La Revolución Rusa, aquella que llevó a los bolcheviques al poder, de la que John Reed, "El Rojo", cuenta en su libro "Los Diez días que estremecieron al mundo", por la cantidad de decretos, unos tras otros para cambiar, "no lo que había que cambiar", sino lo que al primero se le antojase, emergió de un régimen imperial donde no existían derechos fundamentales, sino todo estaba sujeto a la voluntad del Emperador. Allí, para decirlo de manera concreta, los trabajadores no tenían ningún derecho ni ventaja alguna, sino la obligación de trabajar hasta que el patrón le diese la gana y hasta morirse en plena faena, gaspaleando por horas. Cualquier cosa que les diesen era bastante para sentirse satisfechos.

Si vamos a la Revolución China, un país también bajo régimen imperial, con rasgos de feudalismo, donde era escasa la clase obrera, lo que la hizo casi una revolución de campesinos armados contra los amos, sus mandarines y emperador, tampoco habían derechos laborales.

Del mismo cuadro emerge la revolución cubana. Con la dictadura de Batista, los pocos proletarios cubanos, porque más eran campesinos, en Cuba, tampoco habían esos derechos laborales que a lo largo de los años, los trabajadores en Venezuela fueron alcanzando.

Aquellas revoluciones "proletarias", no se encontraron con disposiciones en materia laboral ni conquistas de trabajadores que respetar y menos con organizaciones obreras y campesinas, tanto de la derecha como de los partidos de izquierda, siendo estos quienes más contribuyeron a alcanzar esos derechos.

Es decir, ellas no hallaron nada que suprimir en ese particular, porque no existían esos derechos y por su concepción, según la cual en sus gobiernos mandaba la clase obrera, todo siguió como venía. No se trata que, en aquellas experiencias, por revolucionarias e igualitarias, suprimieron los contratos, las leyes laborales, etc., sino que nunca existieron. Echarse ese cuento y echárselo a otro es infantil.

La historia de Venezuela es otra. En este país, donde ha abundado el petróleo y la riqueza, creció la clase obrera; se ampliaron los servicios de diferente naturaleza y el Estado llegó a asumirlos, en gran medida, más que la clase empresarial o privada. Así como este sector tiene miles de trabajadores a su servicio, también los tiene el Estado y mucho más, en áreas donde en otros países no existen. Y eso es así desde hace muchos años. Fue Venezuela un país donde el Estado, se asumió obligado a prestar servicio de salud amplio, eficiente a toda la población e igualmente en materia educativa. Tenemos un centenario decreto de instrucción pública y gratuita que la izquierda, a lo largo de su historia, ha defendido con hidalguía y por razones de principio; pues así lo demanda también la necesidad y obligatoriedad revolucionaria del Estado Docente. Lo hace en materia comunicacional, servicio de agua, electricidad, etc.

El Estado, por su naturaleza e historia, en nuestro país es el mayor empleador o el más grande patrón, en un país que no ha dejado de ser capitalista y donde desde el Estado, se le brindan facilidades a la clase empresarial, sobre todo en mano de obra de distinta naturaleza y nivel.

Y en este mismo país, desde el mismo año 1928 aproximadamente, hasta hoy, los trabajadores, con los partidos socialdemócratas y socialistas, porque aquí, desde 1945 aproximadamente, lo que pudiéramos llamar la derecha y ultraderecha, nunca antes tuvo espacio, fueron sumando paulatinamente conquistas, hasta lograr, entre otras cosas, prestaciones sociales, servicio de salud particular, vacaciones remuneradas, aguinaldos, etc.

Es decir, la "revolución bolivariana", se encuentra un cuadro que nada se parece al de los países arriba señalados. Y lo que es más, esta "Revolución chavista" en curso, está atrapada dentro del modelo capitalista que halló hace 20 años. Y lo que es más, por la resistencia fuerte, oposición, saboteos y sanciones del factor capitalista, nacional e internacional, que se le opone, ha vivido la experiencia que, bajo ella, aquél ha logrado incrementar su explotación.

Aquí los trabajadores no están en el poder, pese quienes gobiernan así lo deseen y estén llenos de la mejor buena fe y uno quiere creer, de todo corazón, que ese sueño les anima. Pero la realidad es otra.

Porque en China, Vietnam o Cuba, que siguen siendo sociedades capitalistas o por lo menos donde el socialismo "no se ha concretado", no existan las leyes del trabajo ni los contratos de trabajadores, no es eso derivado de una revolución y menos un deber ser, sino porque nunca existieron, no podemos caer en el "sueño" o infantilismo de imitarles, creyendo que estamos implantando la justicia y el debido equilibrio. Suprimir esos derechos, al contrario, sería favorecer al capital y los enemigos principales de los "sueños de Chávez".

