La implosión de la Mesa de la Unidad Democrática -MUD- complica la situación de la oposición venezolana. Nadie asume la responsabilidad política por la violencia destructora y asesina que desarrollan grupos afectos a Voluntad Popular, María Machado y Antonio Ledezma. Tampoco la rechazan, ni condenan. No atienden la convocatoria al diálogo nacional para paz por falta de acuerdos y porque aún esperan la caída de Nicolás Maduro. La derrota de las guarimbas y las contradicciones internas colocan a la oposición en el borde de un abismo al que pretenden llevar el país.
La ausencia de una oposición seria con un interlocutor reconocido se convierte en un problema para el gobierno y su desempeño democrático. El gobierno ha hecho importantes e inesperadas concesiones a empresarios que mantienen una armoniosa relación con la oposición. Esas concesiones no garantizan la reactivación de la producción, ni estabilidad política porque para los empresarios la paz está determinada por su capacidad de acumular ganancia sin arriesgar capital. Ese juego macabro de la oposición y los empresarios no ayuda a la recuperación de la economía nacional y solo busca colocar al país al borde del abismo hasta provocar la desestabilización institucional.
La oposición venezolana con sus guarimbas, su violencia destructora, su campaña mediática y su conjura internacional no ha logrado eco popular. Solo las banalidades de una clase media ambiciosa y alienada se identifica con tales despropósitos contra la Patria. La contraofensiva del gobierno no debería verse opacada por la estrategia de empresarios que solo aspiran ponerle la mano a la renta petrolera. Tampoco pueden ponerse en riesgo los logros de la Revolución Bolivariana por la presión de oligarcas y/o grupos económicos que, históricamente, se reconocen como enemigos de este proceso.
FEDECAMARAS, Mendoza con su empresa polar, el grupo “La Colina” y otros protagonistas de la mesa de “diálogo económico” son los mismos protagonistas del 11 de abril de 2002 que hoy financian las guarimbas y estimulan la especulación, la usura y el acaparamiento. Esos son los primeros responsables de la escasez de los productos de primera necesidad y el aumento compulsivo de precios. No pueden lavarse el rostro en nombre de la paz.
El gobierno con todas las instituciones del Estado está obligado a garantizar el abastecimiento de alimentos a todos los sectores de sociedad venezolana y al mismo tiempo explicar, sin reservas, las causas de esta situación. El abastecimiento no es normal porque los empresarios con su monopolio de la producción y distribución de alimentos se han hecho parte activa de un plan desestabilizador que paraliza la producción e induce la escasez.
La implosión de la Mesa de la Unidad Democrática, la derrota de las guarimbas y el fracaso del “plan salida” está colocando la confrontación en una nueva fase que incluye el asesinato selectivo de dirigentes políticos, líderes comunitarios y funcionarios públicos con la acción de paramilitares y sicarios extranjeros. Estas acciones violentas serán combinadas con una guerra de precios, paralización progresiva de la producción hasta lograr una escasez que provoque la angustia colectiva y exacerbe la indignación popular con manifestaciones de rechazo al gobierno y las políticas de Estado. Una fase que sugiere el protagonismo de los empresarios. No es casual la pretensión de FEDECAMARAS solicitando al TSJ la nulidad de la “Ley Orgánica de Precios Justos”, ni las declaraciones de William Murray como vocero del FMI anunciando que están listos para asistir (¿intervenir?) a Venezuela porque el país necesita “estabilidad de precios y restauración de la economía” (¿cuál?). Esta nueva fase del plan desestabilizador también exige una respuesta contundente con participación popular activa.
El abismo de la oposición, nunca será el barranco del país…
