A fuerza de publicidad, ya se considera normal el hecho de que se
apliquen medidas tecnológicas para restringir el acceso a la
información vía web a quienes no hayan pagado, En Venezuela, donde los
periódicos y televisoras privados más poderosos son verdaderos
partidos políticos de oposición con una conducta amoral eso no es
mucho problema, total, por la carga de mentiras y balas psicológicas
que contienen esos pasquines, mejor es no verlos.
Pero debemos evitar que esa práctica se haga consuetudinaria y elimine
la libertad de información a través de Internet, o de cualquier otra
vía.
Ni siquiera en la ley neoliberal sobre derechos de autor que
padecemos, los derechos de autor son propiedad de las empresas de
comunicación sino de los periodistas, que autorizan al patrón a
publicarla por una vez. Pero en todo el mundo occidental, regido por
los convenios internacionales redactados por los sirvientes de las
empresas transnacionales, la tendencia es a privatizar más y más, a
restringir más y más, al punto que una noticia, en vez de información
se convirtió en mercancía y así se trata.
España es un santuario de los derechos de autor, probablemente debido
a la fuerza económica y política que tienen allá las empresas
editoriales transnacionales, las cuales cuentan con un omnímodo
cancerbero: La SGAE, cuyas prácticas fascistas anhelan imitar las
entidades de gestión latinoamericanas. Y la situación de los derechos
culturales de los pueblos en Europa es de indefensión ante el
neoliberalismo.
En este momento, cuando se está refundando todo el sistema jurídico
venezolano, y ya la ALBA comienza a participar en la refundación, es
la oportunidad para echar abajo las cadenas legales que oprimen tanto
la cultura como la ciencia de nuestro país, con unas leyes que
permitan desalambrar la ciencia y la cultura.
Tenemos la responsabilidad y la oportunidad de desarrollar en leyes el
artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no
reformando ni mejorando las leyes existentes, sino echándolas abajo
completamente, volteando la tortilla, de manera que lo que actualmente
sólo tiene un minúsculo ventanuco, “las limitaciones y excepciones” de
los derechos de autor, cambie para que el acceso a la cultura sea la
regla y las restricciones ocasionadas por el comercio capitalista sean
la excepción.
Y también es el momento de sincerarlo todo. Los Derechos de las
autoras y los autores son derechos humanos y los derechos de las
empresas son derechos comerciales. Otorgar a las empresas derechos
humanos para blindar el despojo que se hace tanto a autores como al
público, es la mayor distorsión existente en el sistema internacional,
desde Berna hasta hoy. Hay que cambiar eso.
Derechos como el “trato nacional” dado a las empresas favorece a las
corporaciones transnacionales, la famosa lucha antipiratería no es más
que la protección de los mercados y la garantía del monopolio a las
grandes empresas que poseen las marcas más conocidas, que redactaron
los acuerdos ADPIC (o TRIPP) a su medida, que crearon y dominan la
OMPI, poderosa entidad que forma (más bien deforma) a todos los
funcionarios de propiedad intelectual del mundo, con lo cual
garantizan que los gobiernos ejecuten y reproduzcan las políticas
imperiales creadas y mantenidas para restringir el acceso de las
mayorías a la ciencia y la cultura.
Es el momento de tumbar esas altas y electrificadas cercas, y para eso
primero hay que desconectar las fuentes de energía: las leyes. Es
difícil, por lo intrincado de las capas y capas de “derechos” que han
ido fabricando, pero es necesario comenzar.
andrea.coa@gmail.com
