El presidente Chávez sorprendió a propios y extraños cuando el pasado domingo 27 de Enero, a propósito de la su visita a una empresa socialista de Alimentos en Caicara de Maturín, Estado Monagas, en el marco de la transmisión de su programa Aló Presidente, propuso públicamente la creación de un CONSEJO DE DEFENSA Y FUERZAS MILITARES DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA, ALBA, como instrumento necesario para defender la soberanía de sus Estados Miembros de los amenazas del imperialismo norteamericano; idea que gozó con el inmediato apoyo del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, sin que se conozca otras reacciones públicas por parte de los demás integrantes de este joven y novedoso proyecto de integración de Estados y pueblos del continente.
La medida del impacto de esta propuesta lo constituye, en primer lugar, la falta de reacción de los actores políticos y militares de la región ( especialmente de Cuba y los Estados Unidos), que pudieran sentirse positiva o negativamente afectados por una iniciativa estratégica de esta naturaleza y, en segundo lugar, por el tratamiento marginal que los medios de desinformación al servicio de las burguesías latinoamericanas y del imperialismo le dieron al “tubazo” presidencial; posiblemente evitando con ello que sus ataques convirtieran a este tema, en parte destacada de la agenda de debate de nuestros pueblos.
La propuesta presidencial, sin embargo, no es ni casual ni mucho menos el resultado de un ejercicio de emocionalidad política, sino el resultado de un contexto político regional, signado por los indicios de preparativos de escenarios de provocación y agresión de los Estados Unidos en contra de Venezuela, por sí o por intermedio del gobierno narcoparamilitar de Alvaro Uribe de Colombia, demostradas en las visitas a ese país, en solo una semana, del jefe de la DEA, Jonh Walerts, del almirante Jim Stravidis, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de Condolezza Rice, Secretaria de Estado, en medio de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela por las iniciativas de presidente Chávez dirigidas alcanzar un Acuerdo Humanitario que permita la libertad de todos los civiles, policías, militares y guerrilleros en poder del gobierno colombiano y de las Fuerzas Agramadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el reconocimiento de ésta y el ELN como Fuerzas Insurgentes con estatus de Beligerantes, como vía necesaria para el inicio de negociaciones de paz en ese hermano país.
La propuesta presidencial asoma un ineludible debate en la creciente agenda de Nuestra América al plantear el problema de la defensa colectiva de los Estados en procesos de afirmación de sus soberanías, rescate de su plena independencia y de profundos cambios de sus economías y sistemas políticos, en momento en los cuales ya no existe la paridad estratégica entre los Estados Unidos y la desaparecido Unión Soviética como instrumento de equilibrio en los conflictos internacionales y, organismos como la Organización de las Naciones Unidas y menos aún, la Organización de Estados Americanos, se han demostrado incapaces de hacer cumplir a los Estados Unidos y las otras potencias imperialistas, los principios de Igualdad Jurídica de los Estado, Autodeterminación de los Pueblos, No Ingerencia en los Asuntos Internos, Renuncia a la Guerra y Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, que constituyen la base moderna de las relaciones internacionales; lo cual se demuestra claramente en los recientes casos de Palestina, Afganistán e Irak.
De la misma manera, la iniciativa del comandante Chávez de plantear el tema de la seguridad y defensa de los países del ALBA y sus procesos de cambio frente a la amenaza imperialista, se produce en medio del desprestigio y deslegitimación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, suscritos por los gobiernos del continente en 1947, teniendo como base doctrinal la doctrina imperial de Monroe de “América para los Americanos”, y el deliberado propósito de incorporar a Nuestra América en la confrontación con el desaparecido campo socialista, además de prevenir e intervenir en los movimientos democratizadores y de liberación nacional surgidos del descontento generalizado de los obreros, campesinos e intelectuales del continente con las elites políticas y militares corruptas e ineptas al servicio del imperialismo.
En tales circunstancias de unipolaridad hegemónica de los Estados Unidos, de su irrespeto al derecho internacional y de debilidad de los organismos garantes de la paz y seguridad internacionales; la propuesta de creación de un CONSEJO DE DEFENSA DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA es válida y pertinente si tiene como base la doctrina bolivariana de DEFENSA MUTUA Y PAZ Y AMISTAD PERPETUA DE LOS PUEBLOS, propuesta por el Libertador en su convocatoria del Congreso de Panamá de 1826, en el que se que reafirme el valor del Derecho Internacional como base de las relaciones pacíficas y provechosas entre los Estados, confirme la proscripción de la guerra y la renuncia al uso de la fuerza como medio de solución de las controversias internacionales y, en donde además se prepare a los contingentes militares involucrados en ese tratado para servir como FUERZA DE HUMANITARIA Y DE PAZ INTERNACIONAL, en disposición de ser usada en los espacios territoriales de los Estados Partes y en cualquier otro territorio del planeta en donde sus legítimas autoridades las requieran para operaciones de salvamento y ayuda de emergencia causadas por desastres naturales, o como fuerzas de interposición o de garantía de seguridad en procesos de superación negociada de conflictos internos o internacionales.
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