La escasa difusión y manejo de información entre la ciudadanía venezolana en torno a la política de seguridad nacional e internacional del Estado es una de las principales fallas presentes al momento de calibrar y comprender los sucesos y las amenazas potenciales que definen, de una u otra forma, el devenir de Venezuela en los escenarios subregional, regional y global. Esto hace que a los diferendos que se mantienen con Colombia y Guyana con respecto al golfo de Venezuela y al territorio del Esequibo, lo mismo que las controversias y desencuentros que se sostienen desde hace dos décadas con los Estados Unidos, sean vistos con cierta apatía, como algo que sólo le compete al gobierno y sin considerar la importancia que los mismos merecen, dadas las implicaciones que éstos tendrían para el futuro del país. Así, el señalamiento de ser Venezuela «el principal desafío en materia de seguridad en América Latina», endilgado desde los años de la administración de George W. Bush hasta el presente con Donald Trump, y las respuestas que provocaron de parte de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro en su momento, es una situación que, generalmente, se descontextualiza de un modo simplista, según los puntos de vista de carácter político-partidista que se tenga, a favor o en contra de uno u otro, sin una visión integral de todo lo que esto supone.
Se requiere explicar a la población venezolana que alrededor del tema del Esequibo hay un conjunto de circunstancias que han desfavorecido el reclamo centenario de Venezuela, comenzando por la ausencia de un representante legítimo de esta nación en lo que se conoce como el Laudo arbitral de París, el cual legalizó el despojo territorial a manos del imperio británico. Explicar de manera pormenorizada que en éste privó más la «balanza de intereses» compartidos de las grandes potencias de entonces, asociados a los intereses geopolíticos del incipiente imperialismo gringo, en el marco de la nefanda doctrina Monroe, sin que se tomara en cuenta la opinión ni los intereses del régimen venezolano de la época. Es entender que hasta 1962 los sucesivos gobiernos venezolanos sostuvieron la tesis de una solución amistosa del conflicto fronterizo, procurando una justicia territorial al grave daño cometido a la integridad geográfica del país. El gobierno del Reino Unido respondió siempre a las diligencias venezolanas afirmando que la controversia era «cosa juzgada». En febrero de 1962, Venezuela denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la necesidad de revisar el estado de la reclamación venezolana y reiteró la posición venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 era nulo e írrito, en el momento en que el Reino Unido se preparaba para otorgarle la independencia a la Guayana Británica. Esto supuso postergar su independencia hasta 1966, una vez que Londres y Caracas llegaron al acuerdo de crear una comisión mixta con la incorporación de representantes de la Guayana Británica, que durante cuatro años y en el marco del Acuerdo de Ginebra buscaron una salida jurídica al contencioso entre las dos naciones. El documento permitió a Venezuela condicionar la independencia de la ahora República Cooperativa de Guyana al reconocimiento de Reino Unido y de la propia Guyana de la reclamación venezolana.
La preservación de la soberanía y de la integridad territorial es un mandato establecido desde 1999 en el Artículo 326 de la Constitución, lo que obliga a los distintos poderes públicos, a la sociedad civil organizada (indiferentemente de cuál sea su credo ideológico o religioso) y al pueblo en general a velar por su estricto cumplimiento. Por consiguiente, la indiferencia respecto a su importancia (en cualquier sentido con que se quiera apreciar) encaja en lo que fácilmente se puede calificar de traición a la patria; indiferencia que aumentaría los ánimos anexionistas del gobierno de Georgetown, ahora asociado con la empresa petrolera transnacional estadounidense ExxonMobil, una de las empresas de mayor influencia en las esferas de poder de Estados Unidos. Este último factor ayudará a esclarecer la razón por la cual el presidente Donald Trump adoptó la decisión de revocar la licencia de operaciones de Chevron, competidora de la Exxonmobil, en Venezuela, en lo que varios analistas estiman que es una de sus jugadas estratégicas para presionar al mandatario chavista a acatar las directrices de la Casa Blanca. Pero no se puede descartar la probabilidad de aprovechar cualquier incidente que se presente en la zona en reclamación, como la presunta incursión denunciada por Guyana de la incursión de buques de la Armada venezolana en la frontera marítima de ambas naciones, provocando la reacción de respaldo de Washington y Londres a la posición guyanesa.
En el nuevo contexto geopolítico que estimula la administración Trump, en medio del ambiente de tensiones entre los gobiernos de Guyana y de Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una amenaza pública al país bolivariano expresando que su gobierno intervendrá militarmente para apoyar la posición guyanesa y las operaciones de exploración y de explotación petroleras de la ExxonMobil. Con ese fin, se firmó un memorando de entendimiento "para profundizar la cooperación en seguridad y abordar los desafíos regionales, como la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional" entre Washington y Georgetown que permitirá a la Armada de Estados Unidos navegar en aguas por delimitar entre Guyana y Venezuela y, llegado el caso, emprender acciones bélicas en contra de Venezuela; algo que agrava aún más las relaciones con Washington. Es decir, en esta controversia binacional Estados Unidos decidió por su cuenta que la soberanía sobre el Esequibo le corresponde a Guyana, desconociendo olímpicamente los reclamos venezolanos y los parámetros establecidos diplomáticamente, a partir del Acuerdo de Ginebra y del Protocolo de Puerto España; cosa que le brindaría al imperialismo gringo -de no mediar la Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos vecinos- la oportunidad de disponer de una cabeza de playa para sus propósitos de agresión militar contra el pueblo de Venezuela.
