes, la sociedad socialista bolivariana y chavista, hoy por hoy sometida a los avatares de una encarnizada lucha social y política.
Por tanto, el instrumento legal que está en discusión debe reconocer la existencia de estas dos expresiones de la comunicación popular, una ya curtida en la lucha y otra en ciernes, la idea es que se complementen no que se contrapongan, que se refuercen mutuamente porque ambas tienen mucho que aportar, junto con la expresada a través de los medios oficiales, en esta sostenida, incruenta pero decisiva lucha por la hegemonía cultural, que no comunicacional, que precede a cualquier desenlace de la confrontación entre los dos modelos antagónicos o concepciones de vida y sociedad en pugna en la coyuntura venezolana.
En consecuencia, desde nuestro punto de vista, a la hora de determinar el sujeto de la Ley de la Comunicación Popular deben ser los activadores de la comunicación popular, es decir, los comunicadores populares que se expresan a través de los MACs y los que activan a través de las instancias comunicacionales del Poder Popular; confluyentes ambos en el gran torrente del pueblo comunicador, exponente del bravo pueblo venezolano en su conjunto, que en definitiva es el sujeto político de la Revolución Bolivariana. Por ello, para ser más precisos, proponemos que la denominación de la Ley sea Ley de la Comunicación Popular, de los Comunicadores y Comunicadoras Populares.
Ante la situación de la vertiente comunicacional popular impresa
En cuanto a los MAC Impresos, la situación concreta es que en su gran mayoría han estado sometidos a un cerco inclemente de las circunstancias del país y de un sector gubernamental vinculado al área comunicacional que asume que frente a esas circunstancias (caída de los ingresos petroleros, escasez de divisas, dificultades para la importación de insumos para la producción de impresos, especialmente, papel y planchas, etc.) lo indicado es que la comunicación alternativa y comunitaria impresa deje de producirse, algo así como "la venta del sofá" en el viejo cuento del cornudo.
Por lo visto, para quienes así piensan, no hay otra fórmula que la del sacrificio de esta vertiente de la comunicación popular que a la fecha ha venido jugando un importante papel en la defensa del proceso revolucionario bolivariano. Salida esta que rechazamos de plano no sólo por la ligereza en la consideración de la situación sino porque indica falta de comprensión acerca de la estrategia de guerra que el imperialismo tiene declarada contra el país, en la que la guerra mediática, en estos momentos, tiene un carácter esencial que requiere, a su vez, de una respuesta integral desde la Revolución Bolivariana y del pueblo venezolano; es decir, frente a la guerra imperial la respuesta debe ser la guerra popular, la guerra de todo el pueblo en contra del enemigo imperial y de sus acólitos locales.
Entendiendo, por supuesto, que, en nuestro caso, a diferencia de otros pueblos que han librado este tipo de guerra, en el pasado, lo han hecho en posiciones, francamente, desventajosas, sin tener el control del gobierno de sus países; que no es nuestro caso, en el que efectivamente se cuenta, en esta coyuntura, con el control del gobierno y buena parte de la posesión del Estado, siendo esta una particularidad del proceso revolucionario venezolano.
Por ello sostenemos que debemos aprovechar esta particular ventaja para encontrarle respuestas satisfactorias a las situaciones adversas que se presentan en el camino, como es el problema de los insumos, frente al cual desde el gobierno, con voluntad política, siempre se pueden conseguir soluciones.
La pregunta que habría que hacerse es si es necesario o no el aporte que, en la guerra mediática planteada, pueda dispensar la comunicación popular impresa. Si tenemos claro que es imperativo apelar a todos los esfuerzos y recursos para librar exitosamente esta guerra mediática, evidentemente, la respuesta ha de ser afirmativa; si no lo tenemos claro, entonces, no habría nada que debatir.
Nuestra perspectiva desde la Unión Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios (UNAMACI), es que la estrategia revolucionaria debe hacer uso y apelar a todos los recursos posibles y disponibles para enfrentar al poderoso contendiente que tenemos por delante, que, por cierto, sabe utilizar y utiliza todos los mecanismos a su alcance desde los más sofisticados a los más tradicionales.
