Una investigación especial de Venezuela Information Office, con sede en Washington, publicada en estos días en Caracas, advierte sobre la similitud de los planes estadunidenses desarrollados contra los gobiernos de Salvador Allende en Chile en la década de los 70, y lo actuado contra Venezuela ahora.

En el documento de 43 páginas que consigna las acciones militares, económicas y mediáticas en ambos países, y el papel desempeñado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para impedir primero el triunfo de Allende y para derrocarlo luego, se dice que "casi 30 años después que el Comité de Church haya emprendido su investigación (sobre la intervención del gobierno de Richard Nixon en Chile) otro gobierno estadunidense se está imponiendo en la meta de asegurar otra vez a puerta cerrada la caída de otro presidente latinoamericano elegido democráticamente: Hugo Chávez".

La investigación sostiene que aunque los detalles completos del involucramiento estadunidense en Venezuela "no serán revelados por mucho tiempo", la información de los documentos presentes y disponibles "marcan paralelos desalentadores con lo que fue la influencia estadunidense en la defunción de la democracia chilena en los años 70".

Añade que en los últimos cuatro años el National Edowment for Democracy (NED) financiado por el Congreso estadunidense ha invertido más de 4 millones de dólares para las organizaciones antigubernamentales en Venezuela, aunque los últimos datos -que no cita este informe- eleva la cifra total a cerca de 10 millones.

Asimismo señala que más allá de este financiamiento "que iba directamente a los individuos involucrados en el golpe de Estado fallido de 2002, contra el gobierno legítimo del país, y a los líderes del paro subsiguiente, a gerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que luego devastaron la economía, el gobierno de (George W.) Bush no tuvo pudor en aplicar presión económica sobre ese país, y trabajar con elementos de los medios de comunicación venezolanos en contra del gobierno de Chávez. Los paralelos entre la Venezuela contemporánea y el Chile de los principios de los años 70 son sorprendentes".

Entre algunos elementos paralelos se cita el uso de "imágenes amenazantes, el empleo de una presión financiera institucional", aunque señala que la política actual del gobierno de Bush contrasta con la era Nixon "cuando la idea de cambiar regímenes no se pronunciaba en público, a pesar de ser aplicada en privado, en la elaboración de proyectos específicos". Según los investigadores la política de Bush hacia Venezuela representa una realidad peligrosa ya que es una política basada en una filosofía intelectual y coherente que se extiende mas allá de la propia doctrina de prevención y presunta necesidad para actuar donde haya una amenaza inminente".

A lo largo del informe documentado, con casi un centenar de citas, se establece una constante comparación entre Chile y Venezuela en todos los terrenos como en el caso del golpe, donde se cita el Informe de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos (OIG) en abril de 2002, que reconoce que la "NED, el departamento de Defensa (DOD) y otros programas de asistencia de Estados Unidos entregaron entrenamiento, infraestructura, y otros tipos de apoyos a individuos e instituciones que se entendía estuvieron activamente involucrados en el breve desahucio del gobierno de Chávez. (La política externa de Estados Unidos hacia Venezuela noviembre 2001, a 2002).

También se establece que varios beneficiarios pasados y presentes de la NED ejercieron papeles claves en el golpe de abril del 2002 e incluso tuvieron puestos importantes en el gobierno golpista, firmaron el decreto del cambio de mando, que incluyó la suspensión del Congreso, del Tribunal de Justicia y otras instituciones claves de un Estado democrático, y fueron testigos en la ceremonia de juramento y proclamaron públicamente su apoyo al golpe.

En este apartado figuran los nombres y los pagos a distintos personajes y organizaciones opositoras.

También se menciona que la plataforma electoral de la Coordinadora Democrática fue creada con financiamiento de Estados Unidos, "mediante donaciones otorgadas, entre otros al Centro para Empresa Privada Internacional (CIPE), uno de los cuatro beneficiarios del fondo de la NED, y para el Centro de Discriminación de Información Económica (CEDICE) la Coordinadora participó en un proyecto financiado por Estados Unidos que facilitó la creación del Plan Consenso País recientemente publicado, que está sindicado como la plataforma unificadora de la oposición venezolana".

Entre una serie de nombres de los beneficiarios de la NED se señala que, según los informes de donaciones, las agrupaciones involucraban a los medios informativos de Venezuela "controlados por la oposición en dicho proyecto".

En un apartado dice el informe que para presentar y promover los resultados del proyecto al público en general los grupos trabajarán con los medios, entre ellos figuran El Nacional, El Universal, y Globo Visión, que estarán encargados de "implementar una estrategia de diseminación". (Informe de NED y CIPE informe cuatrimestral , abril mayo junio 2003).

A través del cuadernillo editado en 42 páginas estableciendo el paralelismo con lo actuado en Chile en los años 70, se documenta sobre el Rol de la Propaganda y los medios de información en Venezuela, financiados también en este esquema. Donde se destacan las "campañas de terror" para influir sobre la población. "Los medios (privados) de información venezolanos se distinguen por estar entre los pocos medios globales públicamente criticados por organizaciones de derechos humanos". Citan tanto las declaraciones de organismos como Human Rights Watch, en octubre de 2002, advirtió que los medios venezolanos "lejos de abastecer una cobertura justa y precisa, buscan provocar un descontento e indignación popular en favor de la oposición".

Entre los funcionarios citados que reconocieron públicamente el involucramiento estadunidense y la posición antichávez se cita en varias páginas a Otto Reich, ex enviado especial de Bush para el Hemisferio Occidental y a Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.