Recientemente han reavivado múltiples iniciativas por la protección de la cuenca del río Caura, en el sur de Venezuela. Estas iniciativas aparentan fundamentarse en la alarmante destrucción de bosques por parte de la minería ilegal de oro y diamantes. Impactantes imágenes de destrucción de ecosistemas naturales se divulgan reiteradamente en un esfuerzo por concientizar a la población sobre la magnitud y la gravedad de los daños causados. Se multiplican los llamados por medidas correctivas con carácter de urgencia.
La cuenca del río Caura se extiende sobre 4,5 millones de hectáreas, en el escudo precámbrico de la Guayana venezolana. El río se extiende desde las serranías de Pacaraima y Parima en la frontera con Brasil, hasta su desembocadura, 723 kilómetros aguas abajo, aportando un promedio de 3.000 metros cúbicos de agua por segundo al Orinoco.
La parte alta, al sur, se encuentra habitada principalmente por indígenas Yekuana, Sanema y Hoti. En la parte media y baja, hacia el Norte, mas cerca del Orinoco, se encuentran los Pemón, Guajibo y Kariña. Para el año 2000 se estimaba la presencia de aproximadamente 10.000 indígenas en este territorio.
Ese mismo año se estimaba una población adicional de aproximadamente 30.000 criollos, principalmente agricultores de subsistencia y conuqueros en las proximidades de la confluencia del Caura con el Orinoco.
La reserva forestal del Caura
La cuenca del río Caura se encuentra cubierta por bosques en cerca del 85% de su extensión, con arbustos y sabanas cubriendo el 15% restante. Los bosques contienen una gran diversidad de especies de plantas y animales, con un índice de endemismo particularmente alto. La biomasa superficial registra un promedio de 300 toneladas por hectárea.
La mayoría de los venezolanos hemos vivido históricamente a espaldas de este inmenso y rico territorio, así como de las aspiraciones, necesidades, prácticas y creencias de sus habitantes. Durante al menos un par de décadas, la cuenca del río Caura ha sufrido con absoluta impunidad la penetración de presuntos exploradores, misioneros, científicos y turistas, frecuentemente involucrados en el contrabando de oro y diamantes, la extracción ilícita de plantas y animales silvestres, realizando ilegalmente actividades de bio-prospección, explorando en busca de coltán y otros minerales estratégicos, o registrando valiosos conocimientos ancestrales indígenas para su exportación a centros de información en el extranjero.
El reciente “descubrimiento” de mineros ha desatado una inusitada presencia de altos representantes políticos y militares en la zona. Se multiplican los llamados por acciones rápidas y efectivas para proteger los recursos naturales y las poblaciones indígenas del territorio.
Aproximadamente la mitad de la cuenca del río Caura se encuentra protegida por figuras jurídicas como la de parque nacional. Allí se encuentra el parque Sari Sariñama, partes de los monumentos naturales Sierra de Maigualida, Cerro de Guaiquinima y Cerro de Guanacoco, y parte de la Zona Protectora Sur del estado Bolívar. Pero la otra mitad, 2.2 millones de hectáreas, es parte efectiva de la Reserva Forestal del Caura, decretada en Enero de 1968.
La figura jurídica de reserva forestal se refiere a bosques naturales delimitados para la explotación de maderas con fines industriales. De acuerdo con la legislación vigente, esta actividad se práctica a través de concesiones forestales. La concesión es una modalidad de aprovechamiento de los recursos madereros de un bosque público, a través de permisos de explotación otorgados por el estado en su mayor parte a empresas privadas. Para el año 2000 se habían entregado en concesión 3.6 millones de hectáreas en Venezuela, en unidades que varían entre 30,000 y 200,000 hectáreas.
La explotación industrial de maderas en las reservas forestales se debe realizar de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal y su reglamento. De esta manera se pretenden asegurar prácticas sostenibles de manejo forestal, garantizando la permanencia del recurso y un flujo sostenible de maderas para usos industriales.
