El descaro del imperio global se manifiesta en todos los órdenes. Desde la invasión a una isla asolada por un terremoto de dudosa procedencia hasta el genocidio en el medio oriente, frente al cual, bajo las órdenes de su amo imperial, la ONU se hace de la vista gorda, en tanto considera más peligroso que el pueblo de Haití pueda levantarse contra un gobierno vendido, derribarlo y traer de nuevo a su líder, para gobernarse solo; lo invade con tropas y no lo deja respirar.
Mientras ocurren los sucesos más vistosos y espectaculares, pisando pasito, las empresas transnacionales continúan chupando sangre de los pueblos por medio de los convenios de propiedad intelectual, que en un tiempo fueron materia abstrusísima, sólo para privilegiados bufetes que se lucran de la administración de patentes, marcas y derechos “de autor” (como llaman eufemísticamente al copyright), como producto de su labor de restringir el acceso a la cultura, a millones de personas.
Si una revolución no es cultural, no es Revolución; esta frase se ha convertido casi en un lugar común, pero cuando se cumplen verdaderas transformaciones en el ámbito cultural, esas palabras dejan de ser letra muerta. En los cambios que se desarrollan en el mundo, y específicamente en nuestro país, la política cultural ha ido prácticamente a la zaga. Se han logrado algunos avances, pero sin cambiar la estructura existente, desarrollada por la derecha explotadora.
Detrás de la pesadez del movimiento de la revolución cultural en Venezuela (y sospecho que del mundo entero) está el poderoso lobby de las empresas transnacionales del entretenimiento, léase editoriales, cinematográficas, disqueras, digitales, etc., que influyen sobre funcionarias y funcionarios que no tienen nombre ni rostro, que tienen años trabajando para ellos y, pisando pasito, siguen enquistados en la estructura del gobierno, cumpliendo con la abyecta misión de cuidar los intereses de las empresas, cobrando del gobierno. Y qué bien lo hacen.
El Presidente Chávez dijo en el Aló Presidente de ayer, que muchas leyes de la cuarta república, que aún están vigentes, deberán ser derogadas y sustituidas por leyes revolucionarias, para que el proceso revolucionario se profundice con eficiencia. Las leyes de propiedad industrial y la de derechos “de autor” deben estar en esa lista.
Pero la derogación de estas leyes implica la discusión, y tal vez la denuncia, de los viejos convenios internacionales que amarran la legislación nacional a los intereses transnacionales, y nos impiden desarrollar una política cultural soberana. Son convenios esencialmente capitalistas, y no sólo eso, abiertamente neoliberales, que es el estado terminal, y por lo tanto más agresivo, del imperialismo.
Son: el convenio de Berna, de principios del siglo 20, los ADPIC (aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio) de la OMC y algunos regionales que no hacen más que apuntalar y hacer cumplir esos convenimientos básicos, que han sido establecidos mediante un falso consenso en las reuniones multilaterales, cocinados por personajes que sirven a las empresas y desprecian a los pueblos, e impuestos como documentos de adhesión a unos funcionarios que habían sido adoctrinados por la OMPI, que sólo defiende los intereses de las corporaciones.
Hijos de esos convenios son fenómenos como la creación de una pandemia virtual, pero con obligación de que los Estados compren millones de dosis de unas vacunas que, siendo inocuas para una gripecita, en cambio son peligrosísimas para la salud de las víctimas que con ellas sean inoculadas. Detrás de ese hecho vergonzoso están las patentes y los convenios de la OMS, cuyos altos funcionarios han sido formados y adoctrinados por las corporaciones farmacéuticos. Es sólo un botón de muestra.
Nada más antisocialista, excluyente, monopolizador y represivo que las leyes y los convenios de propiedad intelectual, y la matriz propagandística se extiende al entorno digital, porque ya las corporaciones tienen cocinado el modelo de leyes que quieren imponer en todo el mundo, para restringir el acceso a informaciones y a ficheros que contienen creaciones culturales y científicas, en la Internet.
Acertadamente, Venezuela se deslindó del Pacto Andino, incluida la Decisión 486 sobre propiedad intelectual, y ese hecho demuestra que es posible, que se puede actuar soberanamente. Es un principio, un camino abierto que es necesario recorrer. Un camino revolucionario que debe ser recorrido, en el cual podemos ser acompañados por los hermanos países de la ALBA.
andrea.coa@gmail.com
