La convocatoria de elecciones de gobernadores, largamente postergadas por el CNE; es decir, por el gobierno de Maduro y del PSUV, debería ser un episodio "normal" de la vida democrática del país. Sin embargo, estas elecciones tardías, se presentan en un marco de franco deterioro de las libertades democráticas y de afianzamiento de un nuevo régimen político de corte claramente autoritario, que deja muy atrás el clima que caracterizó al período de gobierno de Chávez.

La situación en que se inscriben las elecciones de gobernadores

Hoy ya no estamos en el proceso de construcción de la "democracia participativa y protagónica" ni del "poder popular" que comenzamos con Chávez. Se ha instaurado una nueva forma de gobierno, distinta a la prevista por la Constitución del 99, que acapara la toma de decisiones en una élite de poder y se caracteriza por el predominio de la arbitrariedad, la coerción, la represión y la incertidumbre.

Hoy tenemos una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fraudulenta y tutelada por la Presidencia de la República, convocada sin la aprobación del pueblo y elegida mediante una falaz maniobra electoral, con una composición mono-partidista, que ha comenzado a legislar y a emitir decretos sin consulta al soberano, y se dispone a elaborar una nueva Constitución, porque la "moribunda" CRBV les estorba y ya no les sirve para mantenerse en el poder ni para legitimar los negocios que se derivan del nuevo modo de inserción de la burocracia en el sistema capitalista mundial.

La burocracia y la neo-burguesía inocultable que se conformó y se sigue gestando a su alrededor, a partir del desfalco a la nación y de un patrón mafioso de acumulación de capital, necesitan acoplar el Estado y el régimen político a la re edición de otra especie de "apertura petrolera", con ampliación de los capitales extranjeros en las empresas mixtas. Necesitan adecuarlo al establecimiento de Zonas Económicas Especiales de corte neoliberal, a la ofensiva extractivista con las transnacionales en el Arco Minero del Orinoco y a los mecanismos del sistema de explotación de pueblos que funciona a través de la Deuda Externa ilegítima, en sujeción al capital financiero internacional. De allí es que medra la nueva élite de poder.

El poder constituido, la burocracia de un Partido-Estado, ha usurpado y ha copado el poder constituyente; poder originario y soberano del pueblo venezolano. La revolución bolivariana se encuentra en una etapa histórica de franco declive y en vías de extinción, por el curso liquidador que se inició tras la muerte del Comandante Chávez y con las contrarreformas instrumentadas por el gobierno Maduro-PSUV. La revolución venezolana viene siendo llevada en retroceso y desmantelamiento de sus principales conquistas, que descompone los cimientos mismos de la República. El propio gobierno y la dinámica de la burocracia generan debilidades y vulnerabilidades que nos exponen a la injerencia externa con la que se nos amenaza y presiona, y a la que rechazamos tajantemente.

La profunda burocratización y la corrupción desenfrenada, junto con el mantenimiento del capitalismo rentista, en versión burocrática de Estado, y un ajuste económico comparable con los más duros planes neoliberales, se enmascaran bajo el discurso político pseudo "chavista". Todo ello se combina con la ofensiva y el sabotaje de la burguesía y del imperialismo, que con la lógica del capital nos van llevando a la contrarrevolución y dejan cada vez más lejos el horizonte socialista y democrático.

Tras la derrota de la última ofensiva insurreccional de la derecha clásica, con la que ésta aspiraba a recuperar el poder, la burocracia instala la "Constituyente" presidencial del poder constituido como herramienta de la contrarreforma, dirigida a despejar obstáculos dejados por la revolución bolivariana y da como "premio de consolación" las elecciones de gobernadores, apenas una pequeña válvula de escape, con la que el nuevo régimen político autoritario pretende aliviar presiones y mantener algunos toques de "legitimidad democrática".

Entretanto, el pueblo continúa sufriendo los efectos de la crisis económica, especialmente del desabastecimiento crónico, la subproducción, la hiperinflación, la falta de efectivo y el desplome constante de los salarios, cada vez más rezagados respecto a los precios, a pesar de los aumentos salariales. Pero el gobierno ha preferido sacrificar la importación de alimentos y medicinas, con una reducción del 70 % en los últimos años, con el propósito de destinar todas las divisas posibles al pago de la deuda ilegítima, además de mantener la cuota de la corrupción.

