El gran enigma de la política venezolana lo representa la participación de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre. Esa decisión implica dos posibilidades: una, la colocación del problema del orden interno de nuestra sociedad en manos del pueblo; otra, su ubicación en el campo de la política internacional. En efecto, sí la oposición decide no participar, no habrá actores políticos internos que permitan el dialogo, el debate, y hasta la polémica, que facilitarían el consenso para estabilizar el sistema político. Ello colocaría la cuestión directamente en el entorno externo, enfrentando el régimen que controla el Estado con los centros de poder foráneos que lo adversan. Lo uno implica el desarrollo del juego político dentro del marco constitucional, que lo ubica dentro de una interacción entre las partes de naturaleza mixta. Un juego signado por la combinación de conductas cooperativas y competitivas, en el cual todos ganan (juego suma variable). Lo otro involucra la interacción de hecho, dada la ausencia de un derecho internacional regulador, entre los adversarios. Un juego caracterizado por el predominio del conflicto, con el uso del poder como instrumento de acción, en el cual sólo ganaría una de las partes (juego suma cero): el actor internacional que imponga su voluntad. Ya sea el adversario directo, o los potenciales “aliados” que cooperarían con los esfuerzos del régimen, de los cuales este se convertiría en dependiente. Para todos los efectos prácticos, el país se convertiría en un protectorado.
Se trataría de una situación en la cual una parte considerable de los beneficios producto del esfuerzo productivo colectivo pasarían como utilidad a la metrópolis protectora. Un nuevo modelo de colonización. Esto aparte de la conversión del país en un escenario de conflicto, para las grandes potencias que compiten por la hegemonía mundial, mientras se decide el ganador. Obviamente, con crecidas pérdidas materiales y morales para los venezolanos. Así, sería el venezolano de a pie quien pagará las consecuencias de la determinación que tomen quienes actúan como dirigentes de la oposición. Simples marionetas de los adversarios reales del Estado: los miembros de la oligarquía del dinero, asociados al llamado “trilateralismo” que incluye los intereses de quienes controlan el capital transnacionalizado.
Ante ese cuadro se hace necesario un disuasivo que induzca un cambio de conducta en quienes impulsan el boicot electoral. La amenaza de reelección indefinida no cumpliría ese propósito. Al contrario daría elementos para profundizar la situación conflictiva internacional. Pero darle donde les duele -en sus intereses- si llenaría esa finalidad. Y para ello, las disposiciones constitucionales sobre la corresponsabilidad en materia de defensa, desarrollada en las leyes vigentes, ofrece una panoplia de posibilidades con potencial disuasivo. Serían instrumentos que complementarían el precio que el venezolano común deberá pagar por la violencia física y estructural a que lo sometería esta absurda decisión. No se estaría haciendo nada violatorio a los derechos humanos, entre los cuales figura el derecho a la paz en su más amplia concepción. Y el proceso político, aunque expresado imperfectamente por el sufragio, es un mecanismo para el logro de la paz.
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