Para ser funcionario público no necesariamente hay que ser simpatizante del gobierno y mucho menos militante de alguno de los partidos que lo respaldan. Tal exigencia es una práctica aberrante heredada del puntofijismo que debemos erradicarla donde pudiera estar aplicándose en forma soterrada.
Pero una cosa es eso y otra es que se admita y se tolere que servidores del Estado, quienes ocupan cargos de gerencia y sobre los cuales descansa la inmensa responsabilidad de la ejecución de las políticas gubernamentales, no hagan otra cosa que sabotear, promover actos de corrupción o admitirlos, enredar, complicar los procedimientos para retardar las decisiones y hasta ocultar información y documentación para impedir, inclusive, que tales políticas se ejecuten.
Ese tipo de burocracia hay que desmontarla y retirarla sin contemplación alguna de las instituciones donde está haciendo, sin la menor duda, inmenso daño. Sabemos que actúa a la sombra pero su pésima efectividad la devela. Para su desmontaje existe la vía legal de las reestructuraciones que facilitan sin mayores complicaciones el despido de personal incompetente y corrupto. De manera que más allá de que se afirme lo contrario, lo que ha hecho falta son decisiones y éstas serán posibles en la medida en que se adopten en el marco del mayor respeto por las instituciones, en primer lugar y, obviamente, sin que las mismas puedan generar la menor sospecha de que estuvieron signadas por retaliaciones o venganzas. Sujetos de esa condición hay que sustituirlos de inmediato por gente que le duela el país y comparta los principios de la revolución.
Los funcionario de bajo rango, los que no tienen atribuciones de decisión pueden pensar como quieran, pues ese derecho se los garantiza la Constitución Bolivariana, aun cuando es necesario precisar que por ello jamás podrán dejar a un lado sus obligaciones como trabajadores y convertirse en boicoteadores de oficio, pues de ocurrir, las normas también contemplan sanciones severas que incluyen hasta la destitución si se les comprueba la desidia y la irresponsabilidad reiteradas.
Es inconcebible que la "quinta columna" continúe haciendo de las suyas en el Estado. Hay que denunciar todo tipo de chantaje que pretenda en nombre de la propia democracia y de la estabilidad legal de quienes le sirven, consolidar una importante fuerza opositora en el propio seno del gobierno.
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