Venimos diciendo que la profundidad de la burocratización, asimilación al capitalismo y gravísimo deterioro creado por la corrupción, y por consiguiente, la pérdida de toda cualidad revolucionaria por parte de la dirección política de lo que fue nuestro proceso revolucionario, nos coloca ante el imperativo de plantear la construcción de una nueva referencia política alternativa, que sea capaz de captar las simpatías del pueblo desorientado por la situación y que reemplace a esa dirección en la conducción del país.

Esta es condición esencial para evitar la vuelta del poder a manos de la vieja burguesía y de sus amos imperiales. Para luchar por el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución del 99. Por la recuperación de la democracia. Por la recuperación de lo mejor de la revolución bolivariana, con la superación de sus principales errores y desviaciones. Para poder seguir adelante con el proyecto emancipador que se inició hacia nuestra II Independencia, hacia una sociedad libre de explotación, regida por el bien común.

La coyuntura de las regionales y cómo vemos la participación

Ahora bien; en la presente coyuntura, signada por la deriva autoritaria y el fraude, se da el llamado a elecciones de gobernadores. Bajo estas condiciones de facto, se nos pregunta si vale la pena participar en dichas elecciones, cuando acabamos de presenciar un escandaloso fraude con la elección de la ANC y cuando el CNE maneja las reglas electorales a capricho, en función del ventajismo del PSUV y no en favor de un verdadero ejercicio democrático. Ya no contamos con el prestigioso sistema electoral que caracterizó la realización de numerosos y frecuentes procesos electorales de todo tipo hasta el año 2015, nos encontramos bajo un estado de emergencia permanente, con un despliegue continuado de las fuerzas de seguridad del Estado y marcada militarización del país. La competencia electoral es confrontada por el gobierno mediante amenazas y presiones de todo tipo, o con el recurso abusivo de las inhabilitaciones, procesos judiciales a capricho y hasta encarcelamiento de candidatos.

De ningún modo convalidamos lo que está sucediendo, y lo rechazamos abiertamente. Pero los derechos no se declinan y es necesario hacer todos los esfuerzos posibles por ejercerlos. Denunciamos la conculcación y recorte de los derechos democráticos, y particularmente del derecho al sufragio, a elegir y a ser elegidos para cargos públicos y para la conformación de las instituciones, pero no por ello vamos a ceder los escasos y precarios espacios democráticos que se nos presentan y que todavía al día de hoy no fueron eliminados totalmente.

Por el contrario, la utilización de dichos espacios, puede y debe convertirse en una oportunidad para lograr el mayor alcance posible de esa denuncia. Es por esa razón que defendimos el derecho de los electores a decidir en referendo revocatorio la continuidad o no del gobierno de Nicolás Maduro. Pero no estuvimos a favor de participar en la elección de la ANC y promovimos la abstención y el voto nulo porque la misma traía un vicio de origen, al no haber sido consultada su aceptación en referendo popular, como establece la CRBV y como se hizo con la Constituyente anterior.

La participación electoral no es sólo para postular candidaturas y para elegir; es también para aprovecharlas en favor de la educación política y para avanzar en la organización del pueblo, en la defensa de los derechos democráticos, de los derechos humanos y en la lucha por recuperar nuestro nivel de vida, por nuestras reivindicaciones y aspiraciones. Todo ello en función de la lucha general que estamos dando para el rescate de lo mejor de nuestra revolución. Es uno de los modos en que podemos expresar nuestro descontento como pueblo y convertir la rabia en fuerza capaz de producir cambios. En estas regionales, allí donde se hayan podido presentar candidatos probos, las elecciones regionales podrían permitirnos disputar con la burocracia (Gobierno-PSUV) y con la derecha clásica (partidos de la MUD y otras versiones) o bien, marcar a través del voto una tendencia de rechazo, en aquellos estados copados por las cúpulas de poder, por la vía de la abstención o del voto nulo, que también son formas de participación democrática.

