Históricamente las rivalidades por el agua ha sido fuente de enfrentamientos desde los tiempos de la revolución neolítica cuando el ser humano se hizo sedentario y comenzó a cultivar sus alimentos; el lenguaje recuerda estas raíces antiguas: el término "rivalidad" viene del latín rivalis "dicho de una persona que utiliza el mismo río de otra".

El conflicto por la disponibilidad de agua potable constituye uno de los grandes retos a resolver, ante la escasez, el deterioro en calidad, la disminución en la asignación de recursos, la fragmentación en la toma de decisiones, son claves para su solución en función de fortalecer la convinvencialidad en la comunidad.

La gestión del agua es por definición la gestión de conflictos, sean estos heredados de una gestión anterior, actual o futura: Debido a ello, se presenta como un desafío el encontrar sistemas que permitan a las mesas de agua u otra organización similar actuar como organismos de instancias de dialogo y coordinación frente a actores involucrados en un conflicto, investigarlo y proponer mecanismos de solución adecuados para su resolución.

En una cantidad importante de los conflictos por el agua, el epicentro de la controversia se presenta fundamentalmente en la relación entre la comunidad, la empresa y el estado.

Partiendo de la premisa de que el conflicto establece una clase de relación social entre los actores cuyos participantes persiguen objetivos incompatibles entre sí, que, en el caso del agua, esas pretensiones discordantes se vinculan con su aprovechamiento real o potencial.

El conflicto por el agua además de generar diversas consecuencias ante la falta del preciado líquido genera a su vez el fenómeno llamado estrés hídrico, pues la dificultad de abastecer de agua potable a una población es cada día más demandante y dicho fenómeno ha comenzado a alertar a gran parte del mundo incluyendo a la América Latina uno de los grandes reservorios más megadiversos del mundo.

El estrés hídrico se define como la proporción de agua que extraen todos los sectores en relación con los recursos hídricos disponibles; el promedio mundial de esta proporción es del 13%, y afecta a todos los continentes comprometiendo la sostenibilidad limitando el desarrollo económico y social.

Dentro de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecen indicadores como el 6.4.1 referido a los cambios en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo; por su parte el indicador 6.4.2 se refiere al nivel del estrés hídrico: extracción de agua disponible en proporción a los recursos de agua disponible.

Operacionalmente el indicador 6.4.2 (nivel de estrés hídrico) se ha definido como Extracción Total de Agua Dulce (TFWW) en todos los sectores principales dividido por la diferencia entre el total de recursos renovables de agua dulce (TRWR) y las necesidades del caudal ambiental (EFR); es decir expresado a través de la fórmula: Estrés Hídrico (%) = TFWW/TRWR-EFR. Un elevado estrés por déficit hídrico puede acarrear consecuencias negativas para el desarrollo económico y seguridad alimentaria al aumentar las competencias y los posibles conflictos entre los demandantes y usuarios del servicio de agua potable.

Para poder identificar el conflicto social presente en la comunidad se debe conocer los grupos sociales que participan en la generación del mismo, así como las razones que originan el conflicto social en determinada comunidad, para ello, es importante partir del proceso histórico urbanístico de la comunidad en cuanto a los aspectos vinculantes, sean de carácter político, económico, social, ambiental y cultural.

La problemática de la falta de servicio de agua potable viene siendo planteada por las comunidades a las instituciones gubernamentales con competencia en la materia, pero la tensión surgida entre los objetivos y competencias de los diferentes organismos ha impedido hasta la presente fecha resolver tal situación. Es así que a nivel gubernamental el conflicto se plasma en la falta de coordinación entre las diferentes autoridades relacionadas con el servicio del vital líquido; aunado a ello también existen diferencias de carácter ideológico a partir de discrepancias de orden político partidista entre miembros de la comunidad.

La falta del preciado líquido que es vital para la vida, aunque la Constitución Nacional no tiene establecido explicita y plenamente el derecho al agua como derecho humano, sin embargo, el art.82 y el art. 117 en conjunto con el principio de No DISCRIMINACION del art. 21, ha servido como fundamento para reconocer el derecho de toda persona al acceso al agua potable en forma equitativa y no discriminatoria.

De igual forma la ley Plan de la Patria, Incorpora plenamente el enfoque de los Derechos Humanos a la cotidianidad de la gestión del Estado y a la vida de nuestra sociedad, asumiendo la defensa del derecho de acceder a bienes y servicios de calidad. Se Ratifica el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela en materia de DDHH con énfasis en la construcción de una visión emancipadora.

