La visión comercial es hoy predominante y proviene de leyes redactadas por los bufetes financiados por las corporaciones, por lo cual define los derechos de autor como un papel que puede ser negociable, y permite que las creadoras y los creadores, por necesidad o por ambición, tengan que vender sus derechos a los dueños de los medios de producción.
Este criterio es enseñado y difundido en el mundo entero como pensamiento único, como lo bueno y lo deseable, como el “fin de la historia”, inmutable. Es vendido como lo que más conviene a las autoras y los autores. Nada más falso.
El poder del neoliberalismo, ascendente en los años 90, consagró una doctrina transnacional que barrió con toda posibilidad de que la gente pudiera disfrutar de sus derechos culturales, a menos que pague a quienes se apropian de todo lo que se crea, se piensa o se imagina.
En el siglo 21 las cosas han cambiado. Aquellas empresas que parecían invencibles han tenido que hacer recortes, despedir trabajadores, cerrar sucursales, porque la manera como se administraron no tenía una base productiva sólida, y así se marcó el principio del fin del imperio transnacional.
En esta situación, se ha creado un estado de cosas favorable para que muchas leyes y convenios internacionales que los favorecían, en detrimento de los pueblos, puedan ser modificados, entre ellos los de propiedad intelectual.
La declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada en 1948, creó la base para que los derechos culturales sean considerados derechos humanos, y no se encuentran dentro de los derechos económicos. Este hecho ha sido ignorado por los interesados en convertir los derechos de autor en mercancía para comerciar con ellos.
A una nueva concepción de los derechos culturales debe corresponder un lenguaje más claro, que llame las cosas por su nombre y que, en justicia, dé a cada persona lo que le corresponde. Los contratos comerciales deben ser llamados contratos comerciales y deben regirse por el código civil, para que los involucrados se beneficien de la regulación de los actos entre civiles.
La remuneración, que corresponde a cada persona por el trabajo realizado, debe ser llamada remuneración y debe ser respetada de acuerdo con la ley orgánica del trabajo, garantizando para las creadoras y los creadores los derechos que les corresponden como trabajadores, de manera irrenunciable.
Las creadoras y los creadores tienen derecho a comerciar con sus obras si así lo desean, y cuando se hace por medio de contratos discutidos entre las partes, y supervisados por el Estado, el débil jurídico resulta protegido, en cambio los contratos de adhesión de las grandes corporaciones los obligan a aceptar lo que digan los patronos, y los despojan de todos sus derechos.
En estos momentos, los autores más vendidos en Venezuela son extranjeros, y los venezolanos no pueden vivir de los “Derechos de Autor”, tampoco los músicos ni los demás artistas.
En general, los libros publicados en Venezuela por el Estado, son distribuidos gratuitamente o vendidos a precios simbólicos, y las autoras y autores, con raras excepciones, no reciben remuneración por su trabajo.
Existe la idea generalizada de que el arte no es un trabajo y hay que hacer otra cosa para vivir. Sin embargo las empresas privadas sí obtienen ganancias de las creaciones, se quedan con los derechos de los que crearon y se llenan de ganancias cuando éstos mueren. Caso ejemplar los Beatles y Michael Jackson.
Nuestro país es considerado por esas empresas como “mercado” y no como productor de obras de “entretenimiento”. Por muy bueno que sea lo que producimos, las corporaciones ni siquiera los consideran, y cuando raramente lo hacen, desnaturalizan a los artistas y sus obras. Caso Carlos Baute, que de ser un cantante criollo pasó a “pop” y su imagen ahora es la de un roquero.
Es falsa la afirmación de que los “Derechos de Autor” sirven para vivir los artistas. Las cantidades que reciben son mínimas y las empresas se quedan con todos los derechos. En nuestro país eso no se ha hecho realidad, y en el mundo sólo un puñado de autores viven de sus derechos, cuando las corporaciones venden sus obras por millones.
Para que se haga justicia con la comunidad que no debe ser privada de sus derechos culturales; y con los trabajadores y trabajadoras culturales, que tienen que recibir remuneración por su trabajo es necesario que en Venezuela se trascienda esa legislación neoliberal, se haga una nueva ley de Derechos de Autor y se revisen los convenios internacionales a los cuales nos hemos adherido en prejuicio de nuestra soberanía.
Esta transformación cuenta con poderosos enemigos que han logrado, durante años, que las nuevas leyes de propiedad intelectual no se aprueben, y que los convenios internacionales sigan vigentes.
No obstante, las condiciones están dadas para que se apruebe una nueva ley de Derechos Culturales y se derogue la ley de derechos de autor impuesta por las corporaciones en Venezuela.
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