Sin embargo, en la actualidad, a mas de 40 años del establecimientos de tales prácticas y requisitos, la realidad diverge de lo esperado. Los bosques son explotados como si fuesen minas, eliminando progresivamente las "vetas" de maderas preciosas. Algunas ya han desaparecido. Otras continúan siendo explotadas más allá de su capacidad de regeneración. El manejo sostenible de bosques naturales en Venezuela es mas un mito que una realidad.
Es alarmante el contraste entre lo establecido en las leyes y lo que ocurre en la práctica. De la reserva forestal de Turén, en el estado Portuguesa, sólo sobrevive el 5% de sus majestuosos bosques originales, los que se extendían sobre 116,000 hectáreas, ricos en especies de alto valor comercial, como la Caoba. Lo mismo ocurrió con el lote boscoso de San Francisco, en el Estado Bolívar, en donde se perdieron 40,000 hectáreas de bosque natural.
También se ha perdido la mayor parte de los lotes boscosos originalmente localizados al norte del Orinoco: Río Tokuko, Río Aricuaiza, Río Tarra, Guaimaral, Río Caripe y Río Guanipa. Una pérdida de mas de 300,000 hectáreas de bosques natural, decretados inicialmente como de carácter permanente para la producción de madera industrial.
Otras reservas forestales han perdido la mayor parte de su superficie original, como Ticoporo, Caparo, San Camilo y Río Tocuyo, en donde se han destruido 700,000 hectáreas de bosques naturales. De estas reservas forestales sólo quedan fracciones, severamente intervenidas y con escasas posibilidades de sobrevivir mas de unos años.
Aunque en algunos casos la deforestación o degradación de reservas forestales y lotes boscosos no se deba directamente a la actividad de la industria del sector, o a fallas en las prácticas de manejo silvicultural, no menos cierto es que la administración de estos recursos dista de ser sostenible. Fueron originalmente decretados para la producción sostenible de bienes y servicios. Es evidente que tal no ha sido el caso.
La mala praxis en el manejo forestal ha contribuido a que Venezuela registre una las más altas tasas de deforestación en América Latina. Según la FAO y el Banco Mundial, entre 1990-2005 Venezuela perdió un promedio de 300,000 hectáreas de bosques naturales cada año.
La destrucción de bosques en Venezuela se ha convertido en una amenaza a la estabilidad ambiental, y por ende a la estabilidad económica y social del país. Destruye progresivamente uno de los recursos estratégicos mas importantes del país: su megadiversidad genética. Amenaza las fuentes de agua y la producción agrícola. Aumenta tanto la intensidad como la frecuencia de sequías e inundaciones. Sin embargo, no se ha definido una estrategia para revertir este proceso. Con los bosques el país pierde uno de los principales sustentos de modelos nacionales de desarrollo efectivamente sostenibles en el tiempo.
El efecto invernadero
Una de las consecuencias de la pérdida o degradación de bosques es el aumento de las emisiones de gases del efecto invernadero. Según el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos, 2007) el dióxido de carbono contribuye con cerca del 77% del total de emisiones de gases del efecto invernadero. La deforestación, principalmente en países en desarrollo, elimina anualmente cerca de 11 millones de hectáreas de bosques, contribuyendo con cerca del 17% del total global de las emisiones anuales de gases del efecto invernadero.
Sin embargo, la contribución de la deforestación a las emisiones totales en los países tropicales de África, Asia y América Latina es considerablemente mayor. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el consumo de petróleo y gas natural genera la emisión de 140 millones de toneladas métricas anuales de CO2. En consecuencia, las emisiones de CO2 por habitante, sólo por el consumo de combustibles fósiles, son significativamente superiores a las de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú y las del resto de los países de América Latina.
Lamentablemente, la deforestación en Venezuela contribuye con 145 millones de toneladas métricas adicionales de CO2, duplicando las relacionadas con el consumo de energía fósil. Como consecuencia, las emisiones totales ascienden a casi 12 toneladas de CO2 por habitante, significativamente superiores a las de Francia, Alemania, España, Japón o el Reino Unido.
