El balance preliminar que nos ofrece la Fiscala, Luisa Ortega Díaz, en referencia a la lucha que se libra contra la corrupción es, por demás, esperanzador, “desde el llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para activar la lucha anticorrupción, han sido imputados 53 ciudadanos, de los cuales 50 han sido aprehendidos por los cuerpos de seguridad, 39 acusados ante los tribunales y 14 de ellos han recibido condena por admisión de los hechos y 5 por sentencias en juicios. “Ortega Díaz, afirmó en el programa José Vicente Hoy, que, además de las acciones legales contra los corruptos, el Estado y la población en general, debe iniciar un trabajo de reforzar los valores sociales como una manera de frenar los delitos. “Se tiene que trabajar y profundizar en el tema de los valores porque la corrupción, la inseguridad, todos esos temas están relacionados con un problema de valores. Entonces todo el Estado, las instituciones en conjunto, deben profundizar en eso”, dijo”. Tremendo balance para esta lucha que, apenas inicia. Quizás sea, la Fiscalía General de la República, el único ente del Estado que viene acompañando al Presidente Maduro con mayor vehemencia, aunque, claro está, la Asamblea Nacional lo ha hecho pero con mucha debilidad, apenas la Comisión de Contraloría de dicho ente, faltando camarada Diosdado el impulso necesario mediante la revisión exhaustiva de la Ley Contra la Corrupción, de manera que, nuestras leyes sean incólumes contra ese delito definido en dicha Ley como de Lesa Patria.
En ese sentido, ratificamos nuestra concepción que, a las/los corruptos no se le debe castigar con penas administrativas, “penas mamitas” como diría nuestro Pueblo; sino que, debe ser objeto, sin llegar a los extremos que se aplica en la República hermana de China, que se castiga con la pena capital, pero sí compartimos la idea que las penas deben ser de carácter penal, con sanciones que bien pudieran ir desde el leve castigo haciendo trabajo comunitario hasta la pena máxima de 30 años y ser despojado de todos sus bienes, producto de actos de corrupción. Nuestra opinión es que, la Contraloría General de la República debería ser un ente adscrito a la Fiscalía General de la República, un ente auxiliar y, con ello también, todas las unidades de auditoría existentes a las fechas de tal adscripción. Crearse el cuerpo policial anticorrupción correspondiente, de manera que tanto el Sebin, como el CICPC no se vean obligados a actuar en casos de corrupción, sino que un órgano especializado en esa materia se dedique a las investigaciones que tengan que ver con esos casos.
Estimamos sí, que la figura del Contralor Popular, debe crearse como un referente nacional. Un venezolano/venezolana, mayor de 55 años si es mujer y de 60 si es hombre, para el ejercicio de ese referente nacional, que solo obtendrá el beneficio de un salario mínimo nacional y deberá ser electo/electa para un solo período de seis (6) años, por nuestra Asamblea Nacional previa aprobación de los Consejos Comunales legalmente organizados, sindicatos, organizaciones de campesinos/campesinas y estudiantiles, en fin, el pueblo organizado; quienes, además, también podrán proponer ante la Asamblea Nacional candidatos y candidatas. El Contralor Popular, además de referente nacional en materia de Moral y Ética, recibirá y tramitará ante la Fiscalía General de la República denuncias provenientes de las comunidades, sindicatos, organizaciones campesinas y estudiantiles, entre otros que les hagan llegar.
El Presidente Nicolás Maduro, nos viene planteando la necesidad de que la Asamblea Nacional le otorgue poderes especiales en esa materia que tantos daños produjo a nuestra sociedad: “Como jefe de Estado voy a llamar a una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción y voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad para ir a un combate a fondo (contra la corrupción)”, dijo Maduro durante un acto con jóvenes en Caracas, transmitido en cadena nacional de radio y tv. Sin duda, nuestro Pueblo le acompaña, mayoritariamente, en esa pretensión. La burguesía, en contrapelo, actúa en defensa de sus corrompidos. No olvidemos que, detrás de todo corrupto hay un corruptor. Siendo el sistema capitalista, con sus valores e ideas, el gran corruptor de toda nuestra historia. Por eso, vemos actuar como lo hacen, a sus partidos políticos organizados alrededor de la MUD, sus medios de comunicación, la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana en contradicción a las enseñanzas que nos ha estado dando el Papa Francisco: «Si disminuyen las inversiones, los bancos, todos se ponen a decir que es una tragedia. Si las familias están mal, no tienen qué comer, si la gente muere de hambre, entonces no pasa nada… Esta es nuestra crisis». Y la crisis no es solo «económica o cultural», sino que es una «crisis del hombre». «En la vida pública -explicó-, si no hay ética, todo es posible. En los periódicos leemos lo mal que hace a toda la humanidad la falta de ética». Francisco es más duro, como Jesús con los fariseos del templo: “El Papa dijo el jueves pasado ante los nuevos embajadores: «ama a todos, ricos y pobres», pero «tiene el deber, en nombre de Cristo, de recordar al rico que debe ayudar al pobre, respetarlo, promoverlo». Francisco, al igual que el Presidente Maduro, nos llama a la radicalidad evangélica, explicando que, ante la crisis económica y de la ética pública, el aporte más eficaz que pueden ofrecer los cristianos es el de ofrecer el testimonio del Evangelio: salir de sí mismo, de los propios círculos autorreferenciales, dejar de ser «cristianos que discuten sobre teología mientras toman el té» en los salones e ir al encuentro de los pobres, de los necesitados. Y ese mensaje, aún no le llega a la jerarquía eclesiástica que continua atada a los viejos vicios de la cuarta república.