Las leyes del trabajo existente y los contratos que también son leyes específicas, aún no llegan a alcanzar la justicia y menos la igualdad, constituyen un arma de defensa de los trabajadores, por las que algunos, quizás no muchos, de quienes gobiernan, lucharon, pero heredaron la obligación de defenderlas, sobre todo porque estamos en una sociedad capitalista y la repartición de los beneficios tiende a hacerse de manera que al patrón le queda casi toda la tajada, por distintos mecanismos.

Por todo lo anterior, quien esto escribe, de la mejor buena fe, no cree que el presidente Maduro, quien fue dirigente de trabajadores y militante ha sido hasta hoy de un partido de izquierda, así como muchos de quienes le acompañan, estando en esta sociedad, sea partidario de suprimir el sistema jurídico que ampara a los trabajadores, sobre todo cuando fue el resultado de largas y duras luchas. Pienso ahora en aquel roble que fue Jesús Farías, quien "se partió el lomo" combatiendo por los derechos de los trabajadores y se caló, por su consecuencia en eso, 10 años de prisión en la cárcel de Ciudad Bolívar, en los tiempos de Pérez Jiménez.

Es decir, me niego a creer que el presidente Maduro, Julio Escalona, Soto Rojas y unos cuantos más, incluso los hijos de mi amigo de juventud Jorge Rodríguez y hasta Diosdado Cabello, sean partidarios de suprimir esas leyes y en su lugar darle a una oficina, la ONAPRE, el derecho a decidir arbitrariamente en materia salarial y derechos laborales.

He venido creyendo que, el gobierno, convencido como está que la manera de resolver la crisis y remontar la economía, es aplicando las normas del monetarismo, intenta evitar lanzar al torrente circulatoria de la economía, de un sólo sopetón, la enorme cifra que significa el pago de las vacaciones, más cuando en breve debe pagar hasta más por aguinaldos. Creo más en esto que en la información, según la cual, carece de dinero para hacerlo.

Y para ser sincero, pese que el monetarismo o el neoliberalismo es una forma de encarar la economía y las crisis a favor de la clase dominante y no la única, pienso que aun siendo así, el gobierno debe mostrarse sincero y dar las debidas explicaciones, desde su perspectiva, que en todo caso serían menos graves y reaccionarias que callar y dar por invalidadas las conquistas laborales.

Es decir, creo que el gobierno expresar, no tiene cómo pagar esos compromisos ahora, tal como está establecido en las leyes y contratos o no quiere hacerlo para evitar inflación y, en consecuencia, proponer una fórmula que le permita cumplir sus obligaciones previo acuerdo con los trabajadores.

Es natural que, por distintas razones, como el derecho a recibir esas compensaciones de acuerdo a lo establecido en las normas legales, la necesidad apremiante que la gente tiene hasta para equilibrar los gastos diarios, no ya para pasar vacaciones como antes y, hasta por razones de carácter político, dada la coyuntura que atravesamos, haya quienes se muestren reacios a aceptar tales oferta o proposiciones. Con eso por delante habrá que manejarse e intentar llegar a acuerdos.

Pero lo inaceptable, para un gobierno que carga sobre sus espaldas la herencia de Chávez, que no puede hacer nunca, por nada y nada, es negar lo que está establecido en las leyes, que no es otra cosa sino el acumulado de pequeñas conquistas, que se han ido sumando, a lo largo de la dura lucha del movimiento de trabajadores, donde la militancia de la izquierda ha jugado un rol primordial. Además, hacer eso es reponer cien años atrás las relaciones laborales y poner a la clase obrera de rodillas ante el empresario.

Y hay algo más trascendente, urgente y de principio por reclamar. El gobierno no debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que agentes que creen actuar en su favor, opten y lo que es peor, usando medios públicos, por amenazar y difamar de dirigentes laborales y simples trabajadores activos o jubilados, que de la mejor intención, amparados en la legalidad y los ideales del gobierno mismo, salen a reclamar sus derechos. Y menos, cuando ese gesto, lejos está de contradecir un proceso de cambio en una sociedad capitalista.

Es cierto, como se dice en el lenguaje coloquial, "entre los guabinas se mezclan los bagres", quizás haya quienes aprovechen la circunstancias con fines exclusivamente políticos, tratar de sacar sus ventajas y darle oxígeno a cosas derrotadas como "La salida". Pero lo fundamental, de lo que se trata, es de no sólo defender los derechos existentes de los trabajadores, sino seguir avanzando; evitar copiar conductas derivadas de realidades absolutamente ajenas a lo acontecido en nuestra historia, hablar con claridad y sinceridad y buscar acuerdos razonables. Pero nunca invalidar las conquistas laborales y menos reprimir y amenazar a quienes actúan legalmente, justamente y de acuerdo a los valores de un revolucionario.

Eso de publicistas o manejadores de los medios dedicados a amenazar a quienes luchan por los derechos laborales, es tan mala enseñanza como contraria a la tradición y obligación de la clase trabajadora y los revolucionarios que están obligados a luchar por los derechos de los explotados. Es necesario poner cese a esos "vengadores errantes" o pecadores "excesivamente arrepentidos".