El carbono del Caura
Los bosques localizados en la cuenca del río Caura contienen un promedio de 304 toneladas de biomasa superficial por hectáreas, con un contenido promedio de 150 toneladas métricas de carbono por hectárea. La vegetación de la cuenca del río Caura constituye así un gigantesco depósito de aproximadamente 700 millones de toneladas de carbono, equivalente a 2.570 millones de toneladas de CO2.
Cerca de la mitad de los bosques de la cuenca del río Caura forman parte efectiva de la Reserva Forestal del Caura. De acuerdo con la legislación vigente, y por decisiones legislativas tomadas hace mas de 40 años, el gobierno nacional podría otorgar concesiones en este territorio para el suministro de madera al mercado nacional.
La reserva forestal del Caura fue decretada en 1968, con una superficie inicial de 5 millones de hectáreas. Sin embargo, hasta la fecha no se han otorgado concesiones en este territorio. La Asociación de Industriales del Bosque (ASOINBOSQUES), organización que agrupa a los concesionarios de bosques, solicitó en el año 2000 la incorporación de 3 millones de hectáreas de la reserva forestal del Caura a la explotación comercial. Esta solicitud se refiere a la superficie total efectivamente disponible en la reserva forestal de Caura para la explotación comercial.
Las amenazas
La explotación de maderas en Venezuela se ha regido por el sistema de concesiones forestales por mas de 40 años. Sin embargo, no existe ejemplo alguno de manejo efectivamente sostenible en las concesiones forestales otorgadas hasta la fecha en el país. Por el contrario, la explotación maderera ha conducido a la pérdida de la mayor parte de la biomasa en todas las reservas forestales y lotes boscosos en donde se han otorgado concesiones forestales en los últimos 40 años.
En consecuencia es de esperar que, de otorgarse concesiones en la reserva forestal del Caura, se repita allí lo que ha ocurrido en todas las concesiones forestales explotadas en los últimos 40 años en el país. Implicaría la pérdida de al menos la mitad de la biomasa efectivamente explotada durante la primera rotación de 40 años.
Normalmente, cuando se otorgan concesiones, no toda la superficie es finalmente explotada. Se excluyen franjas aledañas a los ríos y otras fuentes de agua, se excluyen zonas con pendientes pronunciadas, territorios indígenas o sectores que sirvan de refugio a la fauna silvestre. En consecuencia, la superficie efectivamente explotada tiende a limitarse en promedio a un 70% de la superficie total de la concesión.
En este análisis asumimos conservadoramente que la superficie efectivamente explotable se reduzca a sólo 1,2 millones de hectáreas de los 3 millones disponibles en la reserva forestal del Caura.
Las oportunidades
Bajo tales condiciones, la explotación de maderas provocaría la emisión de aproximadamente 120 millones de toneladas de carbono durante el primer ciclo de corta de 40 años, equivalente a 440 millones de toneladas de CO2.
De modificarse la figura jurídica de la reserva forestal a parque nacional, se evitarían estas emisiones.
Según los acuerdos forjados en las negociaciones conducentes a un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, las emisiones evitadas por medidas tomadas para evitar la deforestación o la degradación de bosques generan créditos de carbono. De tal manera que la modificación de la figura jurídica del Caura de reserva forestal a parque nacional podría generar créditos por los 440 millones de toneladas de CO2 de emisiones evitadas.
Utilizando como referencia los precios actuales de los créditos CER, negociados a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio en el mercado de la Unión Europea, las emisiones evitadas (400 millones de toneladas métricas de CO2) tendrían un valor bruto actual de aproximadamente 8.000 millones de dólares (calculados a US$ 20/ton métrica de CO2).
Medidas Compensatorias
El cambio de figura jurídica, de reserva forestal a parque nacional, generaría la necesidad de tomar medidas compensatorias por las actividades económicas, industriales y fiscales suprimidas. La explotación efectiva de 1.2 millones de hectáreas en la reserva forestal del Caura implicaría la producción de aproximadamente 500.000 metros cúbicos de madera rolliza por año, con un valor de 120 millones de dólares anuales a precios actuales.
