Como uno de los países que más lucha contra la piratería, tal como le ordenan sus amos neoliberales, el actual gobierno de México se enorgullece de haber asestado el más rudo golpe a tales crímenes: Se trata de la captura y prisión de Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí de 46 años, quien fue condenada a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado a seis policías altos, fuertes, entrenados y rudos, miembros de la Agencia Federal de Investigaciones de México (algo así como el CICPC de allá), que habían entrado a saco en el mercado a quitarles sus cosas a los buhoneros en el marco de un operativo antipiratería.
El gobierno necesitaba presentarle a las corporaciones transnacionales un culpable, había que mandar a alguien preso y aplicarle “todo el peso de la ley”, y ahí estaba esta india, madre de seis hijos que ni siquiera hablaba español, así que no tenía idea del problema en que la estaban metiendo. Esta hermana indígena reúne las condiciones para ser acusada del delito que sea: Es mujer, india y pobre. Así que a priori fue culpable para las clases dominantes, aún con lo absurdos que son los cargos que se le imputaron, que por sus condiciones es imposible que pudiera cometer.
El acto era demasiado aberrante y fue descubierto, así que un juez que todavía tenía vergüenza tuvo que sacarlo de nuevo y después del proceso que le habían negado, Jacinta fue liberada. Pudiéramos decir que se hizo justicia, pero no sería verdad. Si se hubiera hecho justicia, ella nunca debió ser encarcelada.
No se imagine que esta hermana indígena es, como en las películas chinas, una experta en artes marciales capaz de ganarles a todos, no. Es una mujer de pequeña estatura y no ha hecho más entrenamiento que el de la lucha por la supervivencia, la cual buscaba vendiendo en el mercado. Pero estuvo en un sitio donde hacían un operativo contra la copia no autorizada de contenidos que pertenecen a las empresas transnacionales, salió de mirona en una foto y fue capturada tiempo después, aunque ella se enteró de los cargos cuando ya estaba tras las rejas, donde pasó más de tres años bajo la bota del régimen neoliberal que padece México.
Se trata de otra injusticia cometida contra el pueblo a nombre de la “lucha contra la piratería”, en el cumplimiento de los mandatos del convenio ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, por medio del cual conminan a los países firmantes de ese tratado a proteger los intereses de las empresas transnacionales que se lucran de la propiedad intelectual, utilizando los medios al alcance de cada Estado y el culpable, para ellos, siempre será el pueblo.
Para las corporaciones, copiar un disco de su repertorio es un delito más grave que distribuir droga, que matar gente, que recalentar el planeta hasta fundirlo y reventarlo, que realizar invasiones en países ricos en recursos naturales para saquearlos. Es peor que pegarle a su mamá y comerse fritos a los niños, es lo peor de lo peor.
Habrá que ver si la SONY, que fue agarrada en el hecho pirateándole las canciones al Potrillo Alejandro Fernández, que ya le había cortado las patas a esa corporación y había firmado con una competidora, va a ser procesada con la “firmeza” que le aplicaron a Jacinta.
Lo dudamos.
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