LOS PIRATAS DE POSTÍN
Jack Sparrow, el peculiar protagonista de la película “Piratas del Caribe”, luchó arriesgando por tener un barco. Para qué quería el “Perla Negra”, lo dijo al final de la película, cuando estaba frente al timón de la nave: “Llévame al infinito”. Esa es la semblanza de un pirata: alguien que ignora las leyes, buscando una salida que éstas no le proporcionan, para buscar la libertad a su manera. Por eso el tipejo sucio, greñudo y estrafalario era tan atractivo, más allá de la magnífica actuación de Johnny Deep.

El antecedente más conocido de la piratería oficial está en las patentes de corso que los reyes británicos otorgaban a filibusteros del mar, con el objeto de que acosaran los barcos de potencias adversarias, para sacarlas del medio, en su lucha por controlar los océanos y por ende, las colonias de ultramar, cuyas riquezas estaban saqueando.

Hoy en día existen varias clases de patentes de corso, denominadas “propiedad intelectual”: Las patentes industriales, que permiten a las empresas transnacionales “sacar del mercado” a las empresas más pequeñas y a las industrias nacionales de los países víctima, afectando la producción de medicamentos genéricos y por tanto el bolsillo de las víctimas verdaderas, la gente, llamada eufemísticamente “consumidor final”.

Igual pasa con los derechos de autor. Son patentes de corso firmadas por las autoras y los autores a ciertos filibusteros dueños de capitales transnacionales, los cuales, en nombre de los autores, restringen el acceso a la cultura a la mayoría de la gente del mundo, a menos que les paguen su buena platica. Un ejemplo del mayor cáncer filibustero del mundo lo constituyen las leyes europeas de Derechos de Autor, y la española SGAE, que para cobrar “los derechos” no perdona a nadie, hasta tiene espías, como un moderno “gran hermano” al servicio de los grandes capitalistas. Lo de sociedad de autores y editores es otro eufemismo, porque cuando pones a los autores y sus patrones a ser defendidos por el mismo grupo, es como poner al gato y el ratón en la misma caja. Ya se sabe quién se va a comer a quién.

LA DISCUSIÓN MUNDIAL
En el mundo existe actualmente un arduo debate acerca de los derechos de propiedad intelectual, que siempre quedan en manos de las grandes corporaciones, perjudicando a la gente que tiene que comprar los bienes que necesita, y que tiene derecho a acceder a la cultura, derecho garantizado en el primer párrafo del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los dos polos de esta confrontación son, por un lado las grandes empresas que monopolizan la propiedad intelectual, y las corporaciones de entretenimiento; y por el otro, los gobiernos que se preocupan por los intereses de sus pueblos en el acceso a los medicamentos y otros bienes, y la gente que desea que exista libertad cultural. Las leyes de derechos de autor en los países europeos son objeto de fuerte discusión y frecuentemente modificadas, como una victoria muy pequeña de quienes luchan por la libertad de creación y de acceso a esas creaciones.

En nuestro continente, por el contrario, el último avance que pudimos ver fue el inicio de una vigorosa lucha de la ALBA para modificar la legislación de propiedad intelectual en beneficio de la soberanía de nuestras naciones, y del acceso del pueblo a bienes y servicios restringidos por “propiedad intelectual”. Pareciera que el lobby de las corporaciones ha sido lo suficientemente efectivo, porque hace casi un año que no se observa movimiento en ese sentido, e incluso uno de los más combativos defensores de los derechos de los pueblos y la soberanía en ese sentido, Eduardo Samán, fue recientemente defenestrado del Ministerio de Comercio.
Sólo cabe orar al Todopoderoso para que el nuevo ministro no dé un golpe de timón a favor de las corporaciones, echando por tierra los intereses soberanos de la Nación, y los derechos culturales del pueblo, así como su derecho a la vida, conculcado por las empresas farmacéuticas transnacionales a través de las patentes de medicamentos. Los recientes aumentos en los precios de bienes de la cesta básica de alimentación del pueblo, nos hace temer nuevas arremetidas contra el pueblo Soberano.

LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y LA PIRATERIA
El único convenio internacional que tiene efectos vinculantes en relación a la irregularmente llamada “piratería” es el convenio de propiedad intelectual vinculada con el Comercio (ADPIC, o TRIPPS, como se llama en inglés) de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, y el mandato de ese convenio es específicamente a las autoridades aduaneras.
Como todo el mundo sabe, la OMC es un organismo internacional de los países del Norte, de los imperios, en los cuales tienen sus casas matrices las grandes empresas de capital internacional. Y es de allí de donde viene el mandato de “combatir la piratería”. Eso explica por qué los países que más obedecen ese mandato son aquellos que están gobernados por elementos de la derecha más reaccionaria, como son México y Panamá, por nombrar dos.
Los países progresistas, por el contrario, promueven una nueva legislación internacional que respete la soberanía de las naciones y los derechos de los pueblos. Es el caso de Brasil, que está ejecutando sanciones contra Estados Unidos, porque está financiando a sus productores agrícolas en violación a este tratado de la misma OMC.

Estados Unidos pirateando los ADPIC, que es como decir, los venados disparándole a las escopetas. Y así son esos convenios, elaborados por los abogados de las corporaciones y aprobados en medio de un falso consenso, por delegados que ni siquiera tienen tiempo de leerlos, solamente para ser cumplidos por los países pequeños, pero de cuyo cumplimiento se eximen los autores intelectuales del hecho. Así funciona la justicia imperial.
Venezuela todavía no ha trascendido las leyes neoliberales, todo se quedó en la denuncia de la Decisión 486, realizada a raíz de la denuncia del Pacto Andino.

Venezuela debe avanzar más, ahora que la correlación política de fuerzas nos favorece, ahora que el imperio está empantanado en su propia crisis económica. Debemos avanzar en la creación de instrumentos jurídicos que beneficien la soberanía, a nuestros inventores y creadores, y para denunciar los ADPIC y otros convenios de propiedad intelectual que puedan unirnos desventajosamente al Imperio. Los derechos culturales tienen en nuestro país rango constitucional y los Derechos de Autor son derechos culturales. Así de simple.

Y no podemos convertirnos en vigilantes privados de las corporaciones para defender sus intereses, a estas alturas, cuando Venezuela es una luz de bengala, que irradia al mundo entero su luz de dignidad y de progreso social.


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