La historia de la Revolución Rusa y de la Nueva Política Económica implementada por Lenin y los bolcheviques deja lecciones profundas para los gobiernos que enfrentan bloqueos y sanciones económicas. Enfrentada a la ruina económica tras la Guerra Civil y el bloqueo de las potencias imperialistas, la joven República Soviética adoptó la NEP como una solución temporal, permitiendo ciertos elementos de mercado en la agricultura y en las pequeñas empresas, pero sin ceder el control de las "palancas" de la economía (como la banca, la industria y el comercio exterior), que se mantuvieron bajo dominio estatal. Este control garantizaba que las fuerzas fundamentales de la economía sirvieran al interés colectivo y no se convirtieran en una base de restauración capitalista.
En contraste, el gobierno venezolano, frente a las sanciones, ha optado por una serie de medidas pro capitalistas, como privatizaciones, apertura a inversiones privadas extranjeras y dolarización de facto, lo cual pone en riesgo la soberanía económica del país y golpea duramente a la clase trabajadora. Estas políticas reflejan una tendencia a consolidar una nueva burguesía, dejando de lado la posibilidad de una economía planificada y socialista.
La NEP como política temporal
La NEP instaurada en 1921, fue una política que Lenin y los bolcheviques adoptaron con cautela y como una medida temporal. La economía soviética, devastada por la Primera Guerra Mundial, el sabotaje capitalista durante la revolución y la Guerra Civil, necesitaba urgentemente reactivar la producción y satisfacer las necesidades básicas de la población. A través de la NEP, se permitió la iniciativa privada en áreas limitadas como la agricultura y las pequeñas empresas, con el objetivo de aumentar la producción de alimentos y otros productos básicos. Sin embargo, esta apertura se implementó en un contexto en el que el Estado mantenía un control absoluto sobre los sectores estratégicos de la economía: la banca, la gran industria, el comercio exterior y los transportes. Este control sobre las "palancas" permitía al Estado soviético dirigir la economía en función de los intereses del proletariado.
Lenin también advirtió los peligros de la NEP, sabiendo que el regreso de elementos de mercado traería consigo el riesgo de la restauración capitalista y de la desigualdad. Por eso, la NEP se gestionó como una estrategia temporal que se aplicaría solo hasta que la economía pudiera ser nuevamente planificada en su totalidad. Lenin entendía que una apertura sin un control estatal en los sectores clave conduciría a una dependencia económica y al resurgimiento de una clase burguesa, capaz de debilitar el proyecto socialista.
El caso venezolano: Privatizaciones y apertura pro capitalistas sobre bases económicas burguesas
En el contexto venezolano, el gobierno ha argumentado que la adopción de políticas de mercado es necesaria para enfrentar los efectos de las sanciones, que han restringido el acceso del país a los mercados financieros y al comercio internacional. Sin embargo, a diferencia de la NEP en la Unión Soviética, estas políticas en Venezuela se llevan a cabo sobre la base de relaciones de producción capitalistas, es decir la propiedad privada de los medios de producción.
El Estado venezolano no mantiene el control efectivo de las "palancas" fundamentales de la economía, y su dependencia de los sectores privados y del capital extranjero ha acrecentado la vulnerabilidad económica.
Privatización de empresas estatales
En lugar de nacionalizar sectores estratégicos para asegurar el control estatal de la economía, el gobierno venezolano ha permitido una creciente privatización de empresas públicas. En áreas como la industria petrolera, agrícola y de servicios, el gobierno ha cedido parte del control a capitales privados, justificando esta medida como una forma de atraer inversiones y reactivar sectores paralizados. Este proceso va en contra de las lecciones de la NEP, donde el Estado soviético mantuvo el control de la gran industria para evitar la creación de una burguesía con influencia económica sobre el país.
En la industria petrolera, por ejemplo, el gobierno ha permitido la entrada de capitales extranjeros a través de asociaciones y concesiones a empresas privadas, debilitando el control del Estado sobre el principal recurso del país. Esta apertura no ha mejorado las condiciones de vida de la población, sino que ha generado una dependencia de intereses privados que buscan maximizar beneficios en lugar de fortalecer el desarrollo nacional.