La participación activa y organizada en estos comicios puede y debe servir también para el ejercicio de la contraloría social dentro del proceso electoral, a fin de dificultar al máximo la comisión de irregularidades y atropellos. Y, sobre todo, esa participación electoral, puede y debe convertirse en una palanca para la promoción e impulso de la nueva referencia política alternativa, revolucionaria y democrática de la que estamos hablando.

La utilización de las mínimas rendijas democráticas que todavía existen, a pesar de las restricciones, las trampas, las manipulaciones, la coacción y la represión, es conveniente para ayudarnos a combatir las políticas y prácticas antidemocráticas del Gobierno-PSUV y para enfrentar al mismo tiempo a la derecha tradicional, para llegar a más gente, para favorecer una mayor presencia en los espacios públicos y desarrollar el diálogo político con nuestro pueblo mediante la campaña electoral, pudiendo acceder más fácilmente a lugares donde en los meses más recientes se nos ha venido impidiendo la libre presencia, el derecho a manifestación y movilización. Es más difícil que el gobierno impida la actividad pública enviando a la policía, a la GNB o a grupos irregulares en medio de una campaña electoral, porque eso evidencia más la farsa pseudo-democrática que protagoniza el autoritarismo.

Nos preparamos también, al mismo tiempo, para participar en las eventuales elecciones de alcaldes y alcaldesas, concejales y diputados a los Consejos Legislativos (parlamentos regionales) para lograr impulsar propuestas y candidaturas populares, revolucionarias, democráticas y éticas. Y para exigir que se cumpla como establece la Constitución del 99 la elección presidencial del próximo año.

Marea Socialista ha sido privada, por ahora, de su derecho a la legalización por las decisiones arbitrarias del CNE y por la omisión de justicia por parte del TSJ (operaciones digitadas por el Gobierno-PSUV). No tenemos tarjeta electoral y no podemos postular directamente ni recibir los votos como organización política. Pero eso no puede impedirnos participar con nuestra visión y nuestra forma de hacer política.

Por eso en procesos electorales como la elección de diputados a la Asamblea Nacional (AN) y ahora, para estas elecciones de gobernadores, hemos establecido acuerdos o alianzas con organizaciones legalizadas electoralmente y poseedoras de tarjeta, con las que hemos presentado candidatos comunes.

En esta oportunidad, Marea Socialista mantiene acuerdos y hace campaña conjunta en la gran mayoría de los estados del país con la Unidad Política Popular 89 (UPP89), así como con otros agrupamientos sin estatus legal de partidos. No es sólo un acuerdo ocasional, ni con meros fines electorales. Venimos discutiendo en torno a principios, líneas programáticas, orientaciones políticas y métodos democráticos. Y a la necesidad de construir una nueva referencia política por fuera del PSUV y la MUD.

Esta discusión tiene el propósito de ir encontrando y creando puntos de convergencia entre éstas y otras organizaciones, hacia la construcción de ese referente político alternativo y autónomo, de oposición de izquierda, que enfrente tanto a la burocracia y a la neoburguesía oficial, como a la oligarquía tradicional. Tratamos de empalmar con corrientes o sectores del chavismo y del movimiento popular descontento que se vienen deslindando de la dirigencia del Gobierno-PSUV y que marca clara distancia con la MUD, así como con tendencias políticas de izquierda no polarizadas que se diferencian de ambas cúpulas.

Buscamos tejer esta articulación a partir de un enfoque anticapitalista, verdaderamente socialista y revolucionario, democrático y propulsor de un auténtico poder popular, con real propósito de abrirse camino hacia la II Independencia y hacia un sistema de justicia social, donde primen los derechos del pueblo trabajador sobre los intereses mezquinos del capital y de las élites de viejo y nuevo cuño.

Por dentro y por fuera de esta campaña electoral y las que puedan venir, nos ponemos al servicio de todas las luchas de los trabajadores, los campesinos, las comunidades y el conjunto de los sectores oprimidos del pueblo.

