Dolorosa e injusta ha sido la espera del pago y ajuste de nuestras prestaciones sociales y pasivos laborales para los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas de Venezuela. Además de percibir el peor salario mundial a nivel de la educación superior de país alguno, vivimos la angustia diaria devenida de la más canalla de las injusticias político-administrativa que pueda suponer la humanidad.
Al margen de que el proyecto político de Hugo Chávez Frías sea catalogado y considerado una revolución socialista o un fraude populista de tipo nacionalista cívico-militar, lo que no resulta tolerable ni justificable es que durante seis años nos hayan ignorado, vejado y condenado a la miseria y la muerte como si fuéramos la peor basura del mundo, los peores alimañas del país, los peores enemigos del gobierno.
Nuestro drama supera toda diatriba político-partidista. Del orden que sea.
Desde mayo de 2015 la OPSU no anuncia ningún listado de pago de prestaciones sociales y pasivos laborales para el personal jubilado de las universidades venezolanas, entre las que contamos a la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente, Universidad del Zulia, Universidad de Los Andes, Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado y Universidad de Carabobo, entre otro largo etcétera. Y no hay manera de obtener información al respecto desde las oficinas de la Opsu y del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
El gobierno alega falta de recursos para cancelar la deuda pendiente, pero al mismo tiempo aplica la Ley del Odio contra el propio Estado al considerar a las universidades como enemigas de la patria, traidoras del destino del país, instituciones pitiyanquis opositoras, sin detenerse a pensar en el respeto a los derechos humanos fundamentales de vida, salud, alimentación y sosiego. De hecho, hay un enorme contingente de hombres y mujeres que laboramos en las universidades venezolanas que hemos favorecido diversos procesos electorales del chavismo para elegir legisladores regionales, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y al mismo Presidente de la República, quienes actualmente vivimos en condiciones infrahumanas, sin justificación alguna.
Usted, Presidente Nicolás Maduro, destina gruesas sumas de dinero para financiar las campañas electorales y para abonarle divisas al Banco Central de Venezuela con la finalidad de contener el valor especulativo del dólar como divisa de cambio referencial, y acaba de destinar otra gruesa suma a la contingencia de las vaguadas por efecto del fenómeno La Niña, que ha causado deslaves en Caracas, y los estados Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo, principalmente, demostrado que el Estado cuenta con reservas líquidas para gastos de orden social. ¿Por qué, entonces, no se asume a la deuda de las prestaciones sociales del personal obrero, administrativo y docente de las universidades como una urgencia nacional de carácter prioritario, con sentido humanitario y solidario, y le solicita a la Asamblea Nacional un crédito público extraordinario para honrar ese compromiso?
Y que se haga lo propio para los demás jubilados del país, cuyos reclamos y lamentos retumban mes a mes en las calles de Caracas y frente al palacio de gobierno.
Presidente, el hambre nos tiene de rodillas. Las penurias nos cercenan el alma.
Hay situaciones críticas en el plano de la salud de los jubilados, a nivel renal, cardiovascular, diabetes y artritis, entre otros males, como consecuencia de Accidentes Cardiovasculares y cuadros hipertensivos severos que no podemos cubrir con los menguados salarios. Recuerde Presidente Maduro, que todo trabajador activo, jubilado o pensionado de nuestras universidades públicas gana un salario 5,5 veces inferior al salario vigente para el año 2013 cuando murió el presidente Hugo Chávez Frías. Eso demuestra su fracaso en cuanto a escala salarial, principalmente por el error garrafal de aplanar las tablas salariales en agosto de 2018, y la supresión de primas esenciales para el salario del trabador universitario a partir del 15 de marzo de 2022.
¿Hasta cuándo tanta humillación, tanta desconsideración, tanto abuso y tanta injusticia gubernamental? Somos venezolanos de a pie que estudiamos en las escuelas de pobres de Venezuela, que fuimos a los liceos de pobres de Venezuela y que asistimos a las universidades de pobres de Venezuela para obtener un título universitario, para poder dedicarle luego a alguna universidad de pobres de Venezuela nuestros servicios docentes, administrativos y de obreros; y no nos merecemos tanta indolencia, tanta indiferencia y tanta miseria burocrática.
Usted prometió pagar prestaciones sociales antes de julio de 2018 y no lo hizo.
Este año 2022 también ordenó pagarlas, pero ya no creemos en nada. Nos acaban de mutilar de la peor manera las tablas salariales, que si bien no eran las más justas, por lo menos mitigaban en algo nuestras peores calamidades. En contraposición, la Opsu aplicó a los porrazos un instructivo de hambre que ya va por la tercera quincena. Y no hay reclamo que valga. No hay ley que aplique. El Estado funciona como verdugo de nuestros derechos salariales, y de nuestros derechos de vida y alimentación. Derechos de salud y paz.
El pretexto de la guerra económica, el bloqueo gringo, la caída de las exportaciones petroleras, la baja producción del país, la pérdida de las reservas internacionales por la retención de capitales en bancos exteriores y la hiperinflación inducida son criterios tal vez aceptables como condicionantes del impago de las prestaciones sociales, pero después de seis años de atraso soportando las peores calamidades imaginables en nuestros hogares y en nuestras familias considero que ya es hora, Presidente Maduro, de que usted asuma con seriedad, con responsabilidad y con ética nuestros reclamos. Es imperativo que se hagan también los ajustes adecuados —justos y honestos—de los cálculos respectivos. De nada serviría que se hagan pagos inescrupulosos y manipulados sólo para aparentar una salida a esta crisis laboral y existencial.
Usted puede cumplir con los jubilados y las jubiladas de las universidades públicas de nuestro amado país. Por favor hágalo, Presidente, pero hágalo ya. No alargue más nuestra agonía. No lo merecemos, y la patria tampoco se lo perdonará.
Exigimos justicia social. Que se restituyen y agreguen al salario las primas vulneradas, suprimidas, derogadas o condicionadas. Principalmente las de profesionalización, antigüedad, transporte y alimentación, máxima eficiencia y el complemento de protección y estabilidad económica. Para eso trabajamos más de 25 años y seguimos trabajando. Usted tiene la palabra.