Los hechos derivados del proceso de facilitación y mediación de la senadora colombiana Piedad Córdova y el presidente venezolano Hugo Chávez Frías con vista a un Acuerdo Humanitario que permitiera la libertad de todos los prisioneros de guerra y civiles en poder del Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el imprevisto descenlace de la Operación Internacional Humanitaria “Emmanuel”, promovida por el gobierno de Venezuela con el apoyo de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y el Comité Internacional de la Cruz Roja, demuestra, mas allá de cualquier consideración, la complejidad de un conflicto armado interno y las dificultades reales de resolverlo, incluso, por la vía de la negociación política con intervención internacional.
Salvo los círculos guerreristas de Colombia, sus financistas del gobierno de los Estados Unidos y el coro mediático global antichavista; la mayoría de los observadores coinciden que la decisión del presidente Uribe Velez de abrirse a una negociación fue forzada por el cambio de actitud pasiva de amplios sectores de la sociedad colombiana, producida por la creciente movilización de los familiares de los prisioneros de guerra y otros cautivos en poder de las FARC-EP que exigen desde el parlamento, los partidos de la oposición, los sindicatos, organizaciones indígenas y algunos sectores de los viejos estamentos oligárquicos colombianos, la liberación de todos los prisioneros de guerra y demás cautivos y la solución política negociada a este conflicto fraticida.
Sin duda que el proceso judicial en la Corte Suprema y otros tribunales ordinarios en contra de senadores diputados, gobernadores, alcaldes y concejales uribistas por su vinculación con los paramilitares de las terroristas y sanguinarias Autodefensa Unidas de Colombia, UAC, que amenaza, incluso, con incorporar a miembros de la familia Uribe y al mismísimo presidente Alvaro Uribe Velez, a ese sumario criminal, representa un factor relevante de la debilitada situación política del mandatario neogranadino y sus aliados y, representa una carta política que el establecimiento político colombianao podría jugar, como se hizo en el caso Carlos Andrés Pérez en Venezuela, para resolver una posible crisis de gobernabilidad.
A estos factores internos, debe agregarse el papel que viene jugando el debate en el Congreso de los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, el cual se encuentra congelado por las series y fundadas presunciones de las violaciones graves, continuas e impunes de derechos humanos de sindicalistas, dirigentes comunitarios, jefes indígenas y activistas de organizaciones no gubernamentales atribuidas a la Policía y las Fuerzas Militares y a los Grupos Paramilitares asociados a la acción contrainsurgente del Estado, lo cual desespera a los grupos económicos colombianos deseosos de legitimar su cuestionadas fortunas, quienes comienzan a presionar a Uribe para aflojar su postura intransigente sobre el Acuerdo Humanitario.
Sin embargo, desde el punto de vista mediático y de política internacional, el largo período de cautiverio de la ex senadora y ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, también con nacionalidad francesa, se convirtió en el elemento que jugó en contra de la manipulación política del gobierno uribista, por cuanto el gobierno derechista de Nicolas Sarkosy, tuvo que responder al reclamo de la opinión pública francesa, especialmente sensibilizada por el gesto valiente de una mujer que se jugó su propia vida y libertad para promover una opción política distinta a los viejos partidos liberal y conservador, pidiéndole a su aliado, Alvaro Uribe, que buscara fórmulas de solución negociada al cautiverio de esta dirigente política.
Como en la laureada película protagonizada por Jack Nicholson, “Atrapado Sin Salida”, el presidente Alvaro Uribe Velez pareciera no tener escapatoria de su propia trama y toda iniciativa dirigida a trampear los escenarios y las salidas al problema humanitario de la guerra colombiana, no hace sino profundizar su aislamiento nacional e internacional y con ello, su inclinación por utilizar la radicalización de la guerra como única vía de esconder su evidente fracaso en cumplir su principal oferta electoral: la victoria militar en contra de la insurgencia de las FARC-EP.
A diferencia del momento político en el cual el llega al palacio de Nariño, en América Latina se vive un importante proceso de cambios políticos pacíficos y democráticos, en donde la paz, la Justicia Social y la integración son parte importante de la agenda de los nuevos gobernantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Haiti, Guatemala y Venezuela, los cuales son secundados por crecientes movimientos políticos y sociales en otros países que permite avizorar un futuro de unidad, desarrollo y progreso social para nuestros países, reafirmando la soberanía e independencia de nuestros pueblos frente a la pretensión hegemónica de los Estados Unidos de América. En ese escenario, Uribe luce solo, aislado, rodeado, sitiado y, su tiempo neoliberal y guerrerista, se ve amenazado, incluso en su propia tierra, por el crecimiento del Polo Democrático Alternativo, su acercamiento a la corriente democrática liberal de la senadora Piedad Córdova y, por que no reconocerlo, la creciente indicación de la FARC-EP de estar dispuesta, si las condiciones políticas y de seguridad lo permiten, a transitar los caminos de la lucha democráticas, abiertas y legales por una Nueva Colombia.
En el marco de estos acontecimientos y en el contexto de cambio que se opera en América Latina, no hay salida para el uribismo pero se crea el temor que en su desesperación pueda apoyar el plan de ataque militar del imperialismo norteamericano en contra del territorio venezolano, con el fin de desestabilizar a la revolución bolivariana y socialista y obtener el derrocamiento violento del presidente Chávez. Por eso, la lucha por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia, es el medio más efectivo para desarmar el proyecto intervencionista que el gobierno de Bush tiene diseñado para Venezuela. ¡Ojo Pelao!.
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