La Revolución, con más razón, debe saber instrumentar y articular todas las formas expresivas, desde las más artesanales hasta las más adelantadas desde el punto de vista tecnológico dentro de la idea de atender, comunicacionalmente, a todos los sectores que conforman el pueblo venezolano en todo el territorio nacional, sin dejar a nadie por fuera, asumiendo, precisamente, que es la guerra de todo el pueblo.
En este sentido, entendemos que no hay que menospreciar a ninguna vertiente comunicacional, a ninguna forma expresiva, sólo que, naturalmente, habría que ubicarlas en su justa dimensión. Encuestas recientes (Hinterlaces, mayo 2015) señalan que los venezolanos tienden a informarse: el 61 % a través de la televisión, 16% por los portales y redes sociales, 15% por los medios impresos, 4% por las emisoras radiales; este dato concreto nos indica que es necesario hacer uso de todas las formas expresivas dimensionándolas en su presente significación, pero, al mismo tiempo, sin descartar, estratégicamente, los cambios que podrían operarse en la coyuntura producto de los vaivenes de la confrontación política.
Tal cual como lo asumió y lo practicó el Comandante Chávez quien era un "comunicador por excelencia, fenómeno comunicacional del Siglo XXI, que apeló a todos los medios que tenía a su alcance para comunicarse con su pueblo, sin desestimar ninguno; así como hacía uso o estimulaba el uso de un megáfono, de un volante, de un mural, de un conversatorio en una esquina, de una emisora o periódico nacional, local, comunitario, alternativo o de su programa Aló Presidente así mismo estimulaba el acceso a las redes sociales y propiciaba la creación de TELESUR y de la Radio del Sur; sabiendo aprovechar cualquier medio para relacionarse y comunicarse con la sociedad. Siempre entendiendo que lo importante era mantener una relación permanentemente interactiva, formativa, educativa entre y con el pueblo."
Esta precisión de conceptos se hace pertinente a la hora de abordar lo relacionado con el diseño y elaboración de la Ley de la Comunicación Popular, de los Comunicadores y Comunicadoras Populares en la que cabe tocar algunos aspectos en los que también tiene relevancia lo referente a la preservación de la vertiente comunicacional alternativa y comunitaria impresa.
En torno a la forma jurídica o forma organizativa de la comunicación popular
Haciendo válido el enfoque de la existencia de las dos expresiones de la comunicación popular, la de los MACs y la de las instancias del Poder Popular, ambas apuntando al forjamiento del pueblo comunicador, en esta etapa coyuntural, luce como necesario que entendamos que ambas expresiones tienen sus formas organizativas específicas , a las cuales corresponden, a su vez, respectivas formas jurídicas.
Es el caso que en las instancias del Poder Popular, en los Consejos Comunales, los comunicadores populares cuentan con su forma organizativa que es el Comité de Medios de Comunicación e Información, como lo establece el artículo 9 de la Ley de los Consejos Comunales, que a su vez se agregarán en el Comité de Gestión correspondiente de la Comuna en el espacio geográfico en la que esta se haya constituido, según lo contempla la Ley Orgánica de las Comunas; adoptando las formas jurídicas que mejor se adecúen a las pautas que establecen las leyes del Poder Popular.
En cuanto a los MACs, estos se han venido dando formas organizativas y jurídicas en base a su propia dinámica constitutiva y a la necesidad de mejor relacionarse con los entes estadales, en función de la consecución de los recursos requeridos para su funcionamiento, es así como se han configurado como fundaciones, cooperativas, firmas personales, asociaciones civiles, etc., figuras, todas, contempladas y reconocidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes de la República.
En consecuencia lo sensato, atendiendo a las realidades, al origen y trayectoria de los MACs, es que estos se sigan orientando en cuanto a sus formas organizativas, en las que han venido practicando a todo lo largo del proceso bolivariano, que a ciencia cierta han demostrado su eficacia y ser apropiadas para el cumplimiento de las tareas y funciones que le corresponden desarrollar como medios de comunicación aliados estratégicos del gobierno bolivariano en el esfuerzo común de replicar el mensaje mediático imperialista y lacayuno, de defender a la Revolución Bolivariana y de contribuir al forjamiento y desarrollo del pueblo comunicador y a la construcción del Poder Popular.