Queremos contribuir a disputar la colocación de luchadores y luchadoras en cargos públicos e instituciones para trabajar por los intereses del pueblo y dar la batalla para la transformación democrática y revolucionaria de esas mismas estructuras del Estado hoy burocratizadas, manejadas por negociantes y capturadores de renta, que desde el poder se imponen sobre el pueblo con demagogia, con mecanismos manipuladores y métodos autoritarios. Queremos llevar a esos cargos e instituciones candidatos y candidatas con un claro perfil ético y revolucionario, con una agenda política de lucha y de transformación positiva. Pero, sobre todo, queremos ayudar a organizar al pueblo para que los sujete, para que los controle, para que manden obedeciendo al pueblo, en lugar de colocarse por encima de él y someterlo.

Detestamos las maquinarias electorales, la propaganda mentirosa y abusiva, la trampa, el peculado y el dinero de financistas aprovechadores. Lo nuestro tiene que ver con la condición humana, con la moral y ética, con la sensibilidad, con la trayectoria de lucha, con el comportamiento digno, con historiales de servicio y de buenas acciones, con aportes al colectivo, con capacidad para la crítica y la autocrítica, con el blindaje y el control riguroso frente a las tentaciones y presiones, con una orientación política sincera y sin dobleces... Siempre hemos dicho que no necesitamos de aduladores ni de levanta-manos pasivos; mucho menos de déspotas: necesitamos de revolucionarios y revolucionarias cabales, que exhiban adecuadas características, actitudes y posturas políticas.

Características y orientación política general de los candidatos y candidatas

•  Honestidad a toda prueba y lucha contra la corrupción; sin privilegios, sin nepotismo, ni pertenencia a camarillas burocráticas, ni a intereses económicos y parcelas de poder.
•  Posturas consecuentes a favor de la clase trabajadora y los sectores populares.
•  Practicar la democracia revolucionaria, respetando la participación autónoma y la consulta permanente al pueblo; construyendo verdadero poder popular. Combatiendo toda forma de discriminación, coerción, clientelismo, cooptación como formas de sometimiento y manipulación del pueblo desde el poder.
• Sostener criterios anticapitalistas, antiimperialistas genuinos, de defensa de la soberanía y la independencia nacional, no como una pose sino con propuestas y acciones de lucha consistentes.
• Defender a la madre tierra y a la naturaleza como patrimonio de la humanidad y de las generaciones futuras, frente a los proyectos depredadores del extractivismo rentista.

Algunas de nuestras políticas centrales en estos momentos son:

• Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela frente al nuevo régimen político autoritario que impone la burocracia del Gobierno-PSUV desde la ANC fraudulenta.
• Defensa de los derechos democráticos y humanos contra la acentuación del autoritarismo y la represión.
• Combate contra la corrupción, contra el parasitismo burocrático y empresarial, contra el desfalco de la renta petrolera y los recursos de la nación, entre otras formas de acumulación privada y delictiva de capital a costa del patrimonio común y de los bienes del pueblo.
• Defensa del nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares frente a las políticas de ajuste que impone el gobierno burocrático y frente a las maniobras especulativas del capital.
• Por un plan de emergencia para enfrentar la crisis en función de los intereses del pueblo trabajador y en contra de las medidas que favorecen a los corruptos, los especuladores, el capital financiero, las transnacionales y las potencias imperialistas que se disputan la recolonización de nuestro territorio. 
• Demandar la atención prioritaria de la producción y abastecimiento de alimentos y medicinas, así como de la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo. Plan de recuperación agropecuaria basado en el saneamiento y control social de la producción estatal, en el trabajo de los pequeños productores agrícolas y en el reimpulso de proyectos campesinos colectivos, retomando el espíritu de la revolución agraria.
• Mantenimiento de todas las conquistas sociales y su disfrute sin discriminación alguna.
• Suspensión del pago de la Deuda Externa ilegítima, para destinar en lo inmediato las divisas a la emergencia humanitaria de nuestro pueblo, mientras se procede a una Auditoría Pública y Ciudadana para detectar los componentes corruptos e ilícitos de esa deuda que nos hipoteca y somete injustamente en beneficio de las élites y no de la población.
• Investigación del Desfalco a la Nación y acciones para la recuperación de capitales y su dedicación a la superación de la crisis y la recuperación del país.
• Presupuesto nacional del uso de las divisas, que son manejadas en la mayor oscuridad, ya que el presupuesto en bolívares se nutre cada vez menos del ingreso petrolero (y ahora minero) y se sostiene sobre el IVA y otros impuestos pagados por la población trabajadora y no por los que más tienen.
• Anulación del decreto de explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO), iniciada por el gobierno sin cumplir con los estudios de impacto ambiental y sociocultural que establece la CRBV, y sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas que habitan las zonas explotadas. Someter a Referendo Consultivo las leyes presentadas por el presidente Maduro a la ANC para la explotación del AMO.

