Sí la oposición es ingeniosa, el año político que se inicia en enero debería coincidir con un cambio de estrategia. La praxis de la confrontación directa y violenta de poderes le ha sido totalmente adversa. Es totalmente “asimétrico”, localmente, ese enfrentamiento que los obliga a converger sus escuálidas fuerzas, para enfrentar el inmenso poder acumulado por el gobierno del Estado. Contaban con el apoyo del Imperio, y otras fuerzas internacionales ultraconservadoras como el papado, sin darse cuenta de su debilitamiento que los ha obligado a concentrar su acción en el “heartland” del planeta: Euroasia. De modo que no tienen otros recursos que los desgastados que acumularon durante casi 200 años de ejercicio del poder. Medios reducidos para retar el acopio de recursos materiales y psicológicos logrados por las fuerzas innovativas. De allí que se les impone una estrategia divergente, colocando los estados y municipios como escenarios de la acción, para electoralmente, pacíficamente, en el marco del orden constitucional, imponer un fraccionamiento del poder estatal. Obviamente las provincias y localidades, que en el referéndum del pasado 2D favorecieron el NO, deben ser indicadoras de los teatros propicios para su acción. Empero, no pueden dejar de considerar que esa votación y la abstención, no le son propias. El predominio de las ideas de cambio entre los venezolanos, de todas las clases sociales, es evidente desde 1989.
Naturalmente, frente a esta posibilidad, las fuerzas de la revolución están forzadas a cambiar su propia estrategia, en una realidad en la cual se enfrentan 2 modalidades de administrar el poder: la burocracia, propia de los regímenes liberales representativos; y la adhocracia, inherente a los igualitarios, participativos. Si la lucha política, planteada en estos términos, se le encomienda a las burocracias estadales y municipales, seguramente serán significativas las derrotas de las fuerzas de cambio. Tales poderes regionales, por su propia naturaleza, sólo han servido para dotar de medios al movimiento conservador, presente incluso en el aparato de Estado. La tarea debe asignársele a las misiones, como expresión adhocrática del aparato de poder. Pero no como estructuras coordinadas por la burocracia del gobierno nacional, sino como estructuras territoriales de acción. Y en este sentido, sin reforma constitucional alguna, las corporaciones regionales de desarrollo, ya institucionalizadas, constituyen un instrumento eficaz para la acción. Sólo serían necesarias ligeras modificaciones legales, más la selección de “capitanes” idóneos en la dirección de tales empresas públicas, para obtener la eficacia política indispensable. Con estas acciones bastaría para desarrollar políticas públicas en función de los problemas socioeconómicos regionales, las cuales, al lograr un apoyo sustantivo, fortalecerían el régimen incorporativo de orientación socialista, que tiene como base la igualdad entre los ciudadanos.
