Guyana nació con una difícil carga colonial, producto de la ocupación británica que utilizó su territorio como un enclave en las rutas de la piratería después de la capitulación holandesa (1814). El caso de Guyana y Belice es particular, comparten características similares, no obstante están situadas en el Centro y Sur del Continente. Ambas heredaron conflictos territoriales ante el desmembramiento de la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Venezuela; el umbral de sus cortas historias republicanas han estado marcadas con la reclamación territorial. Estos conflictos no son una excepción en la región, producto de la formación accidentada de los Estados y la limitación de la soberanía territorial. En esta década encontramos una serie de demandas limítrofes en organismos internacionales que han elevado la tensión política paradójicamente ante el boom de los esquemas de integración regional. El último punto que agudiza los conflictos territoriales, es la convención de los derechos del mar en vigencia desde 1994; firmado por Guyana pero no así Venezuela.

El atasco político entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, es parte de la línea de presión guyanesa. Incluye movimientos diplomáticos – tácticos para aprovechar los recursos naturales en las aguas marinas y submarinas del territorio Esequibo en disputa. A pesar de la mengua en los precios del petróleo, el proceso de aseguramiento de los depósitos de crudo en la extensa costa afuera del atlántico suramericano sigue su curso; las exploraciones de Exxon Mobil confirman la fecundidad de ese espacio. En décadas reciente la convulsión limítrofe entre Surinam y Guyana (2000), resultó en la expulsión forzada de la petrolera canadiense CGX por parte del ejercito surinamés en la zona en querella; exploraciones previamente avalada desde el gobierno guyanés. Lo curioso de los eventos recientes, es la forma como la cancillería venezolana se dirige directamente a la compañía estadounidense. Aunque desde la vía de oficio, la diplomacia venezolana ha hecho frente a los comunicados y las declaraciones de su contraparte estatal.

La relación entre PDVSA y Exxon Mobil cesó en términos poco amistosos (2007). Luego de la decisión del gobierno venezolano de recuperar la soberanía sobre sus recursos energéticos. La transnacional enfocó su ofensiva más allá de los dictámenes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI); la aspiración rondaba en una cifra “astronómica” de casi 20 mil millones de dólares. El proceso resultó en el arbitraje internacional contra el Estado ante el CIADI. Esto es parte del laberinto legal dispuesto en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), bases de la lesiva renuncia de la inmunidad absoluta de jurisdicción en los países periféricos a cambio de la inversión extranjera. Las dimensiones económicas de un gigante petrolero como Exxon Mobil se pueden evidenciar en sus ganancias netas  de 32.580 millones de dólares en el año 2014; superior a las reservas internacional de Venezuela en ese mismo año.   

La ratificación de la soberanía venezolana sobre el Esequibo es vital para consolidar su salida atlántica. Si bien el país no ha suscrito los derechos del mar, la postura de Guyana incide en el tratado limítrofe Venezuela - Trinidad y Tobago y compromete la integridad del Estado Delta Amacuro. Genera suspicacia la actuación venezolana, con poca claridad al sólo condenar las exploraciones de Exxon Mobil, pero no comentar la explotación minera unilateral e ilegal por parte de Guyana en el territorio continental del Esequibo; base de la negoción de la fachada marítima. Preocupa que a pesar del buen nivel de relaciones entre ambos Estados, la cancillería prefiera dirigirse a Exxon Mobil y no convocar los mecanismos de diálogo disponibles para evitar incidentes como el del Teknik Perdana (2013).

La reclamación de Argentina por la soberanía plena de las Malvinas, Georgias S. y Sándwich S. es contra el Reino Unido (denunciado en la ONU). Sin embargo, en abril de este año el gobierno argentino inició un proceso en su propio sistema judicial contra las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. entre otras, ante la explotación petrolera sin su autorización en los territorios reclamados. Aunque son lícitas las exhortaciones venezolanas contra la transnacional, es absurdo obviar que han sido autorizadas por el gobierno de Guyana quien es el sujeto principal de la reclamación esequibana.