A las personas que creamos toda clase de obras, como nos interesa más que nada el arte, la literatura, la música, no nos motiva investigar a fondo las cosas de dinero y más bien se las dejamos a otros, a las entidades de gestión colectiva.

Y allí está el problema.

Las entidades de gestión colectiva son organizaciones privadas que se encargan principalmente de cobrar regalías, y viven de los porcentajes. Es famosísima la SGAE española por su actitud de usurero que aprieta la mano para cobrar sus euros. Pero no es la única en el mundo. Estas organizaciones en el hecho son tentáculos de las grandes empresas transnacionales, para garantizar que sus intereses estén bien defendidos y los autores y las autoras permanezcan con los ojos vendados y en silencio.

Una entidad de gestión colectiva puede tener miles y miles de miembros, pero quien decide lo que ellos van a hacer son aquellos que la sustentan económicamente. En el caso de Venezuela, la principal y más antigua entidad hizo convenios con las grandes televisoras, que le otorgan un porcentaje fijo sobre sus ingresos brutos, por concepto de “derechos de autor”. Para ellos, es igual Juan Gutiérrez que Happy Music. Representan los intereses de ambos, pero pretenden manipular a Juan Gutiérrez, cantautor y limpio, en beneficio de los multimillonarios intereses de las empresas transnacionales. Ese numeroso sector de autores, compositores y artistas que están asociados, además de pagar sus contribuciones a la entidad, tienen otra utilidad: Como piezas políticas para que den declaraciones, hablen, se reúnan y acepten lo que les digan los abogados de los mercachifles de la “cultura” a quienes sí les interesa lo económico (y cuánto) y para ganarse sus dólares envuelven su lacayismo cultural en frases leguleyas, a menudo políticas (hasta hay algunos que se autodenominan chavistas) para pasar la gragea a los vacíos estómagos de los artistas verdaderos que, sorprendidos en su buena fe, se tragan el cuento y se mantienen callados en espera de las regalías que nunca llegarán.

Y volvemos al tema de la piratería. Es el “enemigo” de las grandes disqueras que, después de popularizar y hacer exitosos los discos de éstas utilizando sus propios recursos, ya no son útiles y hay que aplastar. Es triste que alguna institución del gobierno bolivariano se preste a reprimir la presunta “piratería” en beneficio de los intereses de las grandes empresas.

Es necesario aclarar esto: Los Derechos de los autores y las autoras hace mucho que no son reconocidos como derechos humanos; desde que se convirtieron en un papel negociable que queda en manos de los que tienen dinero; y en cuanto a los derechos morales, aparece cinco veces en la vigente y goda “ley sobre el derecho de autor” venezolana que sólo se respetan “siempre que no perjudique la explotación de la obra”, la cual realizan las grandes empresas disqueras, editoriales, cinematográfica, etc.

Así que hablemos claro: Esos cuentos de la lucha contra la piratería, ese cuento de que los derechos de autor como están concebidos en la ley nacional y los convenios internacionales, le sirven para algo a los autores, está más rayado que un paso de peatones.

Y a los autores y las autoras, les digo: Yo también caí. Hubo un tiempo en el que creía que si me explotaba alguna editorial podría salir de abajo con mi talento. Bájense de esa nube, en Venezuela la única forma de salir de abajo es derrumbando esa legislación neoliberal, quitándonos la venda que nos ponen las entidades de gestión, que chulean a los artistas pobres y se arrastran frente a los ejecutivos de las empresas transnacionales; y organizándonos para desarrollar la autogestión.

En este sentido podemos organizar disqueras, editoriales, estudios de arte, cine y TV, para producir y administrar nosotros mismos nuestras creaciones. Eso lo permite la revolución bolivariana, nuestra Constitución. Sólo así podremos, realmente, salir de debajo de la maquinaria capitalista, proyectar nuestra idiosincrasia a todos los vientos, recibir y dar reconocimiento justo al talento y, fundamentalmente, permitir que los usuarios: los lectores, los televidentes, los que ven cine, teatro, los que compran pinturas, etc tengan acceso a las obras que producimos, en vez de entregarlas por unos centavos a los explotadores, que por un lado la restringen al gran público y por otra le sacan fabulosas ganancias a lo nuestro, mientras sólo nos dan parte del sencillito. Si asumimos que nuestras obras son realmente nuestras y aceptamos el primer párrafo del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de los usuarios, quedan por fuera los intermediarios. Podríamos prosperar con nuestras obras o regalarlas si queremos. Será nuestra la decisión.

andrea.coa@sencamer.gob.ve