La comunicación popular, alternativa y comunitaria es de vieja data en nuestro país, durante el período cuarto republicano observó un carácter esencialmente subversivo, en virtud de las trabas que encontraban los comunicadores populares para desarrollar una actividad que no gozaba de la aprobación ni del Estado ni de quienes ejercían el monopolio del quehacer comunicacional en el país; por supuesto, todo esto motivado, precisamente, a la definición de alternativa que asumía esa forma de expresión, que pretendía dar a conocer, difundir una versión de la noticia y una interpretación de la realidad distintas a la que privaba en los medios de comunicación oficiales y privados.
Con la insurgencia del Proyecto Bolivariano, surgió la necesidad en el seno del pueblo de procurar la defensa comunicacional del nuevo proceso político que se instauraba en el país, que, naturalmente, no contaba con el respaldo del poderoso aparato mediático que la burguesía local había venido montando en el trayecto de varias décadas, a lo largo y ancho del país, y que le permitía cubrir todo el territorio nacional y, menos aún, de la estructura comunicacional transnacional siempre al servicio de los inescrupulosos intereses imperialistas estadounidenses.
Es así como se inicia toda una fluida actividad comunicacional definidamente popular, que si bien era tecnológicamente incipiente y de naturaleza precaria, por su magnitud y vocación militante adquirió, rápidamente, la connotación de fenómeno social extendiéndose, prácticamente, por todo el país. Comenzaron a surgir medios alternativos y comunitarios identificados con el proceso bolivariano que sin faltar a la verdad, la verdad del pueblo, asumieron la defensa de los intereses nacionales y populares encarnados sin ninguna duda en el mensaje y en la práctica política del Comandante Chávez, quien supo erigirse como el primer y más audaz comunicador popular del país.
Al cabo de 16 años de trayectoria del proceso bolivariano, ese fenómeno comunicacional inicial se ha venido transformando en un vigoroso movimiento social conformado por más de mil medios alternativos y comunitarios, en los que activan miles de comunicadores populares en las diferentes vertientes expresivas de la comunicación popular, que, si bien, aún no se han articulados orgánicamente si están sembrados intensamente en la dinámica social que se ha desarrollado en Venezuela durante el período bolivariano y constituyen una demostración evidente, tangible, del proceso de democratización social, política y comunicacional que se ha adelantado en nuestro país en estos años.
La aprobación de la Ley de la Comunicación Popular significaría un hito muy importante para el desarrollo y fortalecimiento del movimiento social de la comunicación popular, pues el articulado de la misma contempla una serie de aspectos de vital trascendencia tanto en el orden organizativo, como tecnológico, formativo, en cuanto a la sustentabilidad y a la seguridad social de los comunicadores y comunicadoras populares y con relación a la expansión de los medios alternativos y comunitarios en las distintas vertientes en que se expresa la comunicación popular en la Venezuela bolivariana. Es una ley revolucionaria con la que se avanzaría ampliamente con el proceso de democratización de la comunicación en nuestro país.
La idea es que con las nuevas propuestas que recientemente fueron consignadas ante la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, presidida por los diputados Blanca Eeckout y Earle Herrera se refuercen las contenidas en el proyecto de Ley, ya aprobado, en primera discusión en el año 2011 y se proceda, en el segundo período de sesiones de este año 2015, a su aprobación y sanción definitiva, cumpliéndose así con la sentida aspiración de los comunicadores populares del país, que permita sean interpretados y reconocidos en su labor de construcción de Patria, de impulsores del Poder Popular y de la nueva conciencia orientada al forjamiento de la sociedad del porvenir, la sociedad socialista bolivariana.
Con esta visión y desde esta perspectiva, la Unión Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios (UNAMACI), ha asumido la promoción de la Ley de la Comunicación Popular, que le corresponde a los diputados bolivarianos sancionarla, en segunda discusión, en la Asamblea Nacional y a los comunicadores populares defenderla y hacerla letra viva en la calle.
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