La lucha contra la corrupción debe tocarnos a todas y todos los venezolanos. Debe ser un compromiso de todas y todos enfrentarlo. Por ello, la denuncia del corrupto debe dejar de ser un hecho oculto, temeroso, objeto de retaliaciones; para convertirse en un hecho de nuestra cotidianidad. La denuncia del corrupto o de los hechos de corrupción, debe convertirse en un acto tan sencillo como el que hacemos cuando nos dirigimos al Indepabis, a denunciar a ese otro corrupto: el especulador. La Venezuela decente debe imponerse ante las y los indecentes que nos han impuesto el silencio omnipotente ante sus hechos nada santos. En nuestras universidades públicas, debe abrírseles caminos a los Consejos Contralores estipulados en la Ley Orgánica de Educación, de manera que el presupuesto universitario, que es dinero de todas y todos los venezolanos, sea ejecutado de la manera más pulcra posible. Esta figura, los Consejos Contralores, debe ser un objetivo central, su impulso, del Contralor Popular. Ellos, serán sus ojos y oídos en los distintos espacios que integran nuestra sociedad, de allí provendrán sus fuentes de investigación para aquellos casos que podrían ser objeto de sanción por parte de la Fiscalía General de la República.
Entre la diversidad de hechos que fueron configurando nuestros espacios de cotidianidad infiltrándonos, a todo lo largo de la cuarta república, con mensajes del “cuánto hay pa´eso”, “póngame donde haiga” y otros, la corrupción fue ganando espacios insospechados en nuestras vidas. Un caso concreto lo tenemos en materia laboral: la tercerización.
La nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), avanza profundamente en la erradicación de esa práctica perversa, prohibiendo la contratación de servicios a través de terceros para la realización de labores permanentes que se lleven a cabo en las instalaciones del beneficiario, en relación directa con su proceso productivo y, sin cuya ejecución pueda verse afectada o interrumpida la operación del beneficiario. Adicionalmente, la LOTTT prohíbe la contratación de trabajadores y trabajadoras a través de intermediarios o entidades de trabajo creadas por el beneficiario con el propósito de evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales, siendo ésta última práctica, la más extendida en nuestra Administración Pública, con las famosas fundaciones de carácter privado e incluso, público. Importante resaltar que, la LOTTT otorga un período de adaptación de tres años, hasta el 7 de mayo de 2015, para que los beneficiarios de los servicios incorporen a sus nóminas a las y los trabajadores tercerizados. Período durante el cual, las y los trabajadores tercerizados, gozan de inamovilidad laboral y tiene derecho a recibir los mismos beneficios y condiciones de trabajo aplicables a las y los trabajadores del beneficiario. Estos preceptos que contiene como obligaciones de Ley la LOTTT, bien sabemos que no han sido cumplidas por las empresas que se han beneficiado de la tercerización. Por ejemplo, las y los trabajadores de la Fundación Niño Simón, adscrita al MPPE, aunque son considerados empleados de dicho ministerio, NO gozan de los beneficios del Contrato Colectivo que mantiene dicho ministerio con sus trabajadores y trabajadoras, no por casualidad tienen tres años que no se les revisan sus sueldos y salarios. Las y los aseadores que realizan su trabajo en las universidades autónomas, tercerizados mediante empresas, en muchos casos, propiedad de algunas autoridades universitarias mediante testaferros, ese importante grupo de trabajadores y trabajadoras, no gozan de los beneficios del Contrato Colectivo Único.
La tercerización nace en nuestra Administración Pública, como una oportunidad de negocios para la burocracia. Creando empresas, detrás de las cuales en muchísimos casos está el burócrata a través de un testaferro. Creando fundaciones, en las cuales se terceriza el personal y, a la vez, allí destinan o mejor dicho, privatizan, los recursos provenientes de la actividad pública, alejándolos del control público. Por ello, afirmamos que la tercerización en nuestra Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, es un producto acabado de la corrupción administrativa. Incluso, más perversa que la conocida hasta ahora, que solo afecta los dineros públicos; ya que, la tercerización, afecta al trabajador/trabajadora de la Patria, negándole los accesos a la seguridad social de calidad que proclama nuestra Constitución Bolivariana en sus artículos 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86,87, 91, 92, entre otros. A la sindicalización, artículo 95; a la contratación colectiva, artículo 96; y, como consecuencia de estas negativas, se ven compelidos a gozar de bajos salarios y, con ello, no gozar de una calidad de vida comparable a quienes sí son considerados trabajadores y trabajadoras formales por la entidad de trabajo, lo que, en fin de cuentas, los convierte en trabajadores y trabajadoras de segunda, objetos de discriminación por la entidad de trabajo.
Estimamos que, en este campo, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, y la Seguridad Social, en cabeza de su ministra la camarada María Cristina Iglesias, puede aportar muchísimo al Presidente Maduro, en la lucha implacable contra la corrupción. Revisando a lo interno del ministerio a su cargo, las Inspectoría del trabajo, órganos de justicia en que, no se les atiende con la debida prontitud, las demandas del trabajador/trabajadora tercerizada en procura de justicia ante sus despidos, valga decir, instancias administrativas de justicia corrompidas muchas de ellas, por la patronal…