De igual forma la ley del plan de patria Incorpora plenamente el enfoque de los Derechos Humanos a la cotidianidad de la gestión del Estado y a la vida de nuestra sociedad, asumiendo la defensa del derecho de acceder a bienes y servicios de calidad. También se ratifica el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela en materia de DDHH con énfasis en la construcción de una visión emancipadora.

Asumiendo el agua como tema central de la soberanía nacional el Estado venezolano, declara que como elemento de soberanía y por razones estratégicas, todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo; El agua como recurso hídrico es un elemento estratégico para el cual se debe consolidar su defensa y soberanía en la preservación y uso de los recursos naturales .Es Conjuntamente uno de los objetivos para fortalecer el nuevo paradigma de desarrollo fundamentado en la inclusión social, lo económico y ambiental con una visión transformadora fortalece los espacios para la soberanía desde la seguridad social.

Es de importancia también destacar que el agua viene siendo un elemento potenciador para la organización comunitaria reconociéndose las múltiples formas de participación: autogestión, cogestión y capacidad de generar organizaciones (Art.70; C.N).

En ese sentido se establecen, fortalecen y se consolida la sala de gestión comunitaria, Mesas Técnicas de Agua y otras formas de organización para la gestión ecosocialista del agua. Mas, sin embargo, queda mucho por hacer para apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejoría de la gestión del agua y el saneamiento.

La falta de calidad del agua que se consume también es parte del conflicto en las comunidades ya que se incumplen normas de carácter constitucional como el consagrado en el artículo 117: "Todos los ciudadanos tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y característica de los productos y servicios que consumen, estableciéndose las normas de control de calidad de los servicios".

Otro derecho afectado por la falta del agua es el derecho a la ciudad, que si bien la Constitución Nacional pese a que no menciona expresamente el derecho la ciudad lo reconoce a través de otros derechos que lo hacen posible fundamentado en los valores libertad, Igualdad, tolerancia: Derecho a la vivienda, al lugar, servicios públicos de calidad, a la identidad comunitaria, a la ciudanía, a la movilidad y accesibilidad, a la inclusión, a las TIC´S, al ambienta de calidad, y participación.

Estamos en deuda aun en desarrollar el principio socialista del derecho a la ciudad en el sistema de equipamiento y servicios urbanos propios de la protección social del pueblo, democracia espacial y política, infraestructura de soporte de la funcionabilidad eficiente y justa, tecnología y salud reproductiva socioambiental de la ciudad, como visión no proteccionista del "ambiente", sino de, más aún, generación de un ecosistema urbano saludable.

El problema de la falta temporal o permanente del agua según el caso, tiene varias causas y consecuencias como: Falta de previsión y planificación a futuro; escases de capacidades tanto técnicas como gerenciales, deterioro en los órganos de control operativo; profundización de la desigualdad social y espacial; y efectos como estrés hídrico, abandono escolar, privatización del servicio de agua, generación de enfermedades afectando el derecho a la salud, afectación al derecho a la calidad y disposición de los servicios públicos, afecta el derecho a la ciudad, desmejora las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo.

Otro detalle no menos significante que afecta la solución al problema de suministro permanente, de calidad de agua potable es la correlación de fuerzas presentes en las comunidades, la cual obedece y son el resultado de la tensión entre los objetivos y las competencias de los diferentes organismos y divisiones político-administrativas. A nivel gubernamental el conflicto se plasma en la falta de coordinación entre las autoridades del agua y las áreas encargadas de obras de infraestructura, ambiente, ordenamiento territorial, planificación, generación de energía.

La disponibilidad del agua o su carencia diferencial, la desigualdad en el acceso y disfrute del agua viene generando controversias y conflictos de diferentes tipologías dentro y fuera de la comunidad: conflictos entre usos; conflicto entre usuarios (sectores privilegiados y grupos vulnerables); conflictos con actores no usuarios; conflictos intergeneracionales y conflictos interjurisdiccionales.

Por ello, la gestión por la demanda del servicio de agua potable en forma continua y permanente presenta una serie de características, que en este caso de ser un abordaje política y jurídicamente inadecuado puede llegar a seguir promoviendo la conflictividad social en las comunidades.