En el programa de GoebbelsTerror llamado Tocando Fondo, transmitido el día sábado 15 de julio entre ocho y nueve de la noche, cuyo invitado era el precandidato presidencial Julio Borges (Primero Golpistas), para responder a interrogantes formuladas por un panel de jóvenes, hacia el final del espacio uno de ellos (casualmente, estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello) lo interpeló, preguntándole cómo debía conducirse el electorado venezolano el próximo 3 de diciembre, con vista de la actual composición de la directiva del Consejo Nacional Electoral. El interpelado, luego de soltar las consabidas y esperadas estupideces acerca de un CNE secuestrado por el rrrégimen chavista, ilustró explícitamente al grupo de jóvenes presentes sobre cómo debían ellos comportarse en los venideros comicios presidenciales: pasando por encima de las máquinas captahuellas, “le guste o no al gobierno”, y abriendo las cajas contentivas de las papeletas para revisar su contenido, “le guste o no al gobierno”.
Ciertamente mi especialidad no es Derecho Penal. Pero, partiendo de la consideración de que a) La verificación de la identidad de cada elector y la constatación de que aún no ha ejercido su derecho al voto, mediante su chequeo por la máquina captahuella, de ser ello implementado por el CNE, sería una práctica de todo punto obligatoria e imprescindible para poder sufragar, y b) Las cajas contentivas de las papeletas de votación deben permanecer cerradas y selladas bajo la custodia de los efectivos del Plan República, siendo aperturadas y contabilizadas las papeletas únicamente bajo las condiciones de forma y de fondo previstas en la normativa legal, entonces, el referido Julio Borges, al expresarse ante las cámaras de televisión como lo hizo, estaba instigando públicamente a la audiencia a cometer ciertas infracciones determinadas, o excitando públicamente a la desobediencia de la normativa electoral vigente para el momento del acto comicial; de ser cierta mi apreciación, habría cometido –abierta e indubitablemente- el delito de INSTIGACIÓN A DELINQUIR previsto en los artículos 284 y 286 del Código Penal venezolano. De igual modo, la empresa televisiva del caso se haría acreedora de la sanción prevista en el artículo 28 de la vigente Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por incursión en los supuestos previstos en su ordinal 4°, literales “w” y “x”.
Considerando las cochinadas que a diario difunden los medios golpistas sin que les ocurra nada, lo anterior puede parecer una nimiedad. Pero estimo que, con tantos indicios demostrativos de que los mismos agentes desestabilizadores intervinientes directos o indirectos en el nefasto Carmonazo, el sabotaje petrolero, las guarimbas, etc., se disponen a intentar una nueva ruptura del hilo constitucional para impedir que el Presidente Chávez siga en el gobierno, de ningún modo se puede caer otra vez en la permisividad cómplice que otrora fomentó y consintió los llamados a la “desobediencia civil”, las sopotocientas transmisiones de los golpistas desde la tristemente célebre Plaza Altamira, las imágenes con mensajes subliminales –que también han reaparecido- y toda la artillería mediática que tanto daño causó a nuestro país y a nuestra gente. Creo que ahora, gracias a la Ley Resorte –que no existía en abril de 2002-, las Organizaciones de Usuarios y Usuarias previstos en el citado texto legal, con el apoyo del pueblo actuando decidida y frontalmente, podemos impedir o al menos atenuar la difusión del veneno mediático destinado a procurar que otra vez se vierta sangre venezolana por instigación de los traidores que quieren acabar con Venezuela, aunque para ello tengamos que meter en cintura a CONATEL y al MinCI con todos los recursos legales a nuestro alcance. Somos suficiente pueblo y tenemos suficiente soberanía para ello.
Es preciso hacer ver de una buena vez por todas, a los aborrecibles enemigos de la República Bolivariana de Venezuela, que no se equivoquen. Que las condiciones sociopolíticas actuales NO SON las mismas imperantes en abril de 2002.
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