Se suprimiría igualmente toda la cadena de comercialización y transformación de esta materia prima en productos terminados, la generación de empleo, el pago de impuestos y demás beneficios colaterales.
En consecuencia, una medida compensatoria es el establecimiento de plantaciones forestales para la producción de madera industrial, similar tanto en cantidad como en calidad, a la que se dejaría de producir en la reserva forestal del Caura. Esto implica el establecimiento de aproximadamente 50.000 hectáreas de plantaciones forestales de especies de alto valor comercial, tales como Caoba, Cedro, Pardillo, Saqui Saqui, Teca, Apamate, entre otras, en los próximos 25 años, para la producción de aproximadamente 500.000 metros cúbicos anuales con un valor a precios actuales de 120 millones de dólares anuales. Para tal fin se necesitaría una inversión de 250 millones de dólares.
La conversión de la figura jurídica del Caura, de reserva forestal a parque nacional, generaría otros beneficios adicionales a los relacionados con emisiones de carbono. La cuenca del río Caura es un territorio selvático con ecosistemas ricos en especies endémicas y un alto grado de diversidad biológica. Allí también se encuentras comunidades de diversas etnias indígenas que ameritan protección de sus derechos, culturas y formas de vida.
Se le presenta así a Venezuela una oportunidad coyuntural, que demanda capacidad de negociación tanto técnica como diplomática, para convertir las amenazas que se ciernen sobre un territorio particularmente rico en biodiversidad y ecosistemas naturales, la cuenca del río Caura, en una oportunidad de significativa envergadura para contribuir a impulsar el desarrollo nacional.
Al mismo tiempo, se realizaría un significativo aporte a los esfuerzos internacionales por limitar las emisiones de gas carbónico (CO2) y el calentamiento global, de acuerdo con las negociaciones en progreso en el contexto del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos.
Conclusiones
El cambio de figura jurídica de la reserva forestal del Caura a parque nacional debería formar parte de una estrategia asociada a las negociaciones internacionales sobres cambios climáticos. El cambio de figura jurídica evitaría la emisión de al menos 400 millones de toneladas de CO2. Estas emisiones evitadas pueden negociarse para generar créditos de carbono a favor de la nación venezolana.
Utilizando como referencia los precios actuales de los créditos CER, negociados a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio en el mercado de la Unión Europea, las emisiones evitadas (400 millones de toneladas métricas de CO2) tendrían un valor bruto actual de aproximadamente 8.000 millones de dólares, calculados a US$ 20/ton metrica de CO2. Si los pagos se prorratean sobre 20 años, aplicando una tasa interna de retorno de 6%, el valor neto presente sería de US$ 4.600 millones, aún manteniendo constante el precio de los créditos CER en US$ 20/tm CO2.
El cambio de figura jurídica de reserva forestal a parque nacional, generaría la necesidad de tomar medidas compensatorias por las actividades económicas, industriales y fiscales suprimidas. Una de estas medidas compensatorias es el establecimiento de plantaciones forestales para la producción de madera industrial, similar tanto en cantidad como en calidad, a la que se dejaría de producir en la reserva forestal del Caura. Esto implica el establecimiento de 50.000 hectáreas de plantaciones forestales en los próximos 25 años, para la producción de 500.000 metros cúbicos anuales con un valor, a precios actuales, de 120 millones de dólares anuales. Para tal fin se necesitaría una inversión de 250 millones de dólares.
La inversión necesaria para el establecimiento de las plantaciones industriales compensatorias sería de sólo el 5% del valor neto presente de los créditos de carbono involucrados. En consecuencia, sería posible establecer al menos 10 proyectos similares, para la producción de 5 millones de metros cúbicos anuales de madera industrial.
La conversión de la figura jurídica del Caura de reserva forestal a parque nacional generaría otros beneficios adicionales. La cuenca del río Caura es un territorio selvático con un alto grado de diversidad biológica. Allí también se encuentras comunidades de diversas etnias indígenas que ameritan protección de sus derechos, culturas y formas de vida.