No causa sorpresa alguna, ni se puede dudar, que la ultraderecha busca reavivar nuevamente sus planes en contra de la estabilidad del país, por lo que sus dirigentes querrán relativizar y normalizar la violencia en todas sus formas, haciéndole creer al mundo que todo esto responde a una reacción espontánea del pueblo como parte de la supuesta descomposición social que se estaría sufriendo ante la situación creada por la especulación, el desabastecimiento programado y el contrabando de productos nacionales hacia la frontera colombo-venezolana.
Esto se haría tratando de inculcar miedo entre los electores e influir en su intención de voto para las elecciones parlamentarias de este año, desde luego, endosándole al gobierno venezolano la falta de un control efectivo sobre la violencia que causarían grupos paramilitares o, más bien, mercenarios, asociados a sus organizaciones partidistas reaccionarias, y haciendo ver que el Presidente Maduro boicotearía estas elecciones, a pesar de sus afirmaciones públicas en cuanto a que éstas se harán en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así “llueve, truene o relampaguee”.
Ante este posible escenario, no le quedará más alternativa a las autoridades nacionales y regionales sino redoblar sus esfuerzos a través de permanentes Operativos de Liberación y Protección del Pueblo, de manera que sean detectados a tiempo los grupos que estarían fomentando la violencia al estilo de lo ocurrido desde hace tiempo en Colombia y aspiran someter a la población venezolana a un estado generalizado de inseguridad.
Esto, sin embargo, no debiera quedarse en el papel. Tales operativos tendrían que estar ampliamente respaldadas por todos los sectores sociales en vista que cada uno de ellos es, directa e indirectamente, afectado por las acciones violentas y delictivas de los grupos de la oposición, por lo que no se puede desconocer el origen y el propósito de las mismas, aun cuando otros (ubicados en el bando opositor, se entiende; pero sin descartar a otros supuestamente revolucionarios o chavistas) prefieran aprovecharse de la ocasión para acusar al gobierno nacional, una vez más, de estar violando los derechos humanos, en una presunta escalada hacia el fascismo, sin tomar en cuenta que tales derechos son violados por aquellos que procuran repetir el formato de la para-política colombiana a través de asesinatos supuestamente aislados o circunstanciales, además de las güarimbas.
Adicionalmente, sería oportuno determinar si, en el contexto venezolano, cabe hablar aún de paramilitares, en vista que -como lo define el antropólogo y sociólogo mexicano Gilberto López y Rivas en su artículo “Paramilitarismo y contrainsurgencia en México, una historia necesaria”, publicado en www.telesurtv.net, “los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia”. Algo que se ha evidenciado profusamente en México y Colombia, del mismo que ocurriera en Venezuela y el cono sur del continente entre las décadas de los 60 y los 90 del siglo pasado. Éste no sería, al menos hasta donde se conoce, el caso actual de Venezuela, por lo que el término más exacto a utilizar sería, más bien, el de mercenarios, dado que la mayoría de quienes actúan bajo esta modalidad para-política (siguiendo lo impuesto) sirve en la guerra a un poder extranjero (léase, sectores reaccionarios, nacionales e internacionales) a cambio de una paga o remuneración por sus servicios.