Dolarización de facto
La dolarización en Venezuela es otro ejemplo de cómo las políticas adoptadas, lejos de fortalecer la economía, han generado una dualidad en la cual la clase trabajadora queda desprotegida. A medida que el bolívar ha perdido valor, el gobierno ha permitido el uso masivo del dólar en transacciones comerciales. Esta dolarización de facto ha estabilizado los precios en dólares, pero también ha llevado a una segmentación de la sociedad: aquellos que tienen acceso a dólares pueden mantener un nivel de vida más alto, mientras que quienes dependen del bolívar, como los trabajadores del sector público, enfrentan una situación de empobrecimiento extremo.
Esta política no resuelve las causas estructurales de la crisis económica, y refleja la incapacidad del gobierno para gestionar una política monetaria soberana que proteja a la clase trabajadora. La dolarización profundiza la dependencia del capital extranjero y reduce la capacidad del Estado para manejar su economía de forma autónoma, en contraste con la URSS bajo la NEP, donde la banca y la moneda eran controladas directamente por el Estado.
Ley Antibloqueo y apertura a capital extranjero
La Ley Antibloqueo, aprobada en 2020, ha permitido al gobierno venezolano flexibilizar las normativas de inversión extranjera y otorgar concesiones a empresas privadas en áreas como la minería y la producción agrícola. Esta ley otorga al gobierno la facultad de privatizar activos públicos y de asociarse con capitales extranjeros sin pasar por la Asamblea Nacional, todo con el argumento de "eludir" las sanciones.
Este tipo de apertura permite a los capitales internacionales controlar sectores estratégicos, debilitando la economía nacional y alejando la posibilidad de una planificación económica que responda a los intereses del pueblo trabajador. Al contrario de lo que Lenin proponía, el gobierno venezolano cede su soberanía económica en lugar de fortalecerla, adoptando una política neoliberal y no avanzando hacia una economía socialista o planificada.
Las consecuencias para la clase trabajadora: Desigualdad y dependencia
Las políticas de apertura económica en Venezuela han tenido graves consecuencias para la clase trabajadora. Al priorizar la entrada de capital extranjero y la privatización de empresas estatales, el gobierno ha creado una nueva burguesía dentro del propio aparato estatal y una serie de élites económicas que se benefician de estas concesiones. Esto ha generado una sociedad altamente desigual, donde la riqueza se concentra en una élite que controla el acceso a divisas y recursos, mientras el grueso de la población enfrenta condiciones de vida precarias.
En el marco de estas políticas, el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído drásticamente, y las garantías laborales han sido sacrificadas en favor de la "competitividad" para atraer inversiones. A diferencia de la NEP, que buscaba ser una medida transitoria en la cual el Estado mantenía el control de la economía para proteger los intereses de los trabajadores, en Venezuela estas medidas se han convertido en una política de largo plazo que perjudica a la clase trabajadora y fortalece a sectores capitalistas.
La necesidad de expropiar a los capitalistas y avanzar hacia una economía planificada bajo control obrero
La experiencia de la NEP la Unión Soviética muestra que una apertura económica limitada solo es viable si el Estado posee las palancas fundamentales de la economía. El caso venezolano ilustra los riesgos de ceder este control a los sectores privados y de recurrir al capital extranjero como solución "permanente". Para enfrentar las sanciones y la crisis, no es suficiente adoptar políticas de mercado que terminan beneficiando a una nueva burguesía y desmantelan los derechos de los trabajadores. Es necesario que el Estado recupere el control de la economía bajo un esquema de planificación socialista, nacionalizando la banca, la industria y los latifundios, para llevar a cabo una política económica que responda a los intereses de la clase trabajadora. Y este gobierno ha dejado meridianamente claro que no avanzará por ese camino porque ellos mismo son de hecho burgueses, y han liquidado todas las conquistas bajo los gobiernos de Chávez.
Solo a través de medidas genuinamente revolucionarias, que establezcan un control obrero sobre la economía y garanticen la soberanía económica, Venezuela podrá enfrentar las sanciones sin sacrificar la dignidad y el bienestar del pueblo. La historia de la NEP enseña que cualquier concesión al mercado debe ser provisional y bajo estricta supervisión estatal. En última instancia, una política verdaderamente socialista exige un control real sobre la economía, sin abrir la puerta a una burguesía que utilice la crisis para enriquecerse a expensas del pueblo trabajador.
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