La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para los efectos de hacer prevalecer la justicia en América Latina, es una verdadera entelequia.
Esta instancia jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante las largas dictaduras que campearon en el subcontinente por varias décadas, guardó un cómplice silencio. Sin embargo en la actualidad insurge contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sin detenerse siquiera en guardar las formas.
Cabe destacar que hace rato la CIDH se quitó la careta y se muestra como un vulgar brazo del imperio.
Este organismo jurídica, de carácter internacional, acaba de demandar al Estado venezolano "en protección" de un grupo de periodistas –y de otros que no lo son - del canal Radio Caracas Televisión (Rctv). La demanda coincide en el tiempo con la proximidad de la fecha en que vence la concesión del canal de marras. Ni siquiera disimulan.
En verdad, los periodistas que dicen defender les importan un bledo a esta comisión de derechos humanos. La alharaca que han formado es por la decisión del gobierno de no renovarle la concesión a la planta televisiva de Quinta Crespo.
Esta demanda contra Venezuela es la crónica de una campaña anunciada. Luego del golpe de estado propiciado en abril de 2002, el periódico norteamericano The New York Times informaba, desde su corresponsalía en la ciudad de Caracas, que Estados Unidos, más que intervenir directamente en los asuntos internos de nuestro país, lo haría a través de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación e instancias multilaterales como la Cidh.
Al parecer, el Departamento de Estado empieza a hacer buenas sus palabras. O malas, según como se vea. En todo caso, está cumpliendo con lo que anunció el diario neoyorquino.
Más acá en el tiempo, ocurrió un hecho insólito desde el punto de vista del derecho internacional: el secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza, se pronunció a principios de este año sobre el caso Rctv y la decisión del gobierno venezolano de no renovarle la concesión.
Es obvió que al emitir cualquier tipo de opinión, el secretario general de esta organización americana, inhabilita automáticamente a esta institución internacional para estudiar el caso. Además la Cidh es una instancia de la OEA.
Sin embargo, está claro que no estamos frente a una decisión jurídica, aunque se le disfrace como tal, sino de un pronunciamiento político, como lo evidencia el apresuramiento declarativo del señor Insulza.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano, busca crear una matriz de opinión internacional y presionar al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para que desista de lo que anunció el 28 de diciembre de 2006.
Coincide el organismo jurídico de la OEA con los pronunciamientos que empiezan a llover internacionalmente por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) reales o ficticias, como bien lo anunciara, hace cinco años, The New York Times. Todo es tan obvio y evidente que pareciera una mamadera de gallo. O una subestimación y desprecio a la inteligencia y la idiosincrasia de los pueblos del continente americano.
Como propaganda negra internacional, la decisión antivenezolana de la CIDH, podría funcionar en algunos estratos sociales, pero de allí no pasaría. Como mecanismo de presión para amedrentar al gobierno bolivariano, es una pérdida de tiempo y dinero.
El país está curado de estos fantasmas. El golpe de abril de 2002, con apoyo de esas mismas instancias foráneas, y el sabotaje petrolero que se prolongó hasta febrero de 2003, fueron experiencias traumáticas y dolorosas, pero que templaron el acero de la joven revolución bolivariana y dejaron valiosas enseñanzas para enfrentar estas presiones.
La realidad actual de los venezolanos es distinta a la 2002. Picados de culebra, ya sabemos distinguir entre el bejuco y la víbora.
