El gobierno bolivariano ha venido desarrollando una política exterior soberana, que se ha manifestado en los convenios de comercio realizados con potencias económicas como china, Irán y Rusia, países que han convenido en transferir tecnología a nuestro país como parte de los acuerdos realizados. Así se adquirió el satélite Simón Bolívar, lo cual trajo el beneficio adicional de que un nutrido grupo de jóvenes venezolanos fuera a China y se especializara en la materia, y se abrió la posibilidad de fabricar satélites en nuestro país. Así se ha obtenido tecnología para celulares y computadoras portátiles, entre otras. Es una manera posible, soberana y solidaria de satisfacer necesidades de inmediato por medio de la importación, y al mismo tiempo ir preparándonos para no necesitar en el futuro esas importaciones, porque iremos desarrollándonos como una potencia industrial, con capacidad incluso para exportar.

¿Acaso la transferencia tecnológica perjudica a nuestros socios comerciales que aceptan esta cláusula? Desde luego que no. Hoy día la inventiva humana produce tanto, que probablemente, mientras nos enseñan, ya están desarrollando una tecnología superior, la cual pueden ofrecer al mundo.

Obviamente, no es a estos países progresistas a quienes inquieta la soberanía tecnológica de países como Venezuela.

LOS TEMBLORES DE LAS CORPORACIONES Y LAS MENTES MAESTRAS

Las corporaciones no se duermen, y han enviado a sus bufetes y especialistas más consagrados, a defender públicamente sus intereses, por medio de “sesudos” análisis y exposiciones públicas de los currícula tan abultados y escalofriantes de sus mentes maestras.

Por desgracia, Venezuela ha producido algunas de las mentes que, en obediencia tarifada a las corporaciones transnacionales que explotan la propiedad intelectual, han redactado leyes (Como la Ley Sobre el Derecho de Autor, horripilante bodrio jurídico que aún padecemos, y que ha servido como esqueleto para posteriores convenios internacionales). Estas personas han escrito libros y han sentado cátedra acerca de cómo debemos obedecer ciegamente a todas las leyes y convenios que ellos han redactado para favorecer a las corporaciones y perjudicar a nuestro pueblo, cómo la palabra de los convenios de propiedad intelectual deben ser obedecidos ciegamente y jamás modificados, y CÓMO DEBEMOS SUBORDINAR NUESTRA SOBERANÍA ANTE ESOS PAPELES QUE FUERON FIRMADOS EN LA CUARTA REPÚBLICA Y QUE NOS ENTREGAN MANIATADOS ANTE LAS GRANDES EMPRESAS.

LOS TEMAS INQUIETANTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es el título de un artículo publicado hoy en Aporrea, firmado por Hildegar Rondón de Sansó, quien enumera, de manera sucinta, los aspectos de nuestra soberanía tecnológica que inquietan sobremanera (ella no dice a quiénes).

EL PATENTAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS:

La ley que sobre esta materia está, de nuevo, vigente en Venezuela desde que nos escapamos de la Comunidad Andina de Naciones y ya no debemos obedecer la Decisión 486, prohíbe el patentamiento de medicinas, y esa norma se está acatando, debido sobre todo a que los medicamentos son vitales para la conservación del Derecho Fundamental a la Vida.

Existe un borrador de proyecto de Ley de Concesiones de Patentes y Marcas, en el cual “se limita el impacto negativo que pudieran generar las concesiones sobre insumos esenciales para la vida de la población, como son los medicamentos y los alimentos. En ese sentido, se contemplan flexibilidades tales como la aplicación de la Excepción Bolar, lo cual facilita la incorporación de medicamentos genéricos al mercado, así como la posibilidad de usar lícitamente esta tecnología con fines educativos o de investigación para contribuir con el desarrollo tecnológico nacional”. También contempla el proyecto la supervisión, por parte del Estado, del uso que le den los beneficiarios a esa tecnología, porque no puede ser una patente de abuso; “en caso de constatar que existen condiciones que generan lesiones a los legítimos intereses del pueblo venezolano, (el Estado) podrá ejercer medidas tales como la extinción, la revocatoria o la nulidad de la concesión, y de inmediato asumirá la garantía de los derechos de las venezolanas y los venezolanos.

