Los días 28 y 29 de Mayo se realizó en Caracas una Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones del Folclore y Recursos Genéticos en América Latina, promovida por el Sistema Económico Latinoamericano en conjunto con la OMPI. A dicha reunión asistió una delegación venezolana encabezada por el Vice ministro indígena Bernardo Aray y la Directora General del SAPI, Arlen Piñate, quien presentó un documento en el cual se establece la posición del gobierno venezolano. Denuncia Venezuela que “(...) El sistema de propiedad intelectual y cualquier mecanismo que implique la mercantilización de un conocimiento, independientemente de su naturaleza, responde únicamente a intereses de acumulación individual a través del establecimiento de procesos monopólicos, en este sentido es realmente inviable que se pueda garantizar la definición de las acciones solidarias en el terreno de la cooperación económica y social regional, que el SELA establece como línea central en el Convenio de Panamá”.
Más adelante, dice: “La concepción per se de esta reunión regional y la forma como la misma ha sido permeada por las disposiciones en la materia, que han establecido algunos de los países miembros en sus tratados bilaterales con Estados Unidos rompe de manera contundente con los principios de soberanía, independencia de los Estados, no intervención en los asuntos internos, y pleno respeto a los sistemas económicos y sociales libremente decididos por los Estados”.
Desenmascara la pérdida del objetivo inicial del SELA que era justamente “...el preparar a la región para de alguna manera hacerle frente a las pretensiones de intervención neocolonial ...” principios que no están presentes en los objetivos de la reunión regional, y más adelante afirman que los conocimientos tradicionales son de construcción colectiva y “forman parte del acervo cultural de los pueblos y deben ser garantizados, difundidos y conservados de manera soberana por los Estados, como un Derecho Humano”.
Después de recordar las inmensas riquezas conque cuenta nuestra región y la depredación de que ha sido objeto por transnacionales, el documento apunta: “La propiedad que se ha querido establecer sobre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos protegen derechos individuales y tienen fines exclusivamente comerciales, frenando el desarrollo y el acceso del colectivo a la participación y disfrute del conocimiento, al pasar a un monopolio controlado por el titular de la propiedad” (subrayado nuestro)
• Los CCTT forman parte fundamental de la integridad y existencia de los pueblos; en ese sentido constituyen una condición, sin la cual la comunidad en si, no podría existir por lo que se encuentra directamente relacionado al derecho de auto determinación de los pueblos.
• Los CCTT hacen parte de la identidad cultural de los pueblos y específicamente en nuestro país se ve reflejado a través de la gran diversidad que existe.
• La explotación descontrolada e indiscriminada de los CCTT y los RRGG asociados a éstos constituye un alto riesgo para los componentes de la Biodiversidad que puedan asociarse a este proceso, y afectaría el acceso a las generaciones futuras.
• La importancia que tiene para los pueblos indígenas los sitios y lugares sagrados como monumentos arqueológicos considerados patrimonio culturales que representan verdaderos centros ceremoniales de la reproducción de la identidad cultural con un alto contenido espiritual.
• Los CCTT también abarcan técnicas sobre procedimientos de siembra y cultivo de alimentos, los cuales constituyen una herramienta para salvaguardar su seguridad agroalimentaria, y cualquier intento de controlar tales técnicas repercute en la seguridad y supervivencia de estos pueblos.
En tal sentido, corresponde a el Estado, junto con los pueblos indígenas, la custodia, el control y administración de los CCTT y los RRGG, por lo cual esta pretensión de la OMPI, de establecer un sistema de protección internacional “sui generis” sobre los mismos; constituye per se, un hecho que atenta contra la conservación y la integridad de estos conocimientos, afectando derechos tan sensibles para los pueblos, aparte de afectar el principio de soberanía de los Estados”.
Más adelante, el documento señala: “(...) abogamos por la construcción de políticas que se adapten a las realidades sociales de nuestras naciones, impidiendo políticas intervencionistas de entidades y corporaciones que busquen instaurar en nuestra región, modelos hegemónicos que atentan contra nuestra integridad regional.
El hecho de plantear la posibilidad de asumir acuerdos alcanzados bajo los paradigmas del libre comercio, constituye una amenaza a los conocimientos tradicionales y a los Recursos Genéticos asociados a éstos, ya que estas creaciones culturales no se adecúan a los principios del libre comercio y por ende se ven en grave peligro con los TLC, ya que atenta contra la vida y la existencia de nuestros pueblos”.
Concluye el documento del gobierno que Venezuela: “ (...) como país soberano también asume la decisión de no contraer obligaciones por vías alternas vinculadas con los TLC”.
Seguidamente enumera los principios constitucionales y las políticas gubernamentales en relación al tema de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos, las cuales coliden directamente con el espíritu del tratado que la OMPI y el SELA quieren introducir, y declaran:
“Se establece que tales iniciativas son rotundamente inviables en nuestro país, y contundentemente rechazadas por el Pueblo venezolano al cual en última instancia representamos en este espacio”.
En Venezuela los indígenas son gobierno y no víctimas del genocidio, que es utilizado en otros países, después de firmar los tratados de libre comercio, para acallar las protestas de los ancestros vivientes de nuestra Abya Yala.
Fuente: “Posición de la República Bolivariana de Venezuela en la Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones del Folclore y Recursos Genéticos en América Latina”.
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