Con relación a la agregación u organización nacional y regional
Otro aspecto sustantivo en el tema organizativo es el relacionado con la estructura nacional y regional como ha de articularse el movimiento social de la comunicación popular del país a nivel de los MACs. Si partimos del hecho incontrastable de la existencia de distintas agremiaciones u organizaciones en las vertientes comunicacionales a nivel regional y nacional, lo pertinente es que en la figura organizativa que los agrupe tengan cabida esas expresiones orgánicas de los MACs, tendiendo a que cada vertiente se vaya constituyendo nacional y regionalmente.
Este planteamiento se fundamenta en que si bien los MACs tienen propósitos que le son comunes, que ya hemos esbozado, en términos generales, también es irrefutablemente cierto que cada vertiente comunicacional alternativa y comunitaria tiene su especificidad, sus problemas y requerimientos que les son inherentes y que necesitan, por tanto, ser atendidos, tratados y considerados debidamente y eso es competencia irrenunciable e indeclinable de cada vertiente. Por supuesto, ello no obsta, todo lo contrario, para que se constituyan instancias de articulación regional y nacional que le impriman la necesaria fortaleza, vitalidad y coherencia al movimiento social de la comunicación popular alternativa y comunitaria del país, llamado a jugar un papel cada vez más importante en las luchas sociales del pueblo venezolano y en su proyección hacia la integración nuestroamericana.
En cuanto a las EPS
Así mismo, en este ámbito orgánico- jurídico, es necesario fijar posición en torno al planteamiento que han venido formulando algunos compañeros con relación a la figura de la Empresa de Propiedad Social (EPS), organización socioproductiva contemplada en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, provechosa disposición, para impulsar la "producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios" a fin de satisfacer las necesidades colectivas y el desarrollo endógeno. Sugieren estos compañeros que esta podría ser la figura legal a adoptar por los MACs.
En nuestra opinión, compartiendo la reflexión que, en este sentido, han venido haciendo los compañeros del Consejo de Medios Comunitarios de Miranda (CMCM), no debe ser una figura surgida de una ley de economía, por muy buena que sea la intención, y la prédica de algunos funcionarios que la justifican, indicando, "que es la única manera en que el estado puede cumplir con su papel constitucional de coadyuvar a la comunicación popular" y la manera de no colocarnos de espalda a la construcción del Estado comunal.
Gruesa aseveración esta que además de su carácter reduccionista pasa por alto dos aspectos fundamentales de la realidad socio-política venezolana: en primer lugar, que efectivamente producto de sus luchas, el pueblo venezolano del cual los MACs formamos parte indeclinable, ha conquistado el derecho constitucional al apoyo del Estado para potenciar su organización y su participación en la vida social y nacional; en segundo lugar, que es público y notorio el compromiso y la identificación de los comunicadores populares integrados en los MACs con la Revolución Bolivariana y Chavista, con su defensa y con el combate frontal, en el ámbito mediático y político, al imperialismo y a sus lacayos locales.
La comunicación no es mensurable
Pero, por otra parte, además, es dable destacar como lo señalan los compañeros del CMCM que la comunicación no es una mercancía, no es mensurable, es un derecho humano, que en este caso se ejerce con una finalidad política estratégica y es así, desde esta óptica, como asumimos debe ser considerada la relación MACs-Estado, como aliados estratégicos que fuerzan la concreción del Estado Comunal y de la Sociedad Socialista.
Desde esta perspectiva, en UNAMACI, consideramos la conveniencia de pensar, de repensar, de concebir una figura legal que se adecúe a las características y naturaleza de los movimientos sociales, en general, que no tienen por fin la relación mercantil, la compra-venta de su esfuerzo y, en particular, al movimiento social de la comunicación popular incorporado de manera integral al avisoramiento y postulación de los valores bolivarianos y chavistas en la sociedad del porvenir.