Estos planteamientos y propuestas son para el conjunto del país, pero pueden y deben tener sus expresiones regionales, en combinación con los programas específicos para la realidad y las necesidades de cada uno de los estados.

Expresión de las políticas nacionales de Marea en cada Estado

• En este sentido, proponemos la realización de Auditorías Públicas y Ciudadanas de las Gobernaciones y de las Alcaldías (Auditorías Estadales y Municipales), que incluyan tanto la investigación del uso de los fondos públicos como de la situación de las empresas del Estado en las regiones, para un plan de recuperación de recursos y empresas bajo control social y no burocrático. Esto, por supuesto, supone la aplicación de la justicia a los ilícitos encontrados y la restitución de los recursos desviados.
• Conformación de instancias de participación democrática de la ciudadanía y de consulta social, que intervengan en la elaboración de las políticas de Estado a nivel regional y municipal, de los planes y presupuestos, en ejercicio constante de contraloría social y en un proceso transformador constituyente legítimo (salvando el prestigio del término "constituyente" ocasionado por la usurpación y distorsión sufrida a manos del poder constituido y burocrático). Para ello debe promoverse la participación y protagonismo del pueblo, de manera autónoma, a través de diversas formas y mecanismos democráticos, como lo dispone el Artículo 70 de la CRBV. Una manera de incorporar a la ciudadanía, a los movimientos y organizaciones sociales, a expresiones legítimas de poder popular, puede ser la creación de Consejos de Gobierno estadales y municipales, que estén libres de manipulaciones clientelares, de la llamada "cooptación" e instrumentalización burocrática. Las candidaturas y los gobernantes electos deberían diseñar sus propuestas con estos criterios y procedimientos democráticos, y ejecutarlas en permanente interacción con la base popular. Es decir, se trata de convertir la gestión y direccionalidad del gobierno regional en un Poder Regional o Estatal Colegiado y de carácter Constituyente (en su sentido verdadero) con expresiones organizadas del pueblo, a través de Cabildos Municipales y Asambleas de Ciudadanos, desde los ámbitos parroquiales, donde se elijan, democráticamente, dirigentes sociales o activistas políticos de base, con tradición de lucha en sus territorios, que le den un verdadero perfil de Gobierno Popular a las Gobernaciones de los estados y donde el Gobernador electo se convierta en un animador y vehículo de una Nueva Gobernabilidad Colectiva, Participativa y Protagónica Real.
• Plantear proyectos alternativos en cada estado frente a aquellos proyectos nacionales o regionales conectados con las políticas burocráticas y capitalistas o con el neo-liberalismo mutante que practican el Gobierno-PSUV y los gobiernos regionales o municipales de la oposición de derecha, al servicio de las élites económicas y de la rapiña (las Zonas Económicas Especiales como islas de neoliberalismo y flexibilización laboral, los proyectos extractivistas mineros depredadores del ambiente, los 15 Motores orientados hacia el interés de los inversionistas extranjeros junto a la burocracia y a sectores de la burguesía para la explotación de los territorios y del pueblo...). Hablamos de impulsar proyectos que estén orientados hacia el auténtico bien común y que involucren la participación y el control social, basados en los requerimientos y potencialidades económicas y características culturales de las regiones, así como en el interés nacional.

Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista