No hay duda que lo territorial (o espacial) condiciona cualquier proceso social, y el espacio social esencial es la ciudad. Los comuneros de París lo entendieron bien cuando le arrebataron esa ciudad, sede de la monarquía, al capitalismo.
La ciudad tiene dos tejidos que le da existencia y permanencia. Uno es inmaterial, con sus hilos fundamentales: la cultura (con su base ideológica), el modo de producción e intercambio y su forma de gobierno. Es el tejido socio-político que convierte a los habitantes en una comunidad de intereses.
El otro tejido es el urbano donde los habitantes se integran en vecindarios en pos de una vida estable. Es la estructura espacial de la ciudad y la de sus áreas productivas que, más allá del tamaño o complejidad, son la expresión material de una sociedad dominante.
Ahora bien, si vemos las leyes del poder comunal y lo que en torno a ellas se discute, podemos notar dos grandes ausencias, conceptual la primera: nunca se menciona la palabra ciudad. Resulta paradójico que, en esas cinco leyes, la palabra ciudadanía, que es la condición de la gente que vive en la ciudad, aparezca centenares de veces, pero, sin embargo, la palabra ciudad, una o dos.
La otra omisión es jurídica: las comunas no tiene ubicación en el entramado del Estado venezolano. No se dice (o se evita) que la comuna es realmente una forma de gobierno que sólo se podrá ejercer desplazando al poder tradicional de las ciudades burguesas: los gobiernos municipales. Esto es crucial, pues, no se trata de participar, articular e integrarse con ellos.
Ese gobierno comunal, no aparecerá nunca mientras las comunas estén dedicadas a atender, por separado, las carencias de su barrio. No entenderlo es obviar el carácter complejo y sistémico de la ciudad. Peor aún, es condenar a consejos comunales y comunas al voluntarismo sin formas superiores de organización.
