En la emblemática fecha del aniversario 183 del Día de la Independencia, el presidente boliviano Evo Morales no pudo presentar su informe nacional en la capital constitucional del país, que lleva el nombre del Libertador de Bolivia, el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Según Evo, él no estará en Sucre “para no dar motivos a un eventual enfrentamiento entre bolivianos que podría terminar con graves consecuencias”, debido a que las autoridades de Chuquisaca-Sucre respaldan las provocaciones de grupos violentos contra su gobierno.
A su vez, la sesión de honor del Congreso Nacional en Sucre, prevista por el día de la fundación del país, fue suspendida por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, dado que no se podía garantizar las condiciones de seguridad física de los parlamentarios, funcionarios estatales e invitados diplomáticos.
Por la misma razón fue cancelada la cumbre de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Argentina, Cristina Fernández y de Evo Morales, en Tarija. Los fuertes ataques contra las delegaciones de avanzada de los tres presidentes, organizados por los separatistas de Tarija, motivaron la cancelación de la visita de Chávez y Fernández, desde Buenos Aires.
El significado
de estos tres eventos es muy claro. El Presidente legítimo de la República
de Bolivia es una especie de desterrado o expatriado en
la mayoría de las provincias de su propia tierra a las cuales solo
puede ir, cuando la oligarquía lo permite.
En una analogía formal con el lenguaje de la guerra irregular tendríamos
que decir que la contrarrevolución ha conquistado
“zonas liberadas” en las cuales el gobierno central no puede entrar;
es decir, ha establecido un Estado dual periférico paralelo al Estado
central del altiplano.
La esencia del conflicto en Bolivia es el choque entre el poder fáctico y el constitucional, entre la alianza oligárquica-imperial y el gobierno de Evo. Cuando el poder fáctico desconoce el legítimo poder constitucional, éste tiene los recursos de la justicia y la fuerza militar para imponer la ley. El gobierno de Evo no ha usado esos poderes por dos razones, una pragmática y otra moral: a) no está segura de la lealtad de la justicia y de la Fuerza Armada y, b) la ética y formación política de Evo rechazan el uso de la represión estatal legítima para imponer su proyecto político.
El mismo
carácter de la contradicción boliviana ---la dualidad de poderes
basada en lo fáctico-contrarrevolucionario y lo legal-progresista---
hace improbable que el referendo del 10 de agosto
pueda resolverla. Esencialmente, va a reafirmar la correlación de fuerzas
del status quo.
Sigue por lo tanto la división de facto de Bolivia en dos países y la fase de acumulación de fuerzas, hasta que uno de los dos poderes antagónicos esté en condiciones de dar el golpe decisivo, para liquidar al otro. Como demuestran los atentados contra Evo y el Ministro de la Presidencia, para la derecha esto incluye el asesinato político.
