Acaparamiento, especulación, usura y contrabando de extracción, son los cuatro jinetes apocalípticos de un capitalismo voraz que intentan llevar al gobierno revolucionario contra las cuerdas del ring. Como es sabido, estas deformaciones son muy propias en todo proceso de producción, distribución y consumo del modo de producción capitalista, tanto aquí, como también en la conchimbiba.
Haciendo un poco de historia, cabe reseñar que en Venezuela estas deformaciones de la actividad económica se agudizaron con el boom petrolero, fenómeno que trastocó al país agrícola y lo transformó en uno que depende de un recurso no renovable: el petróleo. Es partir de 1925, cuando el llamado oro negro que yace en el subsuelo, nos convirtió en el más apetecible bocado para las trasnacionales imperialistas. De modo que descubriríamos el agua tibia, si dijéramos que estos cuatro jinetes apocalípticos antes mencionados, son exclusivos de la perversa guerra económica, con la cual esta oligarquía apátrida intenta desestabilizar el poder del pueblo organizado en revolución bolivariana.
Veamos algunos antecedentes en materia de protección al consumidor, lo que a su vez también podría ilustrarnos para una mejor comprensión de estos males que hoy afectan a los ciudadanos en su calidad de consumidores de bienes y servicios. Fue el 10 de abril de 1834, cuando el Congreso Nacional, aprueba un instrumento legal que se conoció como "Ley de la Usura". Un siglo después, el 15 de agosto de 1944, el gobierno de Isaías Medina Angarita emprende de manera real las primeras acciones para frenar la especulación. Es así como surgió la Comisión Nacional de Abastecimiento, y la misma tenía competencia para regular y controlar el trasporte, alquileres y el comercio interior, con atribuciones además para fijar precios, al mayor y al detal, en los artículos de primera necesidad. Posteriormente, el 2 de agosto de 1947, el gobierno de facto de Acción Democrática, publica la Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación, contemplándose penas y sanciones contra los infractores.
Con la instauración del infame Pacto de Punto Fijo en 1958, van a continuar deformándose cada vez más la economía venezolana, pues aquella burguesía parasitaria que había nacido en octubre de 1945, ahora había logrado echar raíces y por ello va aparecer hasta en la sopa. Y como parte del show efectista del neoliberalismo salvaje, el 5 de septiembre de 1974, en el primer quinquenio del gocho CAP, se aprobó sin mucho éxito la Ley de Antimonopolio y de Protección al Consumidor. Una década después, el dipsómano Jaime Lusinchi le solicita al parlamento sumiso de AD y COPEI que le sea otorgado poderes especiales, con el pretexto de corregir los desequilibrios macroeconómicos. Surge entonces la Comisión Nacional de Costo, Precios y Salarios, pero como todas las cosas de los gobiernitos pitiyanquis, el mencionado instrumento resultó tan irrisorio, como también lo fue su oferta demagógica de "Pacto Social", lema emblemático de su campaña electoral que nunca llegó a cumplir porque se lo impidieron los amigotes de su amante Blanca Ibáñez. Al carrusel de erráticas políticas económica de los gobiernos que obedecían a las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se suma el decreto del 24 de marzo de 1992, con el cual se crea la Superintendencia de Protección al Consumidor que supuestamente vendría a defender y educar a la población en su calidad de consumidores. A la final los nefastos resultados corroboraran que fue puro buche y pluma.