LAS RECOMENDACIONES DE LA EXPERTA

Esta intelectual venezolana, por el contrario, aboga por el otorgamiento de las patentes, “controlándolas” y sugiere las licencias obligatorias, una minúscula ventana que permite el sistema Corporaciones-OMPI, pero que contiene tantos obstáculos y trámites que, si se usara, cuando se aprobara la licencia obligatoria para un fármaco que controle una epidemia, ya los enfermos tendrían mucho tiempo en sus tumbas.

La experta recomienda también “divulgar (el tema) de la Protección de los Datos de Prueba en la materia relativa al registro sanitario de los fármacos”. Y continúa: “ante la posibilidad de la incorporación de nuestro país a un nuevo régimen comunitario, es esencial el tratamiento del 'agotamiento del derecho', que alude al alcance del ius prohibendi del titular de la patente o de la marca, cuando los productos que son su objeto, penetran en otros países de la comunidad.

La protección de los datos de prueba en Venezuela implicaría que el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, tendría que aprobar el registro sanitario para los fármacos con los ojos vendados, sin conocer qué es lo que está aprobando. Y a la larga implicaría la extensión de la patente por varios años, por los tecnicismos que las corporaciones incorporan en sus normas. ¡Que no salgan solos!

Entre los tecnicismos y jerga jurídica, lo que se extrae de la segunda parte de ese párrafo es una incitación a la aprobación de las patentes mundiales o de alguna argucia que, llamándose de otra manera, garantice el monopolio para las empresas transnacionales.

LOS CERTIFICADOS DE INVENCIÓN

En el artículo 4 de la ley neoliberal que la experta publicó en su libro El Régimen de la Propiedad Industrial, en pleno ascenso de la cuarta república, ella propone los “certificados de invención y de descubrimientos científicos”, como un título que le otorgaría al inventor “su derecho a percibir una regalía proporcional al beneficio que su explotación por el mismo implique”. HABRÍA SIDO COMO LOS DERECHOS DE AUTOR: UN PAPEL NEGOCIABLE QUE TERMINARÍA EN MANOS DE LAS CORPORACIONES, QUIENES ACTUARÍAN A NOMBRE SUYO, como ocurre con la “industria cultural”, que compra “los derechos” a los autores, y se dan caso como los de los Beatles, que tenían que pagarle a Michael Jackson para cantar las canciones que habían compuesto e interpretado en el legendario grupo musical británico. O como le pasó a Escalona, un icono de la música popular colombiana, que no pudo ganarle un pleito a la disquera que lo grababa, que cobraba “los derechos de autor” de Escalona, mientras éste tenía que arreglárselas.

En fin, los famosos “certificados de invención”, en un sistema capitalista, son más de lo mismo. En un sistema socialista, significarían el reconocimiento a alguien que inventó para el pueblo, mientras que el Estado asumiría la producción.

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Dice la inefable Dra. Hildegar: “En una materia como la protección de los bienes inmateriales y su efectiva utilización para el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, una ley de propiedad industrial DEBE ATENDER a los puntos señalados” (mayúsculas mías) (...). Es un verbo imperativo. En virtud a sus diplomas y sus influencias, pretende imponer unos intereses extraños. El cambio de jerga para que en la realidad, nada cambie.

Esta experta habla de la “protección de los bienes inmateriales”, que en cristiano significa, los intereses de las transnacionales, mientras que el Presidente Chávez, aboga por la PROTECCIÓN DEL PUEBLO. De su derecho a la vida, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y que el Estado tiene la obligación de garantizar.

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