Algunas veces he emitido mi opinión sobre el gris desempeño de muchos de los representantes de nuestros intereses en otros países del mundo, llámense embajadores, cónsules o encargados de negocios, he criticado la obscura gestión de muchos de ellos que pareciera que lo que hacen es disfrutar de una beca, ganar buenos dólares y engordar porque se van en muchos casos fallos de kilos y regresan obesos, pero nada que cumplen con los deberes que no son pocos y por ejemplo no tienen la iniciativa, ni el guáramo de salirle al paso a las publicaciones de medios de la derecha del país sede, para desmentir la sarta de calumnias y barbaridades que publican en su afán de cumplir las estrategias imperiales que no son otras que las de presentar a la Revolución Venezolana como un régimen dictatorial y por lo tanto violador de los derechos humanos.

Otra de las funciones que tienen y que es prioritaria es estar en contacto y coadyuvar a la defensa de sus derechos, así como facilitarle a los nacionales residentes en el país en donde estos funcionarios cumplen su misión, que cualquier necesidad para resolver algo que tenga que ver con su status de residente se soluciones de la mejor manera posible, digo esto porque he recibido de un amigo residente en Trinidad que tiene años invirtiendo en ese país, un correo en el que extrañado y preocupado me cuenta que las autoridades de ese país le están exigiendo para regularizar su estadía, la presentación de los ANTECEDENTES PENALES, ante tal situación acudió a la Embajada, donde por cierto la Embajadora no habla el inglés y los funcionarios más que parecer tener alguna noción de diplomacia, lo que se les nota es una especie de resentimiento porque tratan a la gente de manera displicente y a la final no resuelven nada.

La respuesta que obtuvo de la Embajada fue que ellos no podían hacer nada, que para darle curso a ese trámite no tenían atribuciones, algo que a mi amigo y a mi nos parece increíble e ilógico pues bien podría la representación diplomática enviar un simple correo electrónico con los datos del solicitante, al organismo que  aquí en el país de fe de si la persona tiene o no antecedentes penales y con la respuesta darle solución al caso y no obligar a la persona a tener que viajar a Caracas, someterse al vía crucis de tener que pasar por las manos de gestores que siguen haciendo de las suyas para agilizar por una buena suma el trámite y la obtención de la certificación o perder varios días incluso semanas, con lo que ello significa para su bolsillo.

Esta es una situación que desdice de un gobierno revolucionario como el nuestro, que se la tiene jurada a la corrupción y al burocratismo y que ante esta realidad nos obliga a pensar que al menos en este caso, ha habido un retroceso evidente y que quien ha tomado la decisión de que ahora las cosas sean como lo está viviendo el amigo que me escribe, o es un infiltrado de esos que conforman la quinta columna y en servicio exterior los hay por montones, o es tan bruto que en lugar de avanzar en el uso de la tecnología lo que hace es retroceder y dejar muy mal parados no solo a la Cancillería sino a todo el Gobierno, algo que seguramente no ha llegado a conocimiento del Presidente, quien sabiendo cómo es y de cómo ha manifestado, en incontables oportunidades, su rechazo a todo lo que entorpezca los requerimientos de los venezolanos en su relación pueblo gobierno, ya habría ordenado desmontar una medida, ilógica y hasta inconciente como ésta

Ojala y esta especie de denuncia qeu hoy hago tenga eco, como una vez tuvo otra que hice por este mimsmo medio, relacionada con el hoy SAIME, organismo este, en el que por cierto su actual Presidente, el joven Dante Rivas, se ha mantenido gracias a su trabajo y su eficiencia para dar respuesta oportuna a los plateamientos y requerimientos de los usuarios.