La elaboración de una licencia de música libre por parte del SAPI es un escalón de avance hacia una doctrina socialista de la “propiedad intelectual” en Venezuela.
Si comparamos todo el sistema de derechos de autor capitalista con una gran represa, una licencia de música libre en Venezuela, más los pequeños avances mostrados por países como Brasil, son peñonazos sobre la poderosa estructura de hormigón que impide el avance de la cultura de los pueblos del mundo, condicionándolo al pase por las compuertas que las corporaciones han preparado, de manera que ese paso les produzca grandes “ganancias”.
De acuerdo al mandato imperial, lo que no les da dinero, no va.
Una licencia de música libre es, por otro lado, la exaltación de la generosidad de aquellos compositores que, renunciando a su remuneración por cada pieza subida, eligen ponerla al servicio de la colectividad, que puede disfrutarla y compartirla, pero no lucrarse de ella. Por supuesto, que al tratarse de piezas no comercializables, pareciera no afectar la estructura del sistema imperial de derechos de autor. Se trata de pasar por una fisura que, muy a pesar de las empresas disqueras y sus lacayos, se conserva en las leyes y convenios como el producto de una lucha en la cual el poder imperial no permitió lograr más nada.
Es análogo a los programas libres de computación promovidos por el movimiento GNU-Linux, el contendor más poderoso en el combate diario contra la ideología y la estructura legal del imperialismo, que busca convertir todas las creaciones de la inteligencia en mercancía y en “activos intangibles” para comerciar con los derechos.
En Venezuela podemos ir más allá. Las condiciones están dadas para producir un cambio radical en toda la legislación relativa a la propiedad intelectual, no sólo en los “derechos de autor”. El Presidente Chávez ha llamado a producir esa transformación en un tiempo razonablemente corto, en el marco de la creación de las bases legales para el socialismo y, enmarcándose en la multipolaridad bolivariana, ya se ha avanzado algo en las reuniones de nuestros altos funcionarios de “propiedad Intelectual” con los países del ALBA, en las cuales se buscan acuerdos sobre las patentes. El tema de los Derechos de Autor sigue estando pendiente.
Desde hace más de seis años se ha comenzado a mover en nuestro país un movimiento que busca la instauración de una doctrina socialista sobre la propiedad intelectual, liderizado por el Dr. Eduardo Samán, hoy Ministro de Comercio. Uno de los planteamientos de esa doctrina es que los derechos de autor deben tratarse como un derecho humano y no como una forma de propiedad, basándose en las disposiciones del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De ser convertido este principio en ley, los autores y las autoras jamás perderían sus derechos ni los venderían; sino que harían contratos comerciales con las empresas, cuando éstas estuvieran interesadas en “explotar” algunas obras, esas licencias serían temporales y en condiciones que se acordarían con los autores. Ya no serían legales los contratos de adhesión que, en ejercicio de autoridad imperial, las corporaciones del Norte presentan a los artistas para que, a cambio de ganar algo, les entreguen todos sus derechos, por toda su duración.
Esos “contratos leoninos” sólo son posibles porque la Ley Antequera, que aún está vigente, lo permite expresamente, y serán posibles mientras esa situación se mantenga.
Si bien los contratos de adhesión que compran hasta el alma no serían posibles si hubiera una ley socialista, en cambio las licencias de música libre nadarían como pez en el agua, porque nada hay tan socialista como